La Argentina ratificó, hace unos días, que en el primer trimestre del año próximo convocará a la licitación 5G, llamado que se centrará en tres bloques de 100 Mhz en la banda de 3.5 GHz, la más atractiva para las operadoras de telecomunicaciones. Promover este proceso pondrá a la Argentina entre el grupo de países que seguirá los pasos de Uruguay, Chile, Brasil y República Dominicana, pero ¿están dadas las condiciones para que este proceso avance? Es la gran duda que circula entre los principales actores de la industria.
Las frecuencias de 3.5 GHz están en poder de los distintos operadores de telecomunicaciones, producto de una generosa entrega que se efectuó allá por los ´90, en plena apertura del mercado de las telecomunicaciones. Telefónica, Telecom, Claro, DirecTV y Datco son las dueñas de ese recurso, asignado a servicios fijos inalámbricos por lo que, para encarar un proceso prolijo, habrá que realizar un refarming y atribuir ese espectro a servicios móviles. La historia argentina en materia de refarming suele mostrar que, a la hora de encarar estas tareas, se suele demorar mucho más que un trimestre. Y ya existe el antecedente de la licitación 4G, de 2014, donde se ofrecieron las bandas de 700 MHz que no estaban limpias, se adjudicaron, se pagaron… y se entregaron varios años después.
La expectativa es que, producto de esta convocatoria, el Estado recaude 1.400 millones de dólares en concepto de espectro. Se trata de una cifra que se viene repitiendo desde hace varios meses pero sobre la que no queda muy claro en qué se fundamenta. Brasil, que se ha convertido en el ejemplo a seguir, ingresó a sus arcas 850 millones de dólares, como parte de los más de 8.500 millones de dólares comprometidos en inversiones 5G por parte de las compañías que participaron del proceso. Chile recaudó 453 millones de dólares, la cifra más alta obtenida en una convocatoria de estas características, y República Dominicana obtuvo 73 millones de dólares. En todos los casos se establecieron obligaciones de cobertura que se privilegiaron sobre el valor del espectro.
Argentina pretende una cifra más alta que la obtenida por Brasil, con un mercado que es la cuarta parte de aquel. Parte de este monto parece fundamentarse en la recaudación alcanzada en 2014, cuando se efectuó la licitación 4G en un contexto en donde las operadoras estaban dispuestas a pagar lo que fuese por hacerse de espectro pues las redes de 3G estaban totalmente colapsadas. Aquella convocatoria terminó dejándole entre 1.500 y 1.600 millones de dólares a este país en concepto de espectro. ¿ Por qué razón la convocatoria 5G dejaría un monto similar cuando las compañías tienen frecuencias para continuar haciendo despliegues y cuando, por sobre todas las cosas, no hay todavía un caso de negocios concreto que justifique encarar las inversiones que demanda esta tecnología? Podría advertirse que, como esa futura licitación también incluirá bandas de 4G, hay un valor adicional a tener en cuenta pero, otra vez, parece haber una previsión demasiado optimista, si es que se la puede llamar así.
Ni Claro, ni Telecom ni Telefónica parecen apuradas en ir hacia 5G, mucho menos cuando persisten las regulaciones impuestas en la emergencia del covid-19 vinculadas con la consideración de las telecomunicaciones como servicio público y la intervención de precios. Si bien la judicialización de estas decisiones hoy le están dando a las operadoras más libertad de acción para sus precios, el DNU 690 – de eso se trata- sigue vigente, y las conversaciones que se han estado desarrollando para encontrar una salida no parecen aún encontrar un punto en común.
En este escenario no puede dejarse de lado, además, el valor del espectro que las operadoras de telecomunicaciones pagaron a mitad de año, cuando el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) puso a demanda la banda de 2.6 GHz. Entre las tres abonaron más de 27,7 millones de dólares, como parte del proceso iniciado a través de la resolución 798/2022, orientado a mejorar la cobertura en las zonas con menor disponibilidad de servicios móviles.
Otro aspecto a tener en cuenta pasa por la situación macroeconómica. La Argentina está finalizando el año 2022 con una previsión de inflación anual que roza el 100 por ciento. Es una variable que impacta de lleno en el bolsillo de los clientes de telefonía móvil. Los balances de las tres principales operadoras correspondientes al tercer trimestre del año dieron cuenta de ello. El ARPU móvil de Claro ronda los 4,16 dólares, el de Personal experimentó un retroceso de casi 10 por ciento, hasta los 5,79 dólares, y el de Movistar se mueve entre esas cifras: el ARPU móvil de Telefónica Hispam (donde consolida la filial argentina) fue de unos 3,7 dólares a septiembre de 2022 contra 5,56 dólares del año pasado, según recuerda en diálogo con TeleSemana.com el analista Enrique Carrier, quien apuntó que “en los últimos años anda alrededor de los cinco dólares, pero cambia por la variación del tipo de cambio, que no correlaciona perfectamente con la inflación”. En síntesis, el ARPU de las tres operadoras de telecomunicaciones no está pasando por su mejor momento. Y eso se explica por la coyuntura de un país impactado por la convergencia de la inflación, la devaluación y el alicaído poder adquisitivo de los consumidores.
¿Puede encararse una licitación 5G cuando los bolsillos de los argentinos están apretados? Porque, más allá de que la promesa de la quinta generación pase por el impacto en el sistema productivo –promesa sin suficientes casos de negocios– a medida que se despliegan las redes y se activan los servicios es necesario facturar y, para lograr ese objetivo, se apunta al mercado masivo. Es lo que está sucediendo en Brasil, Chile y República Dominicana donde, además, para generar volumen se ofrece a los clientes migrar a la nueva tecnología por el mismo precio. ¿El ARPU argentino podrá soportar las enormes inversiones que exigirá 5G además del costo del espectro?
Esto en un contexto en el que, además, según la GSMA su impacto es cada vez más alto, tal como lo expresó en un informe que se conoció esta semana. “El costo del espectro como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores pasó de un dos por ciento en 2015 a un 10 por ciento en 2021, el doble de la mediana regional (5 por ciento)”, afirmó la asociación en la presentación de su trabajo, y en el que expresa la voz de las principales operadoras de telecomunicaciones.
Y aquí aparece una pregunta más. ¿Puede ser exitosa una convocatoria a licitación 5G cuando en la región ya se registran antecedentes de licitaciones desiertas en procesos 4G y devoluciones de espectro, justamente, porque resulta excesivamente oneroso el costo del espectro?
La duda surge. Bastan dos ejemplos.
Hace un año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT), disponibilizó 41 bloques de frecuencias para PCS, 800 Mhz, AWS y 2.5 GHz, y se presentaron solo tres propuestas que quedaron en poder de Telcel y AT&T. En este país, Movistar opera sobre la red de AT&T, y este año terminó de devolver las frecuencias que tenía, situación que se reiteró hace unas semanas en Colombia donde la operadora renunció a espectro temporal en la banda de 2.5 GHz. Dos casos para tener en cuenta si se quiere avanzar en una licitación de espectro 5G exitosa. Ya nadie muere por una porción de espectro, menos en tiempos en donde todo se comparte cada vez más.
En definitiva, la Argentina ratificó que camina hacia la licitación 5G y esto se produce en un contexto preelectoral. El año próximo habrán comicios presidenciales y las distintas fuerzas políticas, incluidas las que forman parte del Gobierno actual, ya están en campaña. Las operadoras de telecomunicaciones deslizan sus dudas respecto a cómo se dará el proceso hacia 5G.
En el fondo continúa haciendo su runrún la necesidad de dólares del Gobierno argentino. Desde hace días circula la versión de que los 1.400 millones de dólares que se esperan recaudar están incluidos en la Ley de Presupuesto que este miércoles se buscará aprobar en el Congreso, aunque fuentes oficiales negaron a TeleSemana.com que esto sea así.
Lo cierto es que la cifra parece excesivamente ambiciosa y que, de no encauzarse un proceso de ordenamiento técnico y regulatorio donde prime el interés común, el resultado tal vez esté lejos de las expectativas trazadas por las autoridades nacionales.
