Las redes comunitarias, las privadas de gobierno y el avance en estrategias de sandboxes regulatorios son algunas de las acciones en las que está trabajando la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, en línea con sus promesas de desarrollo sectorial, innovación normativa y achicamiento de la brecha digital.
Las comunidades pueden ser actores centrales en las estrategias de capilaridad de redes en las zonas más alejadas, sobre todo, cuando pueden montar y administrar sus propias infraestructuras y garantizar su funcionamiento. Los gobiernos lo saben: este tipo de estrategias propiciaron muchas oportunidades entre las poblaciones más alejadas de la Argentina, lo está implementando Colombia, y también lo promueve Brasil.
Este miércoles, en la Agencia se realizó el seminario titulado Desafíos para la Expansión Sostenible de las Redes Comunitarias en Brasil, como estrategia para “garantizar un acceso más democrático a Internet y permitir el acceso a los brasileños que viven lejos de los grandes centros”, tal como lo precisó en su apertura Carlos Baigorri, presidente de la Agencia.
“El objetivo es llevar Internet a regiones donde el acceso aún es insuficiente o inaccesible”, dijo el concejal Vicente Aquino y apostó a que esta estrategia permitirá llegar con conectividad a los pueblos tradicionales y a quienes viven en lugares de muy difícil acceso, aunque también se puso en debate qué estrategias de financiamiento de estas iniciativas garantizarán su sostenibilidad.
Por parte de las redes comunitarias, la vicepresidenta de Internet Society en Brasil (ISOC Brasil), Raquel Gatto, reflejó el escenario: aunque queda un porcentaje muy pequeño de población por conectar, “ese poquito que falta es de los más difíciles, tanto por obstáculos geográficos, con lugares de difícil acceso, como por falta de interés económico”.
Un ejemplo de estas experiencias la ofreció Aquino al referirse a la Red Comunitaria Quilombo Kalunga, una comunidad originaria ubicada en una región de difícil acceso, a 69 kilómetros del municipio de Cavalcante (GO), caracterizada por ser el mayor territorio de descendientes de quilombolas de Brasil; cuya conectividad existe y es posible por las estrategias de achicamiento de la brecha digital propiciadas por el Grupo de Monitoreo de Costos de Proyectos de Conectividad Escolar (Gape), nacido al calor de la subasta 5G.
Los otros temas que están en la agenda son las redes privadas de gobierno y, según publicó Teletime, la entidad destinada a la administración espectral – surgida en el marco de la subasta 5G, EAF- evalúa las propuestas presentadas por los proveedores para la construcción de la red celular privada del gobierno federal, tanto las vinculadas a equipos centrales y red de acceso, como para enrutadores, y hasta para la plataforma de misión crítica.
La respuesta obtenida al llamado fue “buena e incluso superó las expectativas”. En adelante, y durante alrededor de un mes, los técnicos del EAF deberán comprobar que las propuestas cumplan, en primer instancia, con los requisitos previstos por el Gobierno y, luego, se estudiará la propuesta monetaria.
¿Y el sandbox?
La Anatel viene trabajando en el desarrollo y discusión de una propuesta de un entorno regulatorio experimental, conocido como sandbox, para determinar el uso de repetidores y amplificadores de señal para el Servicio Móvil Personal (SMP) por parte de los municipios para ampliar la cobertura de ese servicio. El informe que refleja ese proceso fue liderado por el concejal Alexandre Freire.
Entre la letra propuesta -disponible aquí y aquí– se plantea, por ejemplo, que al solicitar autorización para utilizar radiofrecuencia con carácter secundario, la Anatel notificará al proveedor SMP responsable de la red a la que serán asociados los repetidores y amplificadores internos. En caso de que el proveedor de SMP decida licenciar su propia estación para cubrir el área atendida por los equipos del Ayuntamiento, el proveedor deberá informarle con al menos 15 días de antelación, para que pueda desactivar la estación.
A su vez, pone en consideración la cuestión de la calidad de servicio y pondera que los parámetros de calidad impactados por la instalación de los equipos previstos en este Entorno Normativo Experimental no se consideran en el cálculo de los indicadores de calidad del proveedor afectado.
El debate aún esta abierto y los lineamientos forman parte de una experiencia en la que las normativas buscan ofrecer la flexibilidad que la innovación demanda.
