Después de meses de consulta pública, de observaciones, de planteos de parte de las operadoras, la Comisión Reguladora de las Comunicaciones de Colombia (CRC) publicó las nuevas medidas que regirán a los servicios móviles. Impactarán en la portabilidad y en el roaming como también a nivel de la infraestructura, aspectos que fueron revisados con el objetivo de mejorar la competencia y equilibrar las condiciones entre los distintos prestadores que actúan en este país. Se trata de definiciones que generaron constantes tensiones entre los actores, particularmente de Claro Colombia que ya cuestionó la nueva normativa.
La resolución 7285 de la CRC contempla las medidas que regirán al mercado de ahora en más. De manera específica, se modificaron los plazos para realizar los trámites de portabilidad numérica. El usuario elegirá el día a partir del cual tendrá la portación efectiva, dentro de una franja horaria establecida entre las 8 am y las 4 pm de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. “Su número deberá ser activado en la ventaja de cambio del día calendario siguiente”, se estableció en la norma. Esta medida comenzará a regir a partir del próximo 1° de mayo.
Las operadoras tendrán la obligación de publicar información sobre los planes tarifarios y las promociones en marcha. Antes de que el usuario acepte una promoción, la operadora deberá informarle sobre las condiciones y restricciones de la misma y tendrá que guardar esa información durante, al menos, seis meses, para que el usuario la consulte cuando lo desee. “La comunicación de promociones y ofertas deberá incluir la vigencia, el precio y la capacidad/cantidad de los diferentes productos ofrecidos”, agrega la resolución. Esta disposición entrará en vigencia a partir del próximo 1° de agosto.
Se incluyó, además, la obligación de disponer de oficinas físicas en las ciudades capitales de Leticia, Inírida, y Puerto Carreño, localidades alejadas, ubicadas en zona selvática, de la Amazonia en el caso de las dos primeras, y de la Orinoquía, en el caso de Puerto Careño. En este caso se trata de la instalación de oficias por un lapso de nueve meses desde el 1° de abril al 31 de diciembre de 2024.
Luego siguen los cambios que parecen generar mayores controversias en el mercado. Por un lado, la resolución dispuso aclaraciones respecto de las obligaciones frente al acceso a la instalación esencial de RAN en zonas geográficas que no han sido solicitadas por el proveedor de red de origen (PRO) inmediato.
A esto se suma la actualización del listado de municipios donde aplica la tarifa mayorista RAN de manera inmediato y la modificación de las condiciones de aplicación de la tarifa regulada de remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional (RAN) inmediato, y la obligación de reportar información a la CRC sobre infraestructura pasiva de torres, hecho que comenzará a tener vigencia a partir del próximo 1° de abril.
Desde la CRC explicaron a TeleSemana.com, que este último punto apunta a “contar con esta información que los demás operadores puedan consultar para que puedan adelantar, de buena fe, negociaciones para su compartición”. En otras palabras, uno de los objetivos que promueve la nueva regulación es fomentar la compartición de infraestructura como modo de acelerar los despliegues de infraestructura. La transparencia de la información es considerada por el regulador como una forma de incentivar las inversiones, tanto de cara a los consumidores como al regulador.
La nueva normativa, que puede descargarse desde aquí, fue cuestionada por Claro Colombia, como era de esperar. El mayor operador de telecomunicaciones de este país viene teniendo una relación ríspida con el regulador. Desde la segunda mitad de 2023 se ocupó de dar a conocer su postura sobre las condiciones de competencia existentes en este mercado, y esta vez también sentó posición en relación a la resolución publicada, por considerar que sólo afectan a Claro Colombia.
“Las medidas anunciadas por la CRC esta semana obligan a Claro, y sólo a Claro, a suministrar su infraestructura a tarifas 53 por ciento menores. Este es un subsidio de Claro a sus competidores, impuesto por esta regulación. La decisión, lejos de promover la competencia, reducirá las inversiones en el país”, dijo a través de un comunicado.
Agregó que, “en consecuencia, los usuarios no experimentarán mayor calidad de servicio ni mejores precios, especialmente en las zonas rurales y poblaciones marginadas de la conectividad, dificultando alcanzar la meta del Gobierno Nacional de conectar al 85 por ciento del país al Internet de banda ancha. Con estas medidas se afecta la inversión que es necesaria para mejorar la conectividad del país en beneficio de los colombianos”.
Hace unos días, la subsidiaria de América Móvil anunció que invertirá 500 millones de dólares en el despliegue de 5G más los cargos de espectro surgidos de esta licitación y de las renovaciones de contrato que comenzaron en 2023 y culminarán en este 2024. También sostuvo que ese monto se duplicaría en caso de que las condiciones de mercado así lo permitieran.
Previo a ello y, prácticamente en las vísperas de la nueva regulación, un grupo de operadoras de telecomunicaciones, entre ellas Tigo, Movistar, ETB y Wom, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en donde pidieron corregir las fallas de competencia existentes en el mercado móvil, y controlar la posición dominante de Claro.
Entre los argumentos esgrimidos para pedir esta corrección, dieron cifras sobre el negocio, y aseveraron que sobre 100 pesos colombianos que se facturan en el sector en este país, 50 quedan en poder de Claro y el resto se reparte entre el resto de las compañías que forman parte del sector. “Las cifras de la situación descripta son contundentes. Mientras que en el 2017 cuatro operadores de los ocho que existían presentaron utilidades positivas, hoy tan solo dos de los once operadores, uno de ellos Claro, el operador dominante, presentan ganancias, sin dejar de lado que, dos de los existentes en 2017, terminaron cerrando”, subrayaron en la misiva.
También señalaron que mientras en siete años las operadoras de red han invertido 100 billones de pesos colombianos (más de 25.000 millones de dólares), Claro desembolsó 20 billones de pesos colombianos (unos 5.100 millones de dólares) en el mismo período. En sus rondas de prensa, Claro Colombia destacó que sus inversiones en los 30 años de actuación en este mercado superaron los 16.000 millones de dólares.
Lo cierto es que, Claro de un lado, y el resto de los operadores de otro se enfrentaron y defendieron con cifras que refuerzan sus argumentos para invalidar el de los otros. La CRC acaba de publicar su nueva normativa y, a medida que vayan entrando en vigencia las disposiciones, se verán los impactos en el mercado.
Esta historia, como tantas otras en la industria, también continuará.
