El ring sigue tenso en materia regulatoria argentina luego que Video Color Campo Grande, empresa proveedora de internet y de servicio de televisión por cable de Misiones, provincia del litoral argentino, lograra una medida cautelar por el plazo de seis meses que la inhibe de la responsabilidad de acatar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 y sus tres regulaciones posteriores; y consiguiera enlistarse tercera detrás de las ya alcanzadas por Telecom de Argentina y por TV Cable Color.
Hasta el momento, el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) no hizo pública su posición a este nuevo embate pero todo indica que habrá batalla al trascender que prepara una serie de anuncios, que realizará entre el jueves y el viernes, y que estarían relacionados con el adelanto que Gustavo López, vicepresidente del ente, hizo a TeleSemana.com la semana pasada acerca del recurso extraordinario que expondrían ante la Corte Suprema de Justicia.
La petición de la empresa misionera argumentó que el DNU y sus resoluciones accesorias son “violatorias de preceptos constitucionales” y señaló su afección en el ejercicio de su derecho a la propiedad, de la industria lícita, de la libre competencia, de la seguridad jurídica y del principio de razonabilidad de las leyes, cuya respuesta positiva corrió por cuenta del juzgado Federal de Eldorado (Misiones) y por el juez federal Miguel Ángel Guerrero.
La nota judicial tiene fecha del 6 de mayo y está caratulada como “Video Color Campo Grande SLR y otros c/Estado argentino – Poder Ejecutivo Nacional s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” – disponible aquí-.
Se trata de un nuevo golpe legal que declara la inconstitucionalidad del decreto por el que el Estado argentino declaró a las TIC servicios públicos esenciales y las tres resoluciones reglamentarias posteriores y emitidas por el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom): la 1466/2020 sobre la regulación de los precios, la 1467/2020 sobre la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) y la 204/2021 sobre las tarifas.
Esta normativa ya posee otras dos medidas que frenan su capacidad de acción, como es la conseguida hace apenas una semana por Telecom de Argentina y su antecesora, de hace tres meses, alcanzada por la empresa TV Cable Color, de la localidad de Villa del Rosario, de la provincia de Córdoba.
Más allá de la analogía de los pugilistas pasando del golpe por golpe al banquito o las cuerdas, la situación es sensible para muchos sectores por la disparidad que implica en materia de precios y obligaciones ciudadanas para el resto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, pero también por la falta de autoridad por parte del Estado a implementar sus políticas públicas. E, inclusive, por la incertidumbre que significa para millones de usuarios que requieren de servicios de conectividad a bajo costo para dar continuidad a sus vidas (su educación, su trabajo, o la atención de su salud, entre otras acciones que propicia la virtualidad) en una coyuntura de pandemia.
