El alto costo del espectro en México provocó que el Gobierno dejara de percibir más de 770 millones de dólares (13.000 millones de pesos mexicanos) en los últimos tres años por las devoluciones de espectro efectuadas por las compañías. Fue una de las conclusiones de un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como parte de las acciones que impulsa para lograr que la Secretaría de Hacienda de ese país permita reducir el costo de este insumo, considerado uno de los más altos de la región. Para darse un idea de lo que representa, ese monto equivale a casi un 40 por ciento de la deuda que arrastra Altán Redes con su Red Compartida, que alcanza los 1.700 millones de dólares.
El informe pone el foco en el impacto que a nivel de competencia tiene el alto valor que se cobra por espectro en este país. Determinó que hay “bandas de frecuencia para servicios de telecomunicaciones móviles en México en las que el pago total de uso se encuentra entre 88 por ciento y 96 por ciento por arriba de la mediana internacional”. Se trata de las bandas de 3.5 GHz, 2.5 GHz, 1.7-2.1 GHz y 1900 MHz, las dos primeras para redes 5G, las otras dos para 4G LTE.
El IFT dio a conocer el informe el martes 22 de agosto y ese mismo día a última hora ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la idea de avanzar en un nuevo esquema de cobros de acuerdo al uso de las bandas, o “cobro progresivo”, tal como lo expresó en el informe. El objetivo del regulador es exponer el próximo 8 de septiembre en la Cámara de Diputados cuando se discuta el paquete económico de 2024, según anticipó El Economista. Será el momento en que se dé una nueva discusión por el costo del espectro.
En su reporte, el regulador efectuó recomendaciones para “atenuar las barreras a la entrada y de expansión identificadas y reducir las pronunciadas asimetrías del impacto del costo del espectro radioeléctrico en el desempeño de los operadores, de modo que se puedan mitigar los efectos adversos que puedan estar generando los derechos actuales”.
Además del costo, señaló que el pago de derechos “representa una barrera a la entrada de nuevos operadores y la expansión de los actuales jugadores” porque limitan su participación en las licitaciones, además de afectar la competencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones.
Por esta razón, elevó dos propuestas. Una de ellas contempla la inclusión del pago de derechos del espectro cuando la operadora alcance una participación cercana al 25 por ciento en el mercado móvil. Si se tiene menos de ese nivel la ecuación es diferentes. El fundamento de esta propuesta es que como es difícil que los prestadores de menor tamaño alcance ese nivel en el mediano y largo plazo, se corre el riesgo de que tengan que devolver especto o salir del mercado, lo que termina resultando en una mayor concentración.
En la mirada del IFT la reducción de los montos que se pagan por derechos de espectro incentivaría la inversión, el ingreso de nuevos operadores y los prestadores de menor tamaño alcanzarían una escala mínima que les permitiría permanecer en el mercado además de competir de manera efectiva. “Una mayor competencia genera mayor diversidad, mejores ofertas y menores precios de los servicios de telecomunicaciones móviles, en beneficio de los usuarios finales y la población en general”, agregó.
Propuso, por esta razón, avanzar hacia un esquema de cobro progresivo donde continúen pagando derechos aquellos que tengan participaciones de mercado superiores al 25 por ciento. Y disminuir ese nivel a aquellos que se ubiquen por debajo de ese nivel. Para el regulador, un esquema de este tipo tendría un menor impacto en la recaudación fiscal puesto que “para el principal operador no existiría variación alguna”. Se trata de una alusión directa a Telcel que posee el 62 por ciento de mercado, según datos hasta 2021. Y hay quienes interpretaron que se trata de una medida que beneficia a AT&T de manera directa, que ostenta un 17 por ciento de market share. Movistar, con el 20 por ciento del mercado, ya no paga derechos de espectro de manera directa porque desde hace más de un año no cuenta con ese recurso.
En diálogo con TeleSemana.com, Elena Estavillo, directora del Centro-i y ex comisionada del IFT, dijo que “los derechos por pago del espectro en México se han convertido en la parte más importante del precio del espectro, lo que quiere decir que, de facto, la Secretaría de hacienda está haciendo política de inclusión digital, pero con el lamentable resultado de que restringir el desarrollo de las redes, ya que su objetivo es meramente recaudatorio”.
La segunda propuesta planteada en el informe propone “ajustar los derechos por el uso de bandas de frecuencias asignadas para servicios móviles al nivel de la referencia internacional, en adición a un esquema temporal de un pago de 1 por ciento de los ingresos de los operadores móviles”.
El IFT ha negado que estas ideas vayan en contra de Telcel para favorecer a AT&T, tal como lo reflejó El Economista. Lo concreto es que México se debe una discusión profunda sobre el espectro porque, tal como están las cosas planteadas, no se favorecerá ni el despliegue de nuevas redes y tampoco de nuevos servicios, hecho que impactara directamente en la ciudadanía. Hace unos meses, la misma AT&T debió salir a aclarar que no estaba pensando en devolver más espectro luego que se interpretaran erróneamente declaraciones de sus máximas autoridades. Parte de la confusión tuvo que ver con los distintos puntos de vista en torno al espectro entre el sector, hacienda y el Parlamento.
“El IFT correctamente está abordando una perspectiva más amplia para hacer ver cómo este enfoque recaudatoria de corto plazo no solo limita y es contraproducente para los objetivos de inclusión digital, sino que de hecho es contrario a los mismos objetivos de recaudación, porque su enfoque es estático y de corto plazo”, aseveró Estavillo. Y agregó que: “Los elevados derechos sobre el espectro han causado devoluciones de las concesiones, pero además, si lo vemos de una forma dinámica y de largo plazo, han restringido la generación de valor de esta industria, y con ello también han limitado los ingresos fiscales que se podrían derivar del mismo desarrollo económico del sector”.
Tal como lo dejó expresado la ex comisionada, la cuestión del espectro caro de este país no es nueva. En 2019, un informe de la GSMA ya advertía que se trata de uno de los más caros de la región, al menos dos veces superior al promedio de América latina. Recordó que las tasas anuales, que llegan a representar el 20 por ciento del costo total del espectro, en México trepa al 85 por ciento. De revertirse esta situación, más de 5 millones de mexicanos podrían ser conectados y reducir así la brecha digital.
La discusión comenzará a tener sus primeras impresiones el próximo 8 de septiembre. Pero seguramente en el medio también vayan ocurriendo otras cosas sobre la posición que tome cada actor de la industria en relación a esta propuesta del regulador, que entiende los cambios que está experimentando el sector y hacia dónde hay que orientar la brújula para favorecer nuevos despliegues y servicios. Y recaudar, lógicamente, con una visión concentrada en los usuarios.
La propuesta completa del IFT puede leerse desde aquí.
