Se trata de la SGD/MGI n.º 6.545/2025, que reglamenta el Decreto n.º 12.428, que este miércoles publicó el Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos (MGI) y mediante la que regula la compartición de datos de domicilios residenciales de los clientes de servicios públicos, incluidas las empresas de telecomunicaciones, para avanzar con la calificación de los registros de beneficios de la seguridad social.
La normativa –disponible aqui– atravesó dos procesos de consulta pública (en mayo y junio), y busca definir los procedimientos y plazos para la compartición y actualización, por parte de las empresas, de los datos de las direcciones residenciales de los ciudadanos.
En Brasil, una parte significativa de la población está potencialmente cubierta por alguna póliza de seguridad social, que abarca la atención médica, la asistencia social y la seguridad social; aunque el análisis del caso está centrado en los datos de CadÚnico, que representa a más de 95 millones de personas o 41 millones de familias. El CadÚnico, por caso, fue el instrumento elegido para repartir las antenas parabólicas que permitieron la evolución de la televisión local (como también la liberalización de espectro radioeléctrico).
Pixabay – Elchinator
“Estamos mejorando la base de datos que respalda el ciclo de formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas de seguridad social”, dijo Rogério Mascarenhas, secretario de Gobierno Digital y agregó que “al establecer estas directrices, fortaleceremos los mecanismos de integración entre sistemas y ampliaremos la capacidad de identificar y validar la residencia y la composición familiar de los beneficiarios”. Se refirió, en particular, a que esta medida contribuirá a la eficacia de programas como el Pago Continuo de Beneficios (BPC) y el Bolsa Familia, además de favorecer la eficiencia del gasto público y la protección de los datos de los ciudadanos.
Este intercambio estará condicionado por las normas de la Ley General de Protección de Datos Personales (N.º 13.709, sancionada en agosto de 2018) y por nuevas medidas de protección de datos ad hoc, vinculados a la seudonimización de datos. Es decir, que los datos personales se modificarán al momento de su intercambio para que no puedan asociarse directamente con una persona; sumado a que para que un ciudadano sea identificado será necesario contar con información adicional sólo disponible para los órganos encargados de la prestación, como el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social (MDS).
Este tipo de herramientas fueron implementadas al momento de las inundaciones que azotaron a Rio Grande do Sul (RS) en 2024, y cuya ayuda pudo ser vehiculizada de forma personalizada y verificada.
El cronograma establece, para las empresas de telecomunicaciones, un plazo de 30 días para proveedores con 2.000.000 o más puntos de acceso; 60 días para aquellos que poseen entre 90.000 y 1.999.999 puntos de acceso; y 90 días para los que poseen entre 2.000 y 89.999 puntos de acceso.
En las próximas semanas, la Secretaría de Gobierno Digital publicará, a su vez, el manual de intercambio de datos, con estandarización técnica acordada con las empresas y con organismos reguladores como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
En sintonía con este anuncio, se celebró la primera reunión del Comité Asesor de la Estrategia Nacional de Gobierno Digital (ENGD), que fue creada en 2024 para supervisar la implementación del plan, formular recomendaciones e impulsar iniciativas de gobierno digital en las entidades federativas. El horizonte del plan alcanza hasta 2027 e incluye avances en Gestión y Gobernanza, Calidad de los Servicios Públicos, Identificación Ciudadana Única e Inteligencia de Datos.
En esta estrategia abrevan esfuerzos de todos los organismos, pues se enlistan representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), el Ministerio de Comunicaciones (MCom), la Casa Civil de la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República (CGU), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Educación (MEC), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); junto a otros expertos de gobierno, de la sociedad civil, la academia y la comunidad científica.
“Nuestro principal objetivo es promover un gobierno para cada persona, reconociendo que las tecnologías brindan oportunidades y empoderan a las administraciones públicas y a las personas , permitiendo al Estado actuar de forma aún más personalizada e inteligente” dijo Luanna Roncaratti, subsecretaria del SGD. La funcionaria admitió que esta convocatoria es “sobre todo, una invitación a una escucha atenta y un intercambio enriquecedor para abordar todas las oportunidades que presenta el escenario de la transformación digital”.
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