La intención de implementar estrategias de fair share es un tema de debate caliente y vigente, en el mundo y en la región. En Brasil, por caso, un proyecto legislativo busca impedir que los operadores le exijan cualquier tipo de tributo a los proveedores de contenidos de Internet.
En las últimas semanas, y en el marco del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC2024) el fair share fue puesto en debate. Por un lado, la GSMA publicó un documento en el que explica su mirada sobre la coyuntura y sobre la ecuación de costos y de tráfico que vuelven “esencial” el empezar a compartir el gasto operativo. Por el otro, protagonistas del porte del analista John Strand cuestionaron la forma de abordarlo.
En el caso de Brasil, el tema tiene vigencia desde un tiempo largo. Hace dos meses, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) publicó su agenda anual regulatoria, entre cuyas urgencias planteó la necesidad de volver a debatir acerca de mecanismos de financiamiento, como el de la contribución justa.
El último miércoles de febrero, el diputado David Soares, por el partido União Brasil, quien fuera miembro del Consejo Asesor del regulador hasta el 16 de febrero, presentó el proyecto de ley 469/2024 en el que propone prohibir que los operadores telcos cobren una tarifa a las consideradas big tech, tal como lo reflejó la prensa local. Hoy, la letra está pendiente de ser enviada por la junta directiva de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley -que está disponible aquí- propone agregar a la Ley N° 12.965, de Marco Civil de Internet, la prohibición a los proveedores de Internet de imponer cargos por la generación de tráfico de datos, con el objetivo de garantizar los principios de neutralidad de la red, de aquella ley que este abril cumple una década enarbola.
“Desde los inicios de Internet en Brasil hasta la actualidad, los cargos de conexión a Internet se han basado en el principio de que los usuarios del servicio deben ser los responsables de pagar por su uso. Este modelo debe persistir para garantizar la distribución equitativa de los costos y el mantenimiento de la infraestructura de red. De hecho, es un principio muy lógico y en armonía con cobrar por varios otros servicios, incluidos los esenciales, como el agua y la energía”, dice en sus primeras líneas argumentativas.
Y agrega: “Propuestas recientes –que sugieren que algunos proveedores de aplicaciones de Internet, como grandes plataformas de streaming, las redes sociales y otras que generen un volumen importante de tráfico deben contribuir financieramente para los costes de infraestructura de los proveedores de conexión de Internet: son realmente extraños”.
El autor de este proyecto advierte, allí, que el enfoque de participación justa “entra en conflicto con varios principios, incluido el de la neutralidad de la red. Este principio, fundamental en el Marco Civil de Internet, determina que todos los datos en Internet deben ser tratados por igual por proveedores de conexión. Esta igualdad de trato implica que no se introduzca ningún tipo de discriminación o cobro diferencial por contenido, destino, origen o volumen de tráfico”, al tiempo que pondera que, en caso de que así sucediera, podría restringir la libre competencia e innovación en Internet, “ya que utilizaría el volumen de tráfico como principio de discriminación contra determinados proveedores de aplicaciones de Internet”.
Otro aspecto que considera negativo es que podría colisionar con el Código de Protección al Consumidor (CDC), porque “llevaría a una confusión conceptual” al tratar a los proveedores de datos que son consumidos por el usuario final también como consumidores, a efectos de tarificación de la conexión.
Y el costo también podría verse impactado. “Desde esta perspectiva, la implementación de la carga diferencial para los proveedores de servicios en función de su tráfico de datos puede dar lugar a una transferencia indirecta de estos costes a los consumidores finales”, dice entre sus líneas argumentales. Por ello, insta a “introducir el art. 9º-A al Marco Civil da Internet, estableciendo la prohibición a los proveedores de conexión a Internet de implementar cargos específicos para los proveedores de aplicaciones de Internet en función de la cantidad de tráfico de datos generados”.
