Costa Rica ha tenido un año 2022 de altísima intensidad en materia de tecnología y telecomunicaciones. A mediados de abril, el país sufrió un durísimo ataque informático que demandó varias semanas contrarrestar. En el medio de este proceso hubo cambio de Gobierno y, a medida que fue avanzando el año, comenzaron a cumplirse promesas de campaña en materia de telecomunicaciones, como la devolución del ICE de espectro para ponerlo a disposición del mercado, y avanzar hacia la 5G. El camino hacia la quinta generación puso en conflicto al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Sutel).
En el último tramo del año, en medio de la oficialización del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2027, las rispideces que venían dándose entre ambos organismos recrudecieron. Y el ministerio le recordó a la SUTEL que es la encargada de “realizar los estudios de factibilidad y necesidad para proceder con el concurso público de licitación para las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico”. En otras palabras, la está haciendo responsable por la tardanza para avanzar hacia la licitación de 5G. Para comprender lo que está sucediendo hay que remontarse a lo ocurrido en las últimas semanas.
El reclamo del Ministerio hacia el regulador vino a colación de lo que había sucedido unos días antes, durante la presentación del Plan Nacional de Telecomunicaciones, cuando el presidente Rodrigo Chaves cuestionó a la Sutel por hacer “un trabajo redundante; es decir, el mismo que ya hizo Micitt y se gasta millones de dólares en eso”, según declaraciones publicadas por La Nación.
“A Sutel siempre le hablo con mucho respeto, pero le hablo claro y directo. No he visto otro país en el mundo en el que el regulador es ejecutor, o que quien paga tributos son los únicos que puedan participar en las licitaciones de cómo se gastan esos tributos”, agregó el presidente que considera que Costa Rica está atrasada en materia de tecnología y acusa al regulador de esa situación.
“O sobra Micitt, está bien, cerremos Micitt, o sobra el trabajo redundante de Sutel. Si hay que cerrar el Micitt, la parte de telecomunicaciones, no sé, pero algo hay que hacer”, añadió el jefe de Estado que, para no dejar dudas sobre el conflicto existente, consideró que se debe modificar la Ley General de Telecomunicaciones y subrayó: “Lo que tengo certeza es que si no lo hacemos vamos a ser un país que va a seguir atrasando, haciendo el trabajo doble. Micitt hace esto y Sutel dice, ah no, tengo que contratar las consultorías, creo que gastan tres, cuatro, cinco millones al año para volver a hacer el trabajo”.
La Sutel respondió y subrayó que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) se maneja “bajo criterios estrictamente técnicos apegados a los principios de transparencia y uso eficiente de los recursos y a las buenas prácticas de la OCDE”, tal como lo reflejó Semanario Universidad. El regulador recordó que en Costa Rica hay un ambiente de competencia, con más de 165 operadores y proveedores de Internet, que ha realizado 33 concursos públicos para beneficiar a más de 2.100 centros educativos y más de 208.000 hogares de bajos recursos.
Que Chaves haya mencionado el cambio de la Ley General de Telecomunicaciones no es inocente pues fue a través de ella que se creó la Sutel, allá por 2008, luego de la ruptura del monopolio estatal que ostentaba el ICE y que se produjo como parte del contenido del Tratado de Libre Comercio (TCL) celebrado con Estados Unidos y aprobado mediante un referéndum en 2007. Según pudo saber TeleSemana.com, el nuevo proyecto que se baraja a nivel del Poder Ejecutivo apunta a modificar el manejo de los fondos de servicio universal.
La Sutel aseveró, luego de esa crítica, que aboga por una discusión técnica e informada sobre las funciones y resultados del Fonatel, “las cuales han estado siempre apegadas a la legalidad, transparencia, eficiencia y valores éticos. Esta discusión debe incluir la labor del Ministerio de Ciencia Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que como responsable de la Rectoría está obligado a definir las políticas públicas de forma oportuna, con fundamentos técnicos y que respondan a las necesidades de las personas, además de coordinar con instituciones involucradas en el proceso de la ejecución de las metas y el cumplimiento de las obligaciones de los operadores con Fonatel, principalmente, las del Operador Estatal”.
Y esto motivó la respuesta del Micitt que sostuvo que “el Acuerdo Mutuo suscrito entre el Poder Ejecutivo y la empresa concesionaria RACSA para la devolución de los segmentos de frecuencia de 3425 MHz a 3500 MHz y de 3600 MHz a 3625 MHz fue firmado el 7 de setiembre de 2022 e inmediatamente comunicado, ese mismo día, a la SUTEL para la emisión del dictamen técnico respectivo”. Y añadió que la SUTEL recién se pronunció dos meses después y contestó al MICITT a fines de octubre.
Agregó que el 24 de noviembre el Poder Ejecutivo emitió el Acuerdo Ejecutivo 208-2022-TEL-MICITT, como parte de las diligencias jurídicas para la devolución de las frecuencias señaladas, y que las partes fueron notificadas a mediados de diciembre, “con el fin de poder contar de esta forma con la disponibilidad registral de las frecuencias como requerimiento formal necesario para iniciar el concurso”. En este punto, recriminó al regulador que realice los estudios de factibilidad para avanzar con la licitación y promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones “y generar beneficios en apoyo a sectores como la salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico”, agregó mediante un comunicado.
Y aquí volvió a cuestionar fuertemente al regulador por la posición tomada en relación a la frecuencia de 2,6 GHz. “Debe de indicarse, que la insistencia de Sutel de condicionar el otorgamiento de la frecuencia 2,6 GHz para proceder con el concurso público, se encuentra actualmente formando parte de los procedimientos administrativos sancionatorios instaurados por el Poder Ejecutivo que corresponden de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense”, y recordó que como ente del Poder Ejecutivo debe tener una “conducta imparcial y objetiva como parte del debido proceso y derecho de defensa de los operadores investigados, aclarando en este punto en específico, que dichos procedimientos en atención al principio de la seguridad jurídica no afectan para nada el inicio del proceso de concurso en las condiciones actuales”, concluyó.
Lo concreto es que la Sutel emitió informes concretos sobre cómo avanzar hacia una licitación de 5G en la que sostuvo que deben liberarse las frecuencias de 3,5 GHz y de 2,6 GHz para que ese proceso sea completo. Pero las únicas bandas liberadas fueron las de 3,5 GHz, producto del acuerdo celebrado entre el ICE y el Poder Ejecutivo. La de 2,6 GHz continúa bajo un procedimiento administrativo iniciado por el Gobierno anterior, es decir, aún no están libres para ponerse a disposición tal como lo recomendó el regulador.
Si el Micitt diera la instrucción directa a la Sutel para iniciar el proceso de licitación, pues al regulador no le quedaría más alternativa que proceder pero, lo cierto, es que el ministerio no ha impartido esa orden, señalaron fuentes consultadas por TeleSemana.com. En otras palabras, para el Micitt alcanza con avanzar en una subasta de 5G solo con las frecuencias de 3.5 GHz disponibles, mientras que para la Sutel es necesario contar con las de 2,6 GHz también. Ambas están sin uso.
Si bien la relación histórica entre el Micitt y la Sutel ha sido más ríspida que armoniosa, ahora el punto de conflicto más profundo parece radicar más en la intención del Poder Ejecutivo de contar con una nueva normativa que le quite al regulador el manejo de los fondos de servicio universal, que lo que supuestamente no está haciendo la Sutel en relación a la futura licitación de 5G.
El 2023 se vislumbra movidito en Costa Rica.
