El del fair share es un viejo debate del sector en el mundo pero también en la región, y Brasil busca levantar esta bandera que no termina por adoptar alguna forma en particular. Este lunes, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) publicó su Agenda Regulatoria, que está alineada con el Plan Estratégico y cuyos lineamientos fueron puestos en consulta pública para debatir, por ejemplo, en torno a la contribución justa, hasta el 15 de abril.
El item 6 de la agenda regulatoria para el bienio 2023-2024, que plantea el otorgamiento de financiamiento al sector, plantea nuevamente el debate de la contribución justa, ya puesta en consulta pública a mediados de 2023, cuando se recibieron mas de 600 comentarios.
Lo cierto es que, en esta oportunidad, la Anatel prevé realizar un evento virtual, el 29 de enero, para presentar los nuevos subsidios del Reglamento de Deberes de los Usuarios, en el contexto del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), y abrir el debate.
Brasil cuenta con un Reglamento General de Derechos del Consumidor de Servicios de Telecomunicaciones (RGC), en el que se establecen los deberes generales a ser observados por los consumidores. Pero en este Reglamento de Deberes de los Usuarios, la Agencia busca evaluar la necesidad de definir reglas específicas para los grandes usuarios, para aquellos que exigen alguna regulación diferente, o para quienes hacen un uso masivo de las redes de telecomunicaciones.
Para la agencia, esta regulación deberá “abordar los riesgos de desequilibrio entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los de Servicios de Valor Agregado (VAS), con la posibilidad de repercusiones en la conectividad y el ecosistema digital, por ejemplo”.
Y el señalamiento se hace porque la normativa vigente, la Ley General de Telecomunicaciones, trata como usuarios a los proveedores de SVA y bajo esa clasificación se inscriben las plataformas digitales. Este debate -abierto aquí– permite abordar aspectos como el uso de las redes, el desequilibrio entre los agentes del ecosistema digital, la protección del consumidor, la competencia, las inversiones en infraestructura de redes y las medidas de transparencia.
Hace un semestre, los operadores habían planteado la necesidad de abordar este debate, inclusive, la reducción impositiva. Y la Anatel respondió con una consulta pública que, al momento de definir su contexto, en su letra hacía referencia al principio de neutralidad de la red, a que el contexto actual está signado por grandes conglomerados digitales, y que una mala experiencia de conectividad por parte del usuario involucraría el cambio del prestador de telecomunicaciones.
Inclusive, cita el ejemplo de las 10.000 quejas recibidas durante el primer semestre de 2023 en la Agencia, vinculadas al consumo de servicios OTT, “lo que indica una clara confusión entre los consumidores sobre el posicionamiento de cada agente entre las diferentes capas de la cadena de valor digital”.
“Internet siempre ha sido entendida como un entorno de libre circulación de información, constituyendo un bien público, o incluso un derecho de la humanidad. En esta perspectiva, varios actores del ecosistema señalan el riesgo inherente a cualquier cambio causado por motivaciones económicas”, dice y advierte que “los reclamos de los titulares de infraestructuras de telecomunicaciones en el contexto de los debates comúnmente llamados ´contribución justa´ o ´fair share´ serían ilustrativos del peligro (…). Dado el control técnico sobre recursos de conexión, la legitimación de prácticas consideradas discriminatorias en el tráfico – aunque sea de forma indirecta, como en la diferenciación de precios- terminaría creando verdaderos guardianes de la información, guiados por una lógica meramente comercial, desconectada de los intereses de la mayoría”.
“A escala global, los efectos de tales medidas serían aún más dañinos. Frente a las tasas y cargos relacionados con el tráfico o “tarifas de red”, se alentaría a las plataformas a restringir sus ofertas a mercados con mayor poder adquisitivo, enajenándose de todo el ecosistema digital, y sus beneficios para la humanidad, a países en desarrollo o menos desarrollo relativo”, dice el texto oficial que data de 2023.
