El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) acaba de anunciar que instruyó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a iniciar el proceso concursal de frecuencias que permitirá el desarrollo de 5G en el país. La novedad se conoció en la tarde de este martes 2 de mayo, de cara a una subasta que se realizará en la segunda mitad del año.
“Para el segundo semestre del 2023 esperamos contar con el cartel listo para recibir ofertas”, dijo Paula Bogantes, titular del Micitt, en un discurso en el que repasó las acciones realizadas en torno al 5G por la actual administración de gobierno y que ponderó que “nos permiten continuar fortaleciendo la competitividad del país, factor indispensable para la reactivación de la economía”.
El anuncio se realizó luego que se publicara en el Alcance N° 77, del Diario Oficial La Gaceta N° 75, el Acuerdo Ejecutivo N° 031-2023-TEL-MICITT, donde se precisa la decisión de inicio para que la Sutel instruya el proceso concursal de frecuencias del espectro radioeléctrico para sistemas IMT, entre los que se enlisten 5G en los segmentos actualmente disponibles.
En el primer artículo del Alcance N° 77, al que TeleSemana.com accedió, dice que se le ordena a la Sutel a avanzar con “el procedimiento concursal público para el otorgamiento de concesiones de bandas del espectro radioeléctrico de frecuencias de 700 MHz (de 703 MHz a 748 MHz y de 758 MHz a 803 MHz), de 2300 MHz (de 2300 MHz a 2400 MHz), de 3500 MHz (de 3300 MHz a 3500 MHz y de 3600 MHz a 3625 MHz), de 26 GHz (únicamente el segmento de 24,25 GHz a 25,50 GHz) y de 28 GHz (de 27,5 GHz a 29,5 GHz), así como cualquier espectro que eventualmente se encuentre disponible en la banda de 2600 MHz (de 2500 MHz a 2690 MHz) y de 3500 MHz (de 3500 MHz a 3600 MHz y de 3625 MHz a 3700 MHz) de acuerdo con la importancia señalada por la Sutel”.
Y aclara que lo hace “según los resultados de diversos procesos jurídicos actualmente en curso, hasta tanto la etapa del procedimiento concursal así lo permita, con el fin de satisfacer la necesidad de la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público a través de sistemas IMT-2020, incluyendo 5G”.
En este documento, además, se recuerda que la intención de este procedimiento concursal público es “garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2022-2027”, en el que se precisan aspectos como la priorización del despliegue de infraestructura para las redes móviles IMT “por sobre un enfoque meramente recaudatorio”, la provisión de “nuevos y mejores servicios y aplicaciones”, y una “visión balanceada entre despliegue de infraestructura e inversión”.
Además, se precisan otros aspectos como la promoción de la competencia, la maximización de la eficiencia espectral, la mitigación de una eventual concentración de espectro radioeléctrico, como también consideraciones de despliegue de redes desde el punto de vista de la salud humana, la seguridad de las redes, la privacidad de los usuarios y la sostenibilidad ambiental, entre otras.
En diálogo con TeleSemana.com, la funcionaria había adelantado que entre los grandes retos que debía enfrentar el país, el despliegue de su infraestructura resultaba medular no sólo en el achicamiento de la brecha digital sino en el impulso económico que la innovación pueda aportarle.
Tal como lo establece la normativa local, tras formalizarse este paso, el Micitt deberá indicar al regulador los lineamientos de política pública que acompañarán la decisión de inicio del concurso y que servirán de “guía para la elaboración del cartel”. Y lo cierto es que la expectativa de que este proceso de subasta se concrete en este 2023, es un anuncio varias veces prometido.
Inclusive, el comunicado oficial aclara que la Superintendencia es responsable de crear instrumentos, como el pre-cartel, su consulta pública, la publicación del cartel definitivo, recepción de ofertas, declaración de oferentes elegibles, el proceso de concurso y la emisión de la recomendación de adjudicación al Poder Ejecutivo.
Luego, será el Poder Ejecutivo quien deba analizar las recomendaciones vinculadas a la adjudicación de espectro, formalizando los acuerdos ejecutivos y contratos correspondientes para garantizar la seguridad jurídica de los nuevos concesionarios para la prestación de los servicios.
“Durante el primer año de la Administración Chaves Robles hemos sido conscientes de promover el desarrollo socioeconómico como un catalizador para la economía y avanzamos en lo que por años en Costa Rica parecía imposible”, repasó Bogantes, y enumeró otras instancias resueltas, como el acuerdo mutuo de devolución de frecuencias, establecido entre el Ejecutivo, Racsa y el ICE en la banda de 3,5 GHz; entre otros procedimientos administrativos.
