Conectar a los no conectados está siendo preocupación de varios gobiernos. Y en Chile, donde en los últimos años hubo un avance enorme en términos de despliegue de redes de fibra óptica, el gobierno de Gabriel Boric evalúa de manera concreta avanzar con una empresa estatal de telecomunicaciones, tal como lo prometió en su campaña para llegar a la presidencia, con la intención de llegar a las zonas de difícil acceso y no rentables.
La discusión sobre la necesidad de activar este plan quedó de manifiesto este fin de semana, a partir de un artículo publicado por el Diario Financiero, en el que se da cuenta de este objetivo a partir del trabajo que está desarrollando el subsecretario de Telecomunicaciones, Carlos Araya. Y se da en un contexto donde sucedieron dos cosas de peso en este país: el anuncio del plan Brecha Cero para llegar con conectividad al 100 por ciento de la población en 2025, y la redacción del borrador de la nueva Constitución de Chile en la que se incluyen una serie de artículos relacionados con los nuevos modos de vida que suceden en la sociedad digital.
El pasado fin de semana, el medio chileno informó que se está gestando una empresa nacional de telecomunicaciones “cuya orgánica se está definiendo, que permitirá ofertar servicios en zonas donde existe escasa o nula oferta”, según afirmó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, citada por el diario chileno. Las experiencias de Arsat en la Argentina, y de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, en Colombia, son dos de los ejemplos que se están mirando con atención.
“En términos de provisión pública, crearemos una empresa estatal de redes de telecomunicaciones orientada a la ejecución de proyectos de infraestructura troncal pública y a la operación de fibra óptica”, prometía Boric en su campaña. Hoy parece estar claro que avanzar con un proyecto de este tipo sería para llegar allí donde los privados no lo hacen porque no es redituable a nivel de negocio o porque están muy alejadas a nivel geográfico, lo que impide también justificar inversiones que no logren rentabilizarse en el tiempo. En otras palabras, no competiría con los privados en las zonas donde ya se encuentran establecidos y dando servicios.
Esto sucede en un escenario en donde más del 67 por ciento de los hogares de Chile cuenta con acceso a Internet fijo, de los cuales más del 53 por ciento corresponde a conexiones mediante fibra óptica, lo que convierte a este país en uno de los que posee los niveles más altos de penetración y uso de la tecnología más eficiente para la conectividad.
El análisis sobre la empresa estatal de telecomunicaciones discurre en paralelo a los debates sobre la nueva Constitución de Chile, cuyo primer borrador se finalizó la semana pasada, y en el que se incluyen distintos derechos vinculados con la sociedad digital, como el de universalidad y acceso a conectividad digital, de infraestructura y espectro, de protección de datos personales, de ambientes digitales, y del conocimiento, tecnología e innovación.
Los de universalidad y de infraestructura son los que se emparentan con la idea de avanzar con una empresa estatal de telecomunicaciones que no es bien considerada por dos ex secretarios de Telecomunicaciones, como Jorge Atton y Pedro Huichalaf, quienes, consultados por el Diario Financiero hablaron de “retroceso” y de falta de relevancia en el actual contexto de Chile.
El borrador de la futura nueva Constitución chilena contempla, entre los derechos fundamentales, el “derecho al acceso universal a la conectividad digital”, tal como surge del borrador al que tuvo acceso TeleSemana.com y en el que se establece que “todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, con pleno respeto de los derechos y garantías que establecen esta Constitución y las leyes”.
En cuanto a la universalidad, establece que es el Estado el que tiene la obligación de superar las brechas de acceso y uso como también de la participación en el espacio digital, además de “promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones”.
En relación a la infraestructura de telecomunicaciones, establece que es de “interés público” más allá de un régimen patrimonial mientras que el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico dependerá de lo que imponga la ley.
Como se advierte, la idea de una empresa estatal de telecomunicaciones en Chile no solo es coherente con la promesa de campaña del presidente Boric sino que también está a tono con el borrador de la Constitución que se pondrá a consideración de la ciudadanía chilena el próximo 4 de septiembre a través de un plebiscito. Pero lo discusión presenta muchos matices.
En un artículo publicado por FLACSO Chile, Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara de Infraestructura Digital, expresó que “nuestro país tiene desafíos inmediatos en quintuplicar la infraestructura digital existente, fibra óptica y sistemas radiantes, para ello la certeza regulatoria es una condición para incentivar la inversión y fomentar el despliegue de redes y el desarrollo tecnológico, con ello la Convención Constituyente siguió las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y entiende este tipo de infraestructuras como un habilitante para ejercer y acceder a los derechos contemplados en el actual texto”.
La discusión está en marcha, aún cuando hay quienes se oponen a utilizar recursos estatales para la creación de una empresa que llegue a las zonas más aisladas. No hay dudas de que hay que llegar a los conectados. La respuesta difícil es cómo alcanzarlos.
