La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) podría tener un giro abrupto en su objetivo hacia adelante pues este lunes se conoció la propuesta del grupo de trabajo convocada a tal fin, que considera que esta infraestructura debería brindar servicios a los usuarios finales, además de establecer tarifas mediante mecanismos de supervisión.
Así lo hizo saber el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) que publicó el informe de los actores que evaluaron la situación de la RDNFO en la gestión anterior. En el reporte se mostraron criterios para lograr un mejor funcionamiento de esa infraestructura que hoy está siendo operada por el Estado, aún cuando la normativa vigente en ese país lo prohíbe.
En esta propuesta, compuesta por 95 páginas, el grupo de trabajo llegó a cuatro conclusiones puntuales: la primera, que la oferta de servicios se debería brindar también a usuarios finales; en segundo lugar, que esa oferta comercial debería incluir otros servicios, además de la conectividad; y en tercer lugar, que la RDNFO se deberá integrar al resto de redes, como la de los proyectos regionales cuya titularidad depende del Estado, tal el caso de la Red Nacional del Estado (Rednace), para lograr una optimización de su operatividad.
A esto suma una cuarta propuesta, vinculada con los precios. En ese marco, sostiene que “las tarifas no deberían ser establecidas contractualmente, sino mediante los mecanismos de supervisión. Esta condición implica que las tarifas puedan ser diferenciadas o reducidas por volumen u otra característica, así como para los servicios nacionales como de interconexión internacional”.
Sobre los servicios a usuarios finales, aclara algunos párrafos más adelante, que se abre la posibilidad de que la Red Dorsal se pueda usar para promover servicios finales a la población “a través de una empresa vinculada al operador de telecomunicaciones. Esto permitiría garantizar la inclusión social de las zonas más vulnerables del país”.
Para el grupo que trabajó en este documento hay condiciones de la Red Dorsal que “no deberían continuar”, entre ellos, la oferta de servicios con exclusión de los usuarios finales y la que se orienta a brindar un único servicio público de telecomunicaciones. Se puntualizó, además, que “las tarifas se encuentran establecidas contractualmente”, aspecto que también debería modificarse.
El trabajo efectúa recomendaciones desde el punto de vista técnico, económico y legal como la necesidad de que la red posea alta disponibilidad, escalabilidad, redundancia y capacidad para brindar múltiples servicios; que se realice un cálculo pertinente entre la demanda y la asignación de recursos; y que se respeten principios como la no discriminación, la neutralidad, la convergencia y vislumbrar escenarios futuros para prevenir controversias.
Este trabajo, que está disponible para su lectura aquí, y a consideración de los actores de la industria interesados en el sector recibirá comentarios hasta el próximo 13 de marzo. La ministra del MTC, Paola Lazarte, sostuvo que este es un primer insumo sobre el cual trabajar en el futuro de una Red Dorsal que dé lugar a un modelo operativo atractivo. Por tal razón, planteó que “se deben considerar los aportes de la industria, la academia y todos los agentes involucrados en el sector telecomunicaciones, con el fin de tomar la mejor decisión para poner en valor la RDNFO y pueda cumpla su propósito de conectar a más poblaciones rurales”.
Esta propuesta, cuya redacción concluyó el 26 de octubre de 2022, surgió luego de 58 reuniones realizadas por el grupo de trabajo, que transcurrieron entre noviembre de 2021 y octubre de 2022. Esta mesa se conformó con dos representantes del Viceministerio de Comunicaciones (VMC), y quienes conducen las direcciones generales de Programas y Proyectos de Comunicaciones (DGPPC), de Políticas y Regulación en Comunicaciones (DGPRC), y de Autorizaciones en Telecomunicaciones. También, formaron parte las máximas autoridades de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) y del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL).
El planteo esbozado en este primer grupo de trabajo está a tono con lo que está sucediendo en otros países de la región donde se plantea una mayor participación y/o intervención estatal en los temas de telecomunicaciones, tal como está sucediendo en Colombia, y que ya no tienen que ver con las urgencias que se plantearon durante la pandemia. La discusión está abierta y el caso de Perú se llevará parte de la atención de los próximos meses.
