El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile aprobó esta semana la “Política nacional de ciberseguridad 2023-2028”, que estuvo en debate parlamentario a lo largo del año, y que pone el foco en el cuidado de su infraestructura crítica, y que resume la mirada de los sectores público y privado.
“La presente política es el resultado de la participación de numerosos actores del mundo público y privado, que a través de audiencias públicas expresaron sus preocupaciones y visiones sobre los problemas y desafíos que conlleva la vida digital. La sociedad civil tuvo un rol fundamental en su elaboración a través de dos consultas ciudadanas, una previa y otra posterior a su redacción”, dice en su letra y se propone como una “readecuación del foco para los próximos años”, en relación a la normativa que ahora la precede.
Se trata de una estrategia que involucra cinco lineamientos principales, signados por garantizar infraestructura robusta y resiliente, la protección de los derechos de las personas en Internet, el desarrollo de una cultura de ciberseguridad, la creación de una gobernanza pública que coordine las acciones en el país; como también el fomento de la industria afin y la investigación científica.
“La ciberseguridad no es un fin en sí mismo. La ciberseguridad es una condición que, de existir, permite el uso pleno de Internet y de la web, herramientas habilitadoras y potenciadoras de las actividades humanas. Todos nuestros esfuerzos para enfrentar desafíos como el cambio climático y la pandemia de COVID-19, y para devolver la paz y la estabilidad política y económica al mundo, pueden verse facilitados o entorpecidos por la presencia o ausencia de las herramientas de comunicación provistas a través de las redes y sistemas informáticos”, dice la nueva normativa aprobada.
Inclusive, la publicación regulatoria en el Diario Oficial de Chile –disponible aquí-, suma indicadores que sitúan la coyuntura del país y de la región. Dice que “en el Índice Nacional de Ciberseguridad, desarrollado por Estonia y actualizado de forma continua, Chile se encuentra, al año 2023, en el lugar 53 entre 175 países, y en el 6º lugar en Latinoamérica y el Caribe, debajo de República Dominicana, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. En este ránking, que consta de 12 áreas distintas, Chile se destaca en desarrollo de políticas de ciberseguridad; la lucha contra el cibercrimen, y operaciones militares; pero se queda atrás en protección de servicios esenciales; protección de servicios digitales, gestión de crisis y protección de datos personales”.
Como estaba previsto, el país impulsará la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que opere como órgano rector, con facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias; además de dar vida al Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional), para atender las necesidades y requerimientos específicos, entre otras acciones.
Resulta conveniente recordar que indicadores oficiales señalaron que la región sufre más de 1.600 ataques por segundo; y que Chile, Perú y Costa Rica fueron tres naciones muy afectadas por ataques de ramsonwares que afectaron su normal condicionamiento. Tal como sucede en Chile, en Costa Rica también se tradujo en la creación de una política de estado específica. Con diferentes estrategias, la clave pasa por resguardar la infraestructura crítica.
