Asegurar la libre competencia y el control, fomentar inversiones y la compartición de infraestructura, eliminar trabas a los despliegues, hacer un uso eficiente del espectro, reformular el rol actual del regulador y separar el área de infraestructura del de contenidos, además de asumir un rol más profesional y técnico que político, fueron algunas de las propuestas para acelerar el despliegue de la conectividad, realizado por Infraestructura Digital Argentina (IDA). A punto de cumplir un año, esta flamante cámara avanzó sobre las propuestas presentadas hace casi cuatro meses por la Mesa de la Industria TIC para comenzar a abrir la discusión sobre el qué hacer y cómo hacerlo, en un mes clave en el que se inicia el camino hacia el cambio de gobierno en este país.
Si bien la idea de esta asociación es pensar en políticas de largo plazo, un tema particularmente coyuntural como es la licitación 5G en la Argentina –prometida pero, hasta ahora, sin novedades concretas más allá de la contínua suspensión de su tratamiento en las reuniones de directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)– el encuentro sirvió para reiterar lo comunicado a principios de este año: que hacer una licitación sin tener en cuenta el rol y el impacto sobre las pymes y que apuntar a lo recaudatorio antes que al despliegue sin agregar valor a 5G es un error.
Las propuestas fueron presentadas por Alejandro Lastra, presidente de IDA, quien reiteró la necesidad de habilitar una discusión de política pública en materia de telecomunicaciones y digitalización de largo plazo en la Argentina. Recordó que este país “no tiene un plan estratégico” desde hace un tiempo muy largo, y que las decisiones tomadas en los últimos años han respondido, más que nada, a cuestiones coyunturales.
La propuesta de IDA se basa en tres ejes: robustecer el ecosistema de proveedores de acceso, promover la articulación entre el sector público y privado, y fortalecer el diseño institucional de la autoridad de aplicación. Por debajo de cada uno de estos pilares, se abren varias cuestiones a abordar.
En relación al primero, Lastra señaló que el sistema de conectividad actual es tan extendido como heterogéneo y que es necesario impulsar su crecimiento aprovechando las capacidades existentes además de cuidar que las operadoras de telecomunicaciones se mantengan saludables: se trata de una condición necesaria para mantener la infraestructura, ampliar las capacidades y asegurar la actualización tecnológica permanente, afirmó, como modo de equiparar las fuertes divergencias existentes en el territorio en término de disponibilidad y calidad de las telecomunicaciones.
¿Cómo se alcanzarán las metas de este primer eje? A partir de “la libre competencia” del sector, “con reglas claras inclusive en el servicio mayorista”, condiciones que actuarían como factores de fomento y protección de las inversiones. A esto se sumarían la eliminación de trabas a los despliegues, una constante que se repite con el correr de las décadas en decenas de municipios, además de un uso eficiente del espectro, entre otras acciones.
Sobre el segundo eje, relativo a la articulación entre el sector público y el privado, la meta es que se coordinen las acciones del Estado con los privados para facilitar los despliegues y la inversión de ambos actores para universalizar la conectividad. En este punto, Lastra aseveró que “hay que rediscutir el Fondo de Servicio Universal (FSU) y reformarlo con el subsidio a la demanda”, propuesta que es coincidente con la que se realiza desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE).
En este punto, la propuesta se orienta a “establecer criterios de subsidio a la demanda”, cubrir los descuentos sobre el precio final a cuenta del servicio universal y eximir del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Prestación Básica Universal (PBU), surgida en tiempos de pandemia, además de otros tributos y tasas que se aplican a las telecomunicaciones en general.
Respecto del rol del regulador, para IDA se debería contar con un organismo altamente especializado, “más técnico que político”, y separar las cuestiones de contenidos de las de infraestructura.
A la hora de barajar ideas y propuestas contenidas en este nuevo documento se planteó, en primer lugar, “la necesidad de tomar decisiones de política pública desde una mirada integral del sector”.
La cámara reclamó, por caso, la instauración de sandbox regulatorios, la reformulación del Fondo de Servicio Universal, respetar la libertad de precios, y controlar el abuso de posiciones dominantes para propiciar un manejo adecuado de las barreras de entrada para los despliegues. En lo vinculado con el FSU se planteó que tanto las plataformas como los cableros, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), y Arsat también aporten a ese fondo. Y sobre las posiciones dominantes, la referencia fue para empresas eléctricas, cooperativas, torreras e, inclusive, municipios, que obstaculizan el ingreso de nuevos prestadores con maniobras de distinto tipo, sin obviar las conductas de los grandes prestadores.
Lastra consideró fundamental “involucrar a los privados” en un futuro rediseño de ese fondo. Y en tren de propuestas se planteó la posibilidad de constituir un mercado de capitales del FSU, que sea sustentable en el largo plazo y que se reconvierta en un fondo fiduciario. Que los Aportes No Reembolsables (ANR) se reduzcan y que haya un control más exhaustivo sobre el dinero que se destina a esa especie.
IDA también se mostró a favor de la compartición de infraestructura y de generar incentivos –como la baja de impuestos– para apalancar inversiones, inclusive de otros sectores. Consideró la posibilidad de establecer servidumbres de uso que cambien el pago de las tasas radioeléctricas por una especie de coparticipación de la red, además de fomentar que los distintos operadores estatales sean jugadores activos, especialmente en las zonas no rentables. “Eso llevará a repensar la regulaciones de competencia seguramente”, reiteró Lastra que insistió en la necesidad de discusión que se debe el sector, inclusive en su vinculación con otros actores económicos.
Como se mencionó anteriormente, cada uno de estos tres ejes tiene una primera bajada en profundidad, a tono con las propuestas de la Mesa de la Industria TIC a la que se le haría llegar este documento al finalizar la conferencia de prensa convocada para tal fin. Justamente, el objetivo de IDA es profundizar la discusión a partir del por qué y para qué, para luego avanzar en el cómo implementar las acciones acordadas entre los distintos actores.
Luego, IDA buscará acercar el documento a los think tank de los partidos políticos: la Fundación Alem, el Instituto Patria, y la Fundación Pensar, además de otras entidades que suelen ser espacios de consulta por las agrupaciones, como la Fundación Mediterránea y el Instituto Hanna Arendt, entre otros. También se buscará el acercamiento con diversos sectores económicos que requieren de la conectividad para su mejor desarrollo, como el de la economía del conocimiento.
Ya sobre el final del encuentro, y en relación a la pregunta de TeleSemana.com sobre la licitación 5G, Lastra volvió a señalar que, tal como IDA lo manifestó a principios de este 2023, avanzar con “5G sin ver el impacto en el mundo de las pymes, sin dar espacio para la compartición de infraestructura, y sin pensar en los despliegues de redes antes que en el precio es un error. Es un error tomar una decisión sin mirar el impacto en las pyme, es un error plantearla con un fin recaudatorio antes que en función del despliegue de redes, y es un error avanzar sin pensar en el agregar valor a las redes 5G”. Y, para dejarlo más claro aún, consideró que “no es necesario encarar una licitación 5G siquiera de acá a fin de año”.
Entre tantas versiones que han trascendido en relación a esta licitación, una de las que más se menciona es la vinculada con la expectativa de recaudación –de 150 a 250 millones de dólares pero en pesos convertibles– sin obligaciones de despliegue, tal vez el factor más controvertido porque no colaborará en mejorar la conectividad del país. Medida que, de tomarse, irá a contramano de lo que se ha ido delineando en los países de la región que lideran la avanzada hacia 5G.
