Luego de que se conociera el rescate de Altán Redes por parte del Gobierno de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó el ingreso de nuevos accionistas en la Red Compartida. Pero el ingreso estatal no significará que se aceleren las obligaciones de cobertura que la misma Altán había pedido prorrogar el año pasado y que anticipó la situación en que terminó la operadora. En otras palabras, por más ingreso estatal, el 92,2 por ciento de la población recién estará cubierta en 2028, tal como había solicitado la compañía el año pasado y refrendado el regulador meses después.
El IFT informó que esta operación no alterará el funcionamiento de la red compartida mayorista, además de garantizar la neutralidad competitiva. Luego que se conociera el rescate de la operadora por parte de la banca estatal, en la industria surgieron dudas acerca de si se mantendrían las garantías de competencia, aspecto que, ahora, el regulador quiere despejar de toda sospecha.
A través de un comunicado, el IFT informó que a través de dos resoluciones autorizó la concentración por el que Altán Redes será financiada por sus accionistas y por la Banca Mexicana de Desarrollo, además de abordar la cuestión de la competencia en relación a los cambios introducidos en el Contrato de Asociación Público-Privada (APP) sellado entre el PROMETEL, Telecomunicaciones de México (Telecomm) y Altán.
La operación de concentración autorizada por el regulador mexicano está compuesta en dos partes: por un lado, diversos accionistas de Altán convertirán deuda en acciones. El pasivo de la operadora se estima en unos 850 millones de dólares. Los accionistas y la Banca Mexicana de Desarrollo, es decir, Banobras, Nafin y Bancomext, le darán un crédito superior a los 211 millones de dólares: 50,5 millones provendrán de parte de los accionistas, mientras que la banca estatal aportará otros 161 millones de dólares.
“Este crédito se garantizará a través de un fideicomiso al cual se aportarán las acciones de Altán y en el que la Banca Mexicana de Desarrollo tendrá aproximadamente 61 por ciento de los derechos fideicomisarios y los accionistas el 39 por ciento restante”, informó el IFT a través de un comunicado.
Esto implicará, al mismo tiempo, que la Banca Mexicana de Desarrollo podrá nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altán y el porcentaje de derechos fideicomisarios de la Banca Mexicana de Desarrollo se irá disminuyendo y revirtiendo en favor de los accionistas de Altán a medida que el crédito se vaya pagando.
Para el IFT este cambio no se traducirá en que las partes involucradas tomen mayor poder, como tampoco que podrán establecer barreras de entrada o impedir a terceros el acceso a los productos y servicios y/o facilitar el ejercicio de conductas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Descartó, además, que ningún prestador tenga influencia en la operación de la Red Compartida.
En cuanto a las modificaciones al contrato APP el IFT también emitió opinión favorable en materia de competencia económica. Y enumeró las modificaciones aprobadas, tales como que este contrato tenga una extensión de 40 años sin posibilidad de prórroga, en lugar de los 20 años con posibilidad ser extendido.
También, que las fechas de cumplimiento de los hitos de cobertura del 70 por ciento, 85 por ciento y 92.2 por ciento de la población sean el 30 de noviembre de 2022, 24 de enero de 2027 y 24 de enero de 2028, respectivamente, lo cual es consistente con la modificación aprobada en los títulos de concesión de Altán el 23 de febrero de 2022. Es decir, acá se le dijo sí a todo lo que ya se le había dicho sí, y que refrendaba la difícil situación por la que atravesaba la compañía.
Se le habilitó, además, a Altán la posibilidad de que, para obtener y garantizar financiamiento, pueda brindar garantías o celebrar los actos o instrumentos y contratos que crea necesarios para cumplir con ese objetivo, inclusive si son distintos al Fideicomiso de Garantía.
El IFT admitió que lo resuelto no significa prácticamente ningún cambio, mucho menos para la posición de Altán, que ya había sido contemplada el año pasado. Sí determina que, como la Banca Mexicana de Desarrollo tendrá derecho a nombrar a los miembros del Consejo de Administración, advirtió que tales personas “no podrán ser miembros del consejo de administración (u órgano equivalente) ni personas que ocupen puestos de directivo, gerente, administrador o equivalente en algún Agente Económico que sea prestador de servicios de telecomunicaciones, y que se deberá verificar que se cumpla lo establecido en el contrato APP relativo a que los funcionarios clave de Altán cuenten con experiencia y conocimientos necesarios en la administración, dirección, operación, diseño, instalación, despliegue, mantenimiento y actualización de redes de telecomunicaciones de complejidad comparable con la Red Compartida”.
En otras palabras, la situación de Altán con nuevo accionista no se modificará en lo sustancial. En el corto plazo recibirá una inyección de capital que, se presume, será para salir de las deudas más acuciantes y continuar con los despliegues y tareas de mantenimiento necesarias a fin de llegar con los objetivos más ambiciosos recién en seis años. ¿Tanto deberán esperar los no conectados?
