Como si a la Argentina no le faltaran conflictos en materia de telecomunicaciones con todo lo sucedido la semana pasada en torno a la licitación de 5G, ahora los proveedores de Internet nucleados en la cámara que los representa alertaron que la “acumulación de medidas y regulaciones que impactan negativamente en su sostenibilidad” está poniendo en riesgo la provisión de los servicios de telecomunicaciones y de acceso a Internet en el corto y mediano plazo. En otras palabras, que de no remediarse la situación rápidamente, habrá servicios que la ciudadanía y las empresas dejarán de recibir.
Fue la advertencia de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), que nuclea a las 1.200 proveedoras de este servicio que actúan en la Argentina. No es la primera vez que la entidad se pronuncia en este sentido, como tampoco la única cámara que lo hace. Las restricciones que se impusieron a nivel oficial desde octubre del año pasado para importar equipamiento y/o pagar servicios en dólares -como los vinculados con la gestión de los números y dominios de Internet, por sólo mencionar a uno de ellos- están alterando el normal funcionamiento de la industria. Y si la situación no se revierte a la brevedad, quienes comenzarán a recibir el impacto de esta situación son los usuarios y las empresas.
En octubre de 2022, la Argentina cambió el sistema de cupos para importar vigente hasta ese momento por dos vías: la del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), vinculado con la compra al exterior de equipamiento, y la del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exteriore (Sirase), relativo al pago de servicios, como los nombres de dominio, las licencias de servicios basados en la nube, y los vinculados con servicios de entretenimiento como Netflix, Spotify y otros del mismo estilo.
Estos permisos se volvieron cada vez más restrictivos con el objetivo de preservar las divisas y, desde entonces, tanto el sector de las telecomunicaciones como la industria en general reclamó mayor celeridad en estas autorizaciones para continuar operando. Si bien la semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, en su doble rol de candidato a presidente por el oficialismo anunció, entre otras cosas, que se liberarían las SIRA, la situación en la práctica no parece ser tan sencilla, tal como lo expuso la misma Cabase.
“Desde abril no se está aprobando ninguna Sirase y hay servicios que están cortados y algunos que se van a cortar por falta de pago al extranjero, con negociaciones muy complejas con los proveedores. Y las SIRA, que son para equipamiento, algunos equipos están entrados con pagos a 180 y 360 días. Y los proveedores mayoristas que están vendiendo a los ISP les hacen firmar una nota en algunos casos porque no saben a qué dólar van a terminar de pagando el equipamiento, con la posibilidad de que haya una nota de débito por la diferencia de cambio”, dijo a TeleSemana.com, Ariel Graizer, presidente de Cabase.
Previo a ello, a través de un comunicado la cámara enumeró la sucesión de medidas que hacen “imposible la subsistencia económica de pymes y cooperativas del sector”, entre ellas, la imposibilidad de acceso a divisas para el pago de servicios esenciales y adquisición de equipamiento necesario para el mantenimiento en funcionamiento de las redes, el DNU 377/2023 que amplió el alcance del impuestos PAIS y supuso un incremento tributario del 25 por ciento para esta actividad, además de “la abrupta devaluación del tipo de cambio oficial de mediados de agosto”, del 22,4 por ciento. Este paquete de medidas, dijo la Cámara, disparó “los costos para una industria como la de las telecomunicaciones e Internet, que depende de insumos y servicios del exterior”, y “son los ingredientes más recientes de un combo que hace imposible la subsistencia económica de pymes y cooperativas del sector”.
Pero el comunicado no se quedó en esto. “A estas disposiciones se sumaron otras, como la imposición del otorgamiento de una suma fija para trabajadores del sector privado anunciada la semana pasada termina de componer un escenario insostenible. Entendemos que el significativo aumento del costo de vida para los trabajadores, en especial los de menores ingresos, amerita encontrar mecanismos de recomposición del poder adquisitivo, pero la imposición del pago de una suma a trabajadores del sector privado en las actuales condiciones de fragilidad de las empresas del sector, no hace más que agravar aún más el ya oscuro panorama de las pymes y cooperativas que lo integran, poniendo en riesgo los puestos de trabajo, la continuidad de las empresas y la conectividad de Argentina”, subrayó la entidad.
La cámara calificó a esta situación como “crítica”, a tal punto, que “ya está empezando a generar una degradación de los servicios de Internet en el país y es inminente el impacto en el acceso a servicios y aplicaciones que proveen contenido vital para la economía de Argentina”. Por esta razón, pidieron de manera urgente y prioritaria buscar un camino de solución que impida llegar a consecuencias irreversibles.
A finales del año pasado, la Argentina casi se quedó sin acceso a Internet porque, ante la demora de los permisos, no se habían podido realizar los pagos correspondientes en dólares a las entidades que administran los números y nombres de dominio. En esta oportunidad, las alertas también se encienden por las dificultades para pagar los servicios en la nube, desde los paquetes de oficina hasta un hosting, y por la posición que podrían tomar los proveedores de estos servicios en función del dólar al que deben operar. Hoy esos pagos se realizan en base al dólar oficial que cotiza a 365,5 pesos argentinos, valor que se mantendrá fijo hasta octubre y que está lejos de otros dólares que se operan en este país, como los financieros: el MEP (de la Bolsa),lo hace en torno a los 674 pesos argentinos, y el CCL (contado con liqui) en torno a los 770 pesos. Todo eso sin olvidar al blue (paralelo), que es el que suele poner más nerviosa a la población y que está por encima de los 730 pesos.
No es la primera vez que este sector enfrenta dificultades por la devaluación -tal como ocurrió en 2019, luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)- que obligó a poner en marcha un mecanismo “de rampa”, que consistía en contratar los megas mayoristas en dólares e ir aumentando poco a poco los servicios a los usuarios para equilibrar la ecuación. En esta oportunidad, las dificultades son un tanto más profundas.
