Que no atiende las necesidades de los usuarios, que el precio del espectro es elevado, que debería desestimarse y volverse a hacer, fueron algunas de las opiniones que por estas horas circulan en la Argentina en respuesta a las condiciones generales del llamado a subasta de espectro para 5G por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y en línea con las objeciones expresadas de forma conjunta por Movistar, Claro y Telecom. El malestar es grande y ya hay quienes especulan que la judicialización de la medida podría ser una decisión salomónica.
Para José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas, “sucedió lo que se esperaba: un anuncio que tiene fines recaudatorios. El problema radica en que se busca recaudar más allá de lo posible y eso la vuelve inviable”. Sí, al momento de analizar esa “inviabilidad”, el costo aparece primero en la lista de inhibidores.
“El precio está fuera de mercado y los operadores buscan ser cautos con sus inversiones”, dijo Otero y ofreció ejemplos, otras experiencias como la subasta de Brasil, donde más del 90 por ciento del costo se intercambió por obligaciones y aún así hubo bloques desiertos. “Prácticamente, el costo en Argentina es tres veces mayor que en Brasil, sin contar que el costo por megahercio por población cubierta, POP, resulta infinitamente mayor. Además de que el mercado brasilero es mayor y no sufre hiperinflación”.
En ese sentido, el especialista internacional también señaló casos como el de México, donde la ecuación espectral está motivando a que los operadores devuelvan ese recurso fundamental; y el caso de Chile, cuya subasta 5G ofreció una banda —la de 26 GHz— sin costo monetario y, aún así, un operador desistió.
En diálogo con TeleSemana.com, Agustín Garzón, abogado y consultor en telecomunicaciones, valoró que “las condiciones establecidas por el Enacom no son las adecuadas” y argumentó que “el precio de cada lote de espectro parece elevado. Es más adecuado el ejemplo de Brasil, donde se privilegiaron las inversiones en desmedro del precio”.
Para la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), a su vez, “en Argentina se requiere una valorización del espectro realista con la situación del mercado y la macroeconomía, centrado la expansión de los servicios”.
“En 2022, los ingresos de los operadores argentinos muestran una caída en el orden del 17 por ciento en términos reales. Y esta tendencia continúa en 2023. Además, el ingreso promedio por usuario móvil en la Argentina solía ser de 14 dólares en 2013 y, actualmente, es de menos de cinco dólares”, agrega Asiet y añade que los ingresos de los operadores se reciben en moneda nacional, cuando buena parte de los insumos están dolarizados y lo sitúa en un contexto de “sobrerregulación, devaluación y alta inflación”.
Para Asiet, “los procesos de asignación de espectro deberían garantizar la “eficiencia en el uso” para propiciar que la “conectividad en beneficio de los usuarios” e, inclusive, al momento de analizar la cuestión del costo espectral, Asiet aseguró que la estimación oficial “excede el resultado del benchmark de Asiet con Aetha que considera la mediana de las licitaciones realizadas en esta banda, y ajusta por población y riqueza”, al tiempo que explica que cuando un recurso de este tipo es sobrevalorado, el resultado impacta en retrasos en el despliegue de redes, en la distorsión de los retornos esperados de inversión, en que los servicios resultan más costosos para los usuarios finales y, por ende, en la afectación de la calidad de servicios y en la reducida adopción tecnológica para la conectividad.
La tarifa social es otro tema ríspido.
En marzo de 2023, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina (Indec) publicó los resultados de pobreza estimados al segundo semestre de 2022 y registró que casi el 30 por ciento de los hogares se encuentra bajo la línea de la pobreza y que involucra a casi el 40 por ciento de la población. Pero, luego, la devaluación y una inflación galopante hacen pensar que la coyuntura socioeconómica empeoró.
“¿Cuál es el modelo financiero con el que se definirá la tarifa social en este esquema propuesto en la subasta 5G porque, por como está escrito, un gran porcentaje de la población actual podría calificar?”, preguntó de forma retórica Otero para advertir la problemática que involucraría implementar la letra que propone la subasta.
En cuanto a este punto, Garzón tampoco coincidió con el lineamiento oficial: “No tiene sentido establecer una tarifa social. Ya se intentó establecer ese tipo de políticas a través del DNU 690 y la justicia resolvió no aplicarlo. En un mercado en competencia es el mercado el que debe fijar precios y no el Estado”.
“El establecimiento de una futura tarifa social sin mayores definiciones ahonda en la fracasada política de control de precios, generando mayor incertidumbre en el mercado al tiempo que no mejora las condiciones de acceso y uso de los servicios para la población”, ponderó la Asiet.
Inclusive, el que Arsat recibiera espectro, también generó críticas. Fue Asiet quien, por ejemplo, la valoró de forma negativa porque “vulnera los principios básicos de competencia y el marco de garantías sobre las inversiones”.
Para Garzón “no tiene sentido asignar un lote de espectro a la empresa pública Arsat ya que no tiene los recursos para realizar las inversiones. Además, genera incertidumbre respecto del posible uso que puede darse a ese espectro por parte de otras empresas del sector”.
“Se está otorgando espectro en condiciones diferentes e inaceptables —gratuito a unos y oneroso a otros— a potenciales competidores futuros, para dar servicios en competencia con aquellos ofrecidos”, dice el comunicado de Asiet y subrayó “la importancia de preservar los servicios incumbentes en la banda 3,6 – 3,7 Ghz”.
Para Otero, a su vez, se trata de un “tratamiento asimétrico, que tampoco establece condiciones y crea discrecionalidad” y cuestionó que, al referirse a la estrategia de conectividad rural no se mencionara la labor que realizan las cooperativas.
Pero hay más.
“El pliego de la subasta no otorga suficiente claridad sobre la normativa futura del sistema para facilitar las importaciones de equipo necesarias, en un contexto de dificultad para el acceso a divisas para importaciones”, dice la misiva de Asiet.
Para muchos analistas, esta subasta no se anunció en el mejor momento porque la coyuntura electoral termina sesgando el proceso. Inclusive, muchos recuerdan que los últimos dos pases de administración involucraron un cambio radical en la mismísima forma de administración y entidad regulatoria del sector.
¿Qué hacer?
“Para alcanzar los objetivos de conectividad de Argentina y lograr una licitación 5G exitosa que permita mejorar la productividad de las industrias y los servicios que reciben los usuarios, se requiere de la colaboración y el diálogo público-privado para el diseño de una agenda sectorial transversal”, dice Asiet en su comunicado.
Pero la Asociación también advirtió la necesidad de establecer certidumbre y seguridad jurídica, de crear “una propuesta de solución al DNU 690 y a los problemas de importación de equipos”, “mejorar y simplificar” el esquema regulatorio, promocionar la inversión y el despliegue de infraestructura “en un marco de igualdad de condiciones”, además de realizar una “valorización del espectro adecuado a la realidad del país, dado que el alto costo del espectro puede provocar retrasos en el despliegue de infraestructura y más presión sobre el costo de los servicios”. A todo ello, sumó la importancia de contar con políticas efectivas para el uso productivo de las TIC.
“Creo que debería anularse el llamado y esperar a que sea resuelto por el próximo gobierno. Quedan cuatro meses (N. de R.: de la actual gestión de gobierno) y dada la oposición de las empresas resulta lo más razonable”, consideró a su turno Garzón.
¿Judicializar puede ser una medida salomónica? Hay quienes dicen que sí y lo explican de esta manera: el Gobierno podría argumentar “que quiso pero que no lo dejaron” y los operadores se garantizarán la posibilidad de reiniciar las discusiones con la próxima administración. ¿Y si la contienda electoral la ganara el actual ministro de economía, candidato electoral Sergio Massa? Sin embargo, judicializar nunca resulta ser esa la mejor salida.
Por ahora, el final está abierto.
