En septiembre de 2015, la Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y cómo alcanzar cada uno de los 17 Objetivos (ODS), donde lograr la conectividad universal se plantea como un horizonte deseado.
En la actualidad, existen más de 5.000 millones de usuarios activos de Internet, estos números representan el 63,5 por ciento de toda la población mundial; en el último año tuvo un crecimiento de 171 millones, sobrepasando en un 70 por ciento lo pronosticado para 2022. Adicionalmente, el 92,1 por ciento de los usuarios de Internet utilizan teléfonos móviles para navegar por la red.
Utilizamos Internet, directa o indirectamente para casi cualquier actividad que desarrollemos, algo que se profundiza cada vez más con el uso de plataformas o herramientas digitales. Las cifras ya mencionadas develan cómo se ha consolidado la digitalización y virtualización de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esta nueva realidad no se encuentra al alcance de todos los individuos y esto se evidenció notablemente con la aparición de la pandemia que nos obligó a ser más dependientes del mundo digital, ensanchando la brecha digital ya existente.
Al hablar de brecha digital, no debemos vincularla solo a las condiciones socioeconómicas, sino que existen además grandes diferencias en función de la ubicación geográfica y densidad poblacional. Es decir, en un mercado que se mueve conforme a las decisiones de los proveedores privados y sujeto a las políticas públicas de turno, la localización de las personas determina sus posibilidades de acceso a servicios TICs de calidad, provocando desigualdad de oportunidades, dificultades educativas, laborales, imposibilidad de establecimientos productivos, desarraigo, concentración en grandes urbes, entre otras dificultades.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el periodo 2014-2023, la región registrará el menor crecimiento económico de los últimos 70 años y por lo tanto debe trabajar en la reducción de la desigualdad y la creación de riqueza. Bajo este contexto el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, explicó que para ello hacen falta políticas de desarrollo productivo y políticas de transformación digital, haciendo hincapié en los efectos positivos de las tecnologías digitales sin dejar de lado los desafíos en materia de desigualdad, privacidad, seguridad, competencia y protección de datos.
En consecuencia, y en el marco de la VIII Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que forma parte de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC 2024), el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina presentó cada una de las acciones que ha encarado para impulsar la transformación digital en la región. Durante la misma jornada, la Fundación Telefónica, Telefónica Hispam y la CEPAL celebraron un acuerdo que constituye una alianza orientada a ejecutar acciones concretas de impacto social en Latinoamérica, focalizándose en el cierre de brechas y desigualdades existentes a través de la digitalización, mediante el aprovechamiento conjunto de las capacidades de articulación y ejecución de ambas instituciones.
En Argentina, el informe presentado en 2022 por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO), reveló que más del 80 por ciento de los argentinos posee acceso a Internet, considerando tanto los accesos fijos como los móviles. Sin embargo, debido a la complejidad del territorio argentino, al profundizar en el análisis de la penetración a lo largo y ancho del país, es posible apreciar una importante disparidad según la provincia y la región. Tomando como referencia los datos abiertos provistos por Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para la penetración de Internet fijo, el rango es muy amplio, desde la Ciudad de Buenos Aires que tiene más conexiones que hogares, con un 121 por ciento, hasta San Juan, Mendoza, Corrientes Santiago Del Estero, Chaco, Formosa y Santa Cruz, que se encuentran por debajo del 50 por ciento.
En este sentido a finales del pasado año, mediante la Resolución N° 19/2022 de la Jefatura de Gabinete publicada en el Boletín Oficial, se creó bajo la órbita de la Secretaría de Innovación Pública de Argentina, el programa “Mi Pueblo Conectado” que tiene como objetivo promover la conectividad y difusión de nuevas tecnologías, contribuir a reducir las desigualdades a nivel regional y fortalecer la capacidad y capacitación de los recursos humanos. Para ello, se contempló brindar conectividad satelital por medio de Arsat, incluyendo además bienes tecnológicos, recursos digitales y capacitaciones a más de 370 localidades con conectividad nula o deficiente.
La selección de las localidades donde implementar dicho programa se realizó a partir del Índice Federal de Inequidad Territorial (IFIT), construido por el Observatorio Municipal que depende de la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior.
Respecto al plan de servicio que contratará la Secretaría de Innovación Pública a través de Arsat para las localidades seleccionadas, contempla 30 Mbps de bajada, 3 Mbps de subida, con un consumo de 100 GB de tráfico, por un lapso de 12 meses. Sánchez Malcolm, quien lidera la Secretaría, precisó que “la conectividad y las capacitaciones en servicios digitales son dos políticas públicas muy activas del Gobierno Nacional” y agregó que “‘Mi Pueblo Conectado’ procura sumar una mayor capilaridad territorial a esa agenda de trabajo”.
En consonancia, el Enacom aprobó a través de la Resolución N° 64/2023, un nuevo programa para mejorar la conectividad en instituciones públicas emplazadas en zonas rurales, con especial foco en las escuelas, y dispuso para su ejecución la transferencia de hasta 1.000 millones de pesos (5,3 millones de dólares) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU). El organismo ejecutará el programa en diversas etapas, para ello convocará y seleccionará a licenciatarios de servicios TIC con autorización para proveer servicios de Internet o Internet satelital. Además, será el encargado de financiar la totalidad de los gastos que impliquen la instalación de la infraestructura de conectividad, el mantenimiento de la misma y la prestación del servicio por un periodo de dos años; dentro de la primera convocatoria se encuentran 227 instituciones, 52 ubicadas en la provincia de Chaco, 5 en La Pampa y 170 en Salta.
El acceso a estas herramientas generará nuevas condiciones y oportunidades para el desarrollo de la población local. A modo de ejemplo, para el caso de los pequeños productores de las economías regionales permitirá dinamizar la interacción directa con consumidores, mejorando notablemente las condiciones socioeconómicas de dichas localidades, y evitando así, el desarraigo y desplazamiento de las juventudes hacia las grandes ciudades.
Las mejoras de conectividad introducidas en estas localidades pueden ser disparadoras de despliegue de redes malladas inalámbricas autogestionadas que finalmente pueden interconectarse al resto de Internet por el vínculo satelital. Existen varios proyectos de este estilo, como Altermundi, LibreMesh y LibreRouter, basados en la cooperación entre pares y el uso de plataformas open source o código abierto.
Asimismo, este Ente regulador autorizó la “mejora y actualización de equipamiento” destinada a las 58 Universidades Nacionales que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que posean deficiencias en las condiciones de conectividad en sus establecimientos.
Por su lado, la operadora Telecom anunció como parte de un plan destinado a impulsar el desarrollo del ecosistema agtech, el despliegue de nuevas antenas móviles con tecnología de punta mediante las cuales los habitantes de La Chispa, provincia de Santa Fe, cuentan por primera vez con conectividad móvil de Personal 4G. Si bien la empresa se encuentra implementando antenas móviles de baja potencia exclusivas para IoT (Internet de las Cosas), también pretende achicar las brechas digitales en la zona para dar los primeros pasos hacia la consolidación de la agricultura 4.0.
De esta forma, mediante la aplicación de proyectos y políticas concretas que impulsen la articulación e integración con diversos sectores de la sociedad, como pymes, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, escuelas y universidades, es posible contribuir a la inclusión sociolaboral y acompañar un desarrollo integral en cada región del país.
Desde el OECYT consideramos que se trata de una buena oportunidad para generar políticas públicas que fomenten y dinamicen el entramado productivo, mientras se reduce la brecha digital en las zonas más despobladas e históricamente olvidadas.
