El sector de las telecomunicaciones en la Argentina está prácticamente paralizado: desde hace dos meses las proveedoras de telecomunicaciones grandes, medianas y pequeñas, como también el grueso de las cooperativas que brindan estos servicios, no pueden importar equipamiento para actualizar redes o desplegar nuevas, pagar las licencias correspondientes para brindar los servicios y las obligaciones que deben afrontar por efecto de ellos. La situación es de tal gravedad que tres asociaciones de cooperativas solicitaron una mesa de diálogo para poder contar con los insumos básicos que necesitan para dar conectividad, tan necesaria como la luz, el agua, las cloacas o el gas. Fueron la expresión concreta de una preocupación extendida y que se escucha cada vez con más fuerza.
Más allá de la euforia mundialista que se vive en estos días en todos los rincones del territorio argentino, los problemas por la falta de divisas y la burocracia a la que las empresas de telecomunicaciones deben someterse para poder importar y/o pagar licencias y obligaciones que devienen para construir infraestructura y/o para brindar el servicio son crecientes. Una situación similar atraviesan las empresas de software y servicios informáticos, protagonistas de la economía del conocimiento que, por más que llene cada vez más la boca de la dirigencia política, no se puede practicar ni impulsar si no se accede a conectividad, a conectividad de calidad.
“Los stocks se están consumiendo, ya no alcanza con el reciclaje. Entendemos que hay problemas con la falta de divisas pero es nuestra obligación mantener la operación de las redes actuales porque de ello va la conectividad que, en este escenario, ya ni siquiera se plantea ampliar”, dijo a TeleSemana.com con mucha preocupación una fuente de una de las operadoras de telecomunicaciones más grandes de la industria.
Esta preocupación viene desde principios de noviembre, luego de que el 17 de octubre se pusiera en marcha un nuevo sistema de solicitudes de autorización de permisos de importación destinado a tener un mejor control sobre el uso de las divisas. De hecho, el 23 de noviembre pasado, representantes del sector de las telecomunicaciones y de la industria informática se reunieron con el Secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, para exponerle la situación y, a casi un mes de ese encuentro, la situación sigue sin modificaciones importantes.
Por eso, este último jueves, las cooperativas de telecomunicaciones agrupadas en CATEL, Colsecor y Fecoba, enviaron una carta el Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y al mismo Sujarchuk, para solicitarles una mesa de diálogo orientada a destrabar la situación: básicamente, a que se agilicen los permisos tanto para importar como para girar divisas al exterior por pagos de licencias y otras prestaciones. Se trata de un proceso que, de a uno por vez, deben aprobar la Aduana -que emite la orden-, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) – que dice cuándo y cómo se pagará- y el Ministerio de Economía, en ese orden.
En la carta enviada por estas entidades se manifestó que se entiende la necesidad de revisar los casos de pedidos de importación uno por uno, para evitar que las divisas se destinen a cuestiones que no revisten urgencia, pero también se subrayó que “nuestros trabajos de extensión y mantenimiento de redes están prácticamente paralizados, por cuanto nos vemos en la necesidad de pedir por la preservación de la cadena de valor de servicios TIC. En este tiempo de restricciones, simplemente pedimos consideración para el caso del equipamiento, los insumos y servicios esenciales para las actividades de comunicaciones que sin duda son sinérgicas y dinamizan la economía nacional y las economías regionales”.
Justamente, el camino elegido por el Gobierno argentino para controlar los dólares consiste en un sistema hiperadministrado, alejado de la dinámica que tiene una industria como la de las telecomunicaciones.
¿En dónde está la traba principal?, preguntó TeleSemana.com a las distintas fuentes consultadas, y hubo coincidencia en que “nadie autoriza nada. Hay diálogo, hemos manifestado los inconvenientes, pero no se resuelve nada”.
La situación es de tal gravedad que, hasta hace unos días, ni siquiera se estaba pagando a Lacnic, el administrador de las direcciones de Internet de América latina, por ese concepto. Y se trata de pagos que, en el mayor de los casos, no superan los 10.000 dólares. Este es uno de los puntos que más inquieta al sector: los pedidos de autorización no equivalen a cifras millonarias en dólares, sino a montos que deberían poder pagarse sin mayores inconvenientes.
“Nunca pasó una cosa así en la historia de esta industria”, dijo otra de las fuentes consultadas. “Hay riesgos que deben atenderse, hay obsolescencia, hay cosas que se rompen, puede producirse un incendio y tener que cambiar equipamiento, hay que pagar el servicio de roaming, ahora que hay gente en Qatar”, describió no sin cierta ironía, como para dar cuenta de la gravedad del tema y de que la falta de agilidad en los trámites actuales puede llegar a provocar problemas en la prestación de los servicios.
De hecho, hubo un momento en que no se conseguían chips para los celulares, y no porque no haya abastecimiento a nivel global sino porque, al no pagar, los proveedores no colocan a la Argentina en prioridad de envío.
“Estamos teniendo un montón de reclamos de cooperativas que se están quedando sin insumos para reparar, para invertir en nuevos usuarios porque los proveedores están suspendiendo las entregas ya acordadas, lo cual genera una crisis y una situación de mucha tensión”, señaló una tercera fuente.
Las empresas pequeñas, al igual que las cooperativas, son las que están enfrentando problemas más graves porque también fueron impactadas fuertemente por los efectos del decreto 690, que estableció la intervención de precios. “La inflación fue muy por arriba de las autorizaciones de aumento lo cual nos ha afectado muchísimo con las cajas y los balances de las cooperativas”, señaló una de las fuentes. A lo que una gran operadora del sector su otro “estamos muy preocupados” especialmente porque no se advierten visos de mejora.
La urgencia para que se resuelva la situación pasa por lo engorroso que se volvió todo el proceso que comienza cuando se pide un producto. El visto bueno de esa solicitud demora entre 30 y 60 días. Luego, hay que conseguir la logística -básicamente, transporte en barco- que tiene una demora de unos 30 días. Para poder solicitarlo hay que tener la SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), y en ese momento hay que pagar para liberar la mercadería. Pero si el pago se autoriza a los 180 días termina haciéndose efectivo a los 220 días. Con estos tiempos, el pedido que se hace desde la Argentina va a la cola, no tiene prioridad y esto, a su vez, genera sobrecostos”, lamentó la fuente consultada. Sobrecostos que terminan impactando en el precio final a los usuarios.
Este punto también se expresó en la carta de las cámaras cooperativas que manifestaron que “al no disponer de la economía de escala de ciertos prestadores de orden nacional o global, hacemos un alto esfuerzo de reinversión a la hora de mantener las condiciones del servicio, y tenemos serios problemas para sostener precios razonables por debajo de la actualización de costos”.
“Mientras esto más dure, más se extienda en el tiempo, la situación va a empeorar”, agregó otra voz informada. Todo esto en la antesala, vale recordar, de una prometida licitación 5G.
La validación de operación por operación permite que se liberen los permisos de aquellas empresas que tienen una situación “a punto de explotar” para evitar que suceda. Pero lo cierto es que la preocupación es mayúscula y extendida. Así como el DNU 690 unió, allá por agosto de 2020, a todos los actores de la industria en contra de esa determinación, lo que se observa ahora no sólo es idéntico sino que suma a más actores, como los integrantes del sector del software y la economía del conocimiento en general, justamente, el que le genera ingresos a la Argentina por más de 6.000 millones de dólares al año en concepto de exportaciones.
Sin conectividad de calidad no hay país que pueda producir conocimiento y exportar, no es posible funcionar. Todas las actividades socioeconómicas están atravesadas por las redes y las telecomunicaciones. Y que desde los distintos segmentos del sector estén alzando voces por la gravedad de la situación es un llamado de atención que no se puede postergar más, por más Mundial de Fútbol que tenga tan entusiasmada a la sociedad.
