Restricciones para las importaciones, bandas que se licitarán y que se encuentran “sucias”, y carencia de un plan de desarrollo integral del sector son factores que no favorecen el camino para avanzar hacia 5G en la Argentina. Es parte de lo que expresó la recientemente conformada asociación Infraestructura Digital Argentina (IDA) que señaló que el camino elegido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) carece de “una visión integral” lo que comprometerá el despliegue de una infraestructura digital de futuro para la Argentina con la consiguiente limitación de la capacidad de desarrollo económico y social del país.
La entidad, que se presentó oficialmente en el último tramo de 2022, y está conformada por un grupo de operadoras de distinto tamaño que actúan en diversos territorios de la Argentina, sostuvo que “el momento elegido por las autoridades no parece ser el más oportuno para iniciar el camino de adaptación normativa que permita la prestación de mejores servicios impulsados por el desarrollo de las innovaciones tecnológicas hoy encabezadas por las de 5G”.
Advirtió que el inicio del proceso no parece responder a razones técnicas e insistió en la necesidad de “establecer un modelo de desarrollo de la infraestructura digital, camino recomendable para que esta tecnología pueda traer desarrollo económico y social al país”.
Y puntualizó, una por una, los inconvenientes que presenta no solo la Argentina sino lo que el mismo Enacom admite en la determinación abordada en la última reunión de directorio y que se tradujo en la resolución 2392/2022 en la que se anunció, finalmente, el inicio del proceso.
En ese sentido, IDA consideró que, en primer lugar, que “la inestabilidad macroeconómica, con volatilidad cambiaria y alta inflación” dificultan el escenario económico de corto y mediano plazo para la realización de inversiones. Se trata de aspectos que, en off, el sector viene señalando desde hace varios meses.
Luego, refirió a las restricciones a las importaciones que dificultan el acceso a los insumos del sector, problema que se potenciará por la necesidad de importar nuevas tecnologías, aspecto que hasta finales de año seguía presentando inconvenientes para diversos prestadores.
También señaló “la incertidumbre frente a la litigiosidad e inequidad generada por el DNU 690/20” cuyos alcances vinculados con la intervención de precios hoy están acotados producto de las medidas cautelares en marcha pero que continúan siendo el marco sobre el se mueve el sector. De hecho, también en los últimos días de diciembre, el Enacom autorizó, a través de la resolución 2393/2022 un aumento escalonado para 2023 con topes de hasta 17,6 por ciento para un año que, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) será de 96 por ciento. Autorización que, según se conoció este 3 de enero, modificó un día después de la resolución anterior y que ubicó en 15 por ciento entre enero y abril de este año -4 por ciento en enero, 4 por ciento en febrero, 3,5 por ciento en marzo y mismo incremento en abril-, tal como surge de la resolución 2494/2022, con topes máximos para cada servicio, también detallados en la resolución mencionada.
En cuarto lugar, IDA alertó sobre la falta de claridad respecto del rol que pueden y deben jugar las PYMES del sector ante el advenimiento de la tecnología de 5G, razón por la que insistió en la necesidad de “incentivar y promover de manera eficiente la compartición de infraestructura”.
Sobre el espectro que el mercado tendrá disponible para realizar sus ofertas, IDA fue contundente al afirmar que “en los reglamentos ahora aprobados se reconoce la existencia de licenciatarios en uso de las bandas que deben ser migrados (“banda sucia”), generando incertidumbre. Estas mismas circunstancias suscitaron conflictos y demoras en los despliegues como lo demuestra la experiencia en las licitaciones de espectro realizadas anteriormente”. Aunque no lo dice de manera explícita, se refiere a lo acontecido en la licitación 4G de 2014 cuando se ofertaron bandas de 700 MHz que estaban en poder de otros prestadores para brindar otros servicios, situación que llevó a otra judicialización que generó diversas fricciones entre los distintos actores del mercado.
Por estas razones, en los dos últimos puntos que IDA expresó como obstáculos para avanzar en un proceso 5G, apuntó sobre “la carencia de un plan integral para el desarrollo del sector y la falta de incentivos para el despliegue de infraestructura digital moderna en la Argentina (que) impide la generación de todos los beneficios sociales y económicos para el país que la innovación y la tecnología crean”; y consideró que “los fondos recaudados en un eventual proceso licitatorio de espectro deberían verse reflejados en la mejora de infraestructura a lo largo y a lo ancho del país con criterio federal”.
IDA finalizó su comunicado afirmando que en la medida en que se dote a la sociedad de una mejor infraestructura digital se logra combatir la brecha digital y desarrollar a los sectores productivos de la economía nacional.
