“De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la Ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Lo haré temporalmente en defensa del usuario”, dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia en un posteo realizado en su cuenta personal de Twitter, luego que lo anunciara este viernes e involucrara al agua potable y saneamiento, energía y gas, y telecomunicaciones.
El tomar las funciones de control en materia de regulación de servicios públicos domiciliarios por parte del Ejecutivo, conforme la legislación local lo permite, surge luego de largas semanas de negociaciones fallidas en las que se buscó bajar los precios de servicios como el de energía. El anuncio encendió la polémica, y los medios locales lo reflejaron. La República, por ejemplo, viene siguiendo el conflicto del Gobierno con Afinia, organización que provee agua, gestión de aguas residuales y residuos, además de generar y distribuir energía y gas natural, que se negó a acatar la propuesta oficial de bajar los precios de las tarifas, sobre todo, de energía.
“Este Presidente ha decidido no delegar sus funciones de las Comisiones de Regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo, entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice, primero el interés general y del usuario que se ha puesto es al revés en los últimos años en Colombia”, dijo Petro y citó el medio local.
“Qué significa esto, que el presidente de la República, no el Congreso, no el ministro, la Fuerza Pública, no el alcalde, no el gobernador, sino que el presidente de la República por orden constitucional tiene la facultad de generar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que son el agua, la luz”, dijo Petro.
Sin embargo, el sector de las telecomunicaciones no fue uno de los que impulsara esa inflación galopante que, en 2022 fuera del 13,12 por ciento y se ubicara como hito en la historia del país al tratarse de la cifra más alta registrada desde 1999, tal como lo anunció el propio Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Muy por el contrario, el sector fue uno de los que impidió que ese indicador fuera mayor dado que la fuerte competencia que allí se registra y su dinámica, llevó a que las tarifas fueran a la baja. Inclusive, la ambiciosa apuesta por llevar conectividad a todo el país para cerrar lo máximo posible la brecha digital, es un objetivo de gobierno en el que se avanza de la mano de los operadores privados. Claro y Tigo, por ejemplo, acaban de anunciar los avances en materia de conectividad rural.
En tren de poner en contexto, además, cabe señalar que en el país se prevé una inminente licitación de espectro para 5G en la que nueve operadores ya se manifestaron interesados en participar, cuyo valor está en el ojo del debate luego que actores como la Universidad Nacional de Colombia y la GSMA lo evaluaran por encima del promedio regional; al igual que el titular de la asociación que congrega a los tres operadores móviles más robustos del país, Claro, Tigo y Movistar, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil.
“Yo no creo que las empresas podamos seguir bajando precios como ha sucedido resultado de una gran competencia, con la llegada de un cuarto competidor al mercado, que ha metido una presión competitiva muy fuerte pero que está sacrificando hacia futuro las inversiones que hay que hacer” dijo Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil en Colombia (Claro Colombia) a Bloomberg, y subrayó que “con dólar al nivel actual más la inflación en los costos locales, las empresas tienen ya una limitación muy fuerte porque tenemos que financiar el costo y las inversiones futuras que hay que hacer”.
“Dudo mucho que subamos precios, al menos no en las condiciones actuales” sentenció el ejecutivo en diálogo con dicho medio, y admitió que espera “un mercado estabilizado de precios y no sigamos con unas guerras de precios tan fuertes. Esto sería muy negativo”.
Sin embargo, para el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, un eventual control de precios “sería un retroceso sin precedentes para el país”, que se fallaría con la ley económica de oferta y demanda, tal como lo reza su comunicado y advirtió que “puede representar un quiebre para las empresas y los ciudadanos podrán llegar a carecer de servicios públicos de buena calidad”.
