¿Será la futura presidenta de México la que defina un nuevo destino para el mercado de las telecomunicaciones en este país? Eso pareciera vislumbrarse luego que la Secretaría de Hacienda decidiera no revisar los valores que se pagan por el derecho de uso de espectro radioeléctrico, tal como lo había sugerido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). México continuará teniendo los precios de espectro más caros de la región. La expectativa de que esto cambie en 2024.
Hay países que escriben sus historias de telecomunicaciones con más o menos pasión, pero si hay un hilo conductor que los iguala a todos es cuando hay que tomar decisiones en un año electoral. No hay informe técnico ni discusión seria sobre sector alguno que se imponga a las necesidades del partido gobernante. Esto parece haber primado en la decisión de la Secretaría: revisar a la baja los precios que se pagan por el uso del espectro en México supone resignar casi 290 millones de dólares por año por ese concepto. Dinero que es necesario para sostener otras decisiones de gestión.
El pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda decidió “no ajustar a la media internacional los pagos anuales de derechos por usar espectro en servicios móviles e inalámbricos fijos”, tal como informó El Economista. Allí se dejó ver que las expectativas existentes en torno a esta posibilidad se desplomaron hasta próximo aviso, como también las innovaciones tecnológicas que podría traer 5G – proceso en el que este país no avanza aún formalmente- y los servicios que surgen a partir del nearshoring. La industria viene sosteniendo que una reducción del precio del espectro podría impactar favorablemente en los servicios profesionales que se brindan desde este país hacia el mundo.
A partir de esta determinación, las operadoras de servicios móviles que actúan en México, básicamente Telcel y AT&T (Movistar tiene presencia pero sin espectro y con operaciones sobre la infraestructura de la operadora estadounidense), tendrán que continuar pagando en los mismos niveles en que venían haciéndolo, tanto para las frecuencias 3G como 4G y, eventualmente, para que las que se utilicen en 5G. Aunque también pegará de lleno en las finanzas de la golpeada Altán.
Los cuestionamientos a la decisión de Hacienda no se hicieron esperar. Hay una consideración común entre los actores de la industria sobre los efectos nocivos de esta determinación. “Es una situación muy grave para el mercado de telecomunicaciones móviles de México porque están poniendo barreras de entrada a nuevos jugadores, no sólo de grandes empresas sino de pequeños operadores. Siempre solemos pensar en operadores móviles tradicionales, como Telcel, Telefónica o AT&T pero conforme vamos desarrollando más este ecosistema vemos que hay empresas pequeñas que pueden hacer uso de este espectro para distintos proyectos, y se les está inhibiendo la entrada”, dijo a TeleSemana.com, Gonzalo Rojón, director de análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
Ese obstáculo que se impone al ingreso de nuevas compañías también frena el desarrollo de tecnologías, de las ciudades inteligentes, de servicios como el monitoreo y la medición a distancia, además de la telemedicina, entre otros. Pero también “se está desincentivando que los jugadores adquieran nuevos espectro y permitan el desarrollo de nuevas tecnologías”, agregó. En otras palabras, los impedimentos se extienden a todo jugador del mercado, actual o futuro.
México no ha logrado avanzar con 5G tal como lo espera la industria. El segundo país en importancia por tamaño en América latina se retrasa en este sentido. Cada vez que se puso espectro a consideración del mercado el resultado no fue el esperado, sea porque no se presentaron más empresas de las esperadas o porque los bloques ofrecidos terminaron desiertos.
“El tema del espectro caro hace que se siga devolviendo este recurso y que no se llegue de manera oportuna a 5G y más que hemos visto los beneficios que podemos tener de esta industria”, subrayó Rojón para quien el gobierno de José Manuel López Obrador, conocido como AMLO, se mueve con un doble discurso. Por un lado, “el presidente dice todo el tiempo que estamos atrasados (en 5G, que tenemos que avanzar y por el otro lado no se le baja el precio al espectro, que está prácticamente intacto en los últimos dos años. Con dejarlo estable no basta. No es que hay que bajarlo a las nuevas licitaciones que vengan sino a todo. Somos un país caro y tendremos repercusiones en los usuarios y en la competencia”, resaltó.
Para la Secretaría de Hacienda, o para el Ejecutivo, pareciera ser suficiente con haber dejado el precio del espectro sin cambios en los últimos dos años. Los hechos acaecidos en la industria demuestran que dejarlo en el mismo valor no contribuye. Y el trabajo del regulador, que también es reconocido por los actores del sector, tampoco fue oído por quienes toman la decisión final. El costo del insumo en este país es 62 por ciento superior al promedio internacional, según un informe de la GSMA.
“El IFT ha hecho muy bien su trabajo, ha generado documentos donde se ve claramente que somos el país más caro – destacó el analista de The CIU- Si baja el espectro habrá más consumo de servicios y más recaudación en el mediano plazo. Todavía falta mucha gente por conectar y si se bajan los costos se va a beneficiar la oferta comercial” y, con ella, la posibilidad de recibir más ingresos por el incremento del consumo.
Para el experto, Hacienda tiene en claro este concepto, pero al final termina pesando la cuestión recaudatoria. “Esta administración tiene muchos votos a través de las becas que otorga a jóvenes, a ancianos, y para subsidiar todo eso se necesitan ingresos. Y reducir 5.000 millones de pesos (casi 290 millones de dólares) en vísperas de una elección no parece resultar conveniente”, añadió.
Con la postulación de Xóchitl Gálvez como candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) integrante del Frente Amplio, y la designación de Claudia Sheinbaum por el oficialismo de Morena, el futuro de México a partir de 2024 parece que estará en manos de una mujer presidenta. La semana pasada terminaron de conocerse los nombres de quieren disputarán estos comicios el 2 de junio de 2024, lo que ya puso en movimiento la maquinaria electoral de todos los partidos de ese país. Es en este escenario que se presume que quien gane las próximas elecciones tomará las futuras decisiones vinculadas con las telecomunicaciones. Ambas candidatas vienen del mundo de las ciencias y tienen experiencia profesional y pública en materia digital. En otras palabras, conocen al sector.
De acuerdo a lo señalado por Rojón, de resultar presidente, la candidata oficialista -que estudió física en la UNAM y cuenta con una maestría en ingeniería energética- continuará la línea trazada por AMLO en esta gestión, mientras que Gálvez, ingeniera en computación también por la UNAM con especialidades en robótica, inteligencia artificial, ciudades inteligentes y eficiencia energética, se ha mostrado más receptiva a las demandas del sector. Además de haber sido telefonista, parte de su trayectoria profesional la desarrolló en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde fue coordinadora de sistemas de información y comunicaciones.
Más allá de las especulaciones, Rojón aseveró que, a partir de ahora, el trabajo que le toca a la industria es hacerles comprender a los equipos de campaña y a quienes se postulen a los distintos cargos sobre las necesidades y oportunidades que presenta el sector. México tiene asignados algo más de 500 MHz de espectro, nivel que lo ubica por debajo del promedio regional, que es de 509,7 MHz, según datos de 5G Americas a agosto de 2023.
Una vez más, México perdió la oportunidad de mejorar su posicionamiento en relación al precio del espectro. Ahora hay que esperar al próximo año, a que se realicen las elecciones, asuma la futura presidenta -porque así se percibe en el país- en septiembre y, recién a partir de allí, iniciar una vez más el proceso correspondiente para lograr que los valores de este insumo se reduzcan y generan nuevas oportunidades en el sector.
