“Me honra anunciarles hoy a ustedes, pueblo de Costa Rica, que ya está el acuerdo que recuperaremos las frecuencias del espectro que están siendo subutilizadas o no utilizadas del todo por el Grupo ICE para que las mismas puedan ser subastadas por la Sutel (N.de R.: Superintendencia de Telecomunicaciones)”, dijo Rodrigo Chavez, presidente de la República en el discurso dado a modo de balance de sus primeros 100 días de gobierno. Tras el discurso no hubieron mayores precisiones sobre el caso, pero sí pedidos de cautela.
Asimismo, dijo que la disponibilidad de dicha subasta se realizará “casi tan rápido como la Sutel lo pueda hacer que, desde mi punto de vista debería ser casi inmediatamente”, al tiempo que adelantó su intención de que fuera abierta para propiciar la participación de capitales nacionales e internacionales, “y que los los usuarios de la conexión 5G puedan moverse entre uno y otro operador sin problemas”.
El anuncio ofrecido por el primer mandatario refuerza el anticipo ofrecido hace algunas semanas por Stephan Brunner, vicepresidente de la República, y que ahora agrega que la explotación comercial de redes privadas 5G para uso industrial comenzará en 2023.
Sin embargo, no todos fueron aplausos y fue la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) quien hizo público un comunicado en el que dice que “avala apertura al diálogo en temas transversales y espera hoja de ruta integral con claridad sobre las bandas de espectro que se van a recuperar”.
“Infocom ha insistido en la importancia de contar con una hoja de ruta integral donde la recuperación de espectro es esencial para un mercado en competencia, pues garantiza seguridad jurídica y un clima habilitador para la inversión, pero además debe trabajarse en la agilización en el despliegue de infraestructura, entre otros”, dijo Mario Montero, presidente de la Cámara en la nota publicada, y valoró que “una implementación apresurada ha derivado en experiencias muy negativas en otros países y, en el caso de que todos los operadores no cuenten con espectro para implementar 5G al mismo tiempo, se podrían generar serias distorsiones competitivas y afectación a gran cantidad de usuarios finales”.
“Como país no debemos generar expectativas que riñan con la realidad de los tiempos”, dijo Montero y apeló a la cautela. Se trata de una Cámara que valora la iniciativa de gobierno. Inclusive, semanas atrás había celebrado la promulgación de la Ley 10.216 que incentiva y promueve la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en el país, mediante la que se eliminan las barreras a los operadores que desplieguen redes de conectividad y que hace explícito en otro comunicado.
Cabe recordar que aún se encuentra abierta la consulta pública, publicada hace una semana, y en la que comparte los avances en el diseño de su Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2022-2027.
