Unos 16,79 millones de colombianos están en condición de pobreza digital, cifra que equivale al 37,8 por ciento de las personas mayores de 11 años y que advierte que sufren privaciones vinculadas a la falta de acceso a los servicios de conectividad, a los dispositivos o porque carecen de habilidades digitales. La cifra surge del recién estrenado Índice de Pobreza Digital (IPD), lanzado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la Dirección de Desarrollo Digital (DDD), para confirmar la necesidad de “fortalecer la inclusión digital como parte integral de la política social del país”. El anuncio involucró, además, propuestas.
Los elementos que constituyen a la brecha digital son tantos y tan determinantes, que la distancia entre quien se conecta con todas las condiciones simbólicas y materiales ideales, y quien las carece por completo, sólo se profundizan.
Sólo basta recordar que hace pocas semanas fue la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la que destacó a la conectividad 5G como el estándar de la buena conectividad y advirtió que su expansión y uso está relegada a las regiones y a las poblaciones con mayor y mejor poder adquisitivo; a la vez que se estimó que este 2025 culminaría con unas 2.200 millones de personas desconectadas de Internet.

Imagen creada con IA
Sobre el desarrollo de la industria en Colombia hay mucho para contar. Ejemplos de ese horizonte están presentes en el informe ad hoc que TeleSemana.com acaba de publicar con las perspectivas de la industria. Y, en lo que a este IPD respecta, se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que el país plantea como una contribución a la transformación social “mediante el reconocimiento de nuevas dimensiones de la pobreza y el fortalecimiento de la apuesta por superar las privaciones como base de la dignidad humana”.
Datos y propuestas
Colombia cuantificó que, al cierre de 2024, el 31,8 por ciento de su población estaba en condición de pobreza monetaria y que, a su vez, el 11,5 por ciento padecía de una pobreza multidimensional, esta última, desde una perspectiva que advierte a la transformación digital como un factor que posibilita el ascenso social y que impide la profundización de las desigualdades.
También identificó que había una correlación entre desconexión digital y pobreza, dado que el 61,8 por ciento de los hogares que registraban los menores niveles de ingresos del país también carecía de conectividad a Internet; frente al 6,2 por ciento de la población con mayores ingresos. Lo obvio: una brecha de 55,6 puntos que refleja la distribución desigual, no sólo de la virtualidad.

Fuente IPD
“La pobreza digital puede profundizar los ciclos de pobreza existentes y contribuir a la consolidación de una trampa de pobreza, concepto que alude a un conjunto de condiciones que impiden a las personas mejorar su bienestar ya sea por desconocimiento, falta de recursos, o capacidades para invertir en su propio desarrollo, limitando sus oportunidades de mejorar sus ingresos y condiciones de vida, perpetuando así su situación”, dice el reporte publicado al calor de la presentación del IPD. Allí se plantea la necesidad de desarrollar “políticas públicas activas de inclusión digital, que combinen la reducción de barreras económicas con el fortalecimiento de competencias digitales, la provisión de infraestructura y la promoción de un acceso universal y asequible a internet”.
Esto, a su vez, involucró el establecimiento de cinco objetivos de relevamiento de brechas: identificar y cuantificar las privaciones digitales específicas que enfrenta la población colombiana; focalizar eficientemente los recursos y esfuerzos gubernamentales hacia las áreas y grupos más afectados por la pobreza digital; monitorear el progreso en la reducción de la exclusión digital a lo largo del tiempo; informar el diseño de intervenciones específicas que aborden las distintas dimensiones de la pobreza digital (acceso, habilidades, uso); y complementar los indicadores tradicionales de pobreza, aportando una comprensión más integral del bienestar y las oportunidades de las personas en la era digital.
El resultado de este cruce de variables es que unas 16,79 millones de personas están en condición de pobreza digital, lo que equivale al 37,8 por ciento de las personas mayores de 11 años.
En un documento que acompaña a la presentación del índice – que puede consultarse aquí- se ofrece, por ejemplo, un mapa de calor de las habilidades digitales en que se evidencian los usos y las incapacidades, generales y segmentados por condición económica, género, ubicación, formación educativa y otras variables. En todos los casos y casi sin distinciones, es casi nula la posibilidad de “publicar o intercambiar opiniones sobre las características y calidad de un bien o servicio”.

Fuente IPD
Entre las conclusiones se destaca la constatación de que la pobreza digital es estructural, que la incidencia del fenómeno es mayor en zonas rurales, y que existe una íntima vinculación entre el nivel económico y la pobreza digital dado que ésta disminuye con la mejora monetaria. Y ofrece dos tipos de recomendaciones, técnicas y de política pública.
Entre ellas, insta a la acción coordinada entre el sector público y privado para “promover una sociedad digital activa, que combine expansión de infraestructura, con programas de asequibilidad y desarrollo de capacidades digitales, y que priorice las zonas rurales, los grupos vulnerables y los segmentos poblacionales más empobrecidos; especialmente en la Amazonía, donde ya hay propuestas de despliegues en curso.
También plantea la necesidad de crear mecanismos de subsidios y financiamientos (en sintonía con la iniciativa legislativa que hace un catrimestre propuso generar un mecanismo de subsidio a la demanda) o instancias de circularidad y reciclaje tecnológico que facilite la asequibilidad de los dispositivos; a la vez que cruzar bases de datos de los diferentes organismos de gobierno para poder hacer un abordaje integral del tema.
Seguramente, el abordaje del IPD sirva como insumo para el futuro. Sucede que durante el primer semestre de 2026, Colombia desarrollará su proceso electoral completo, primero con comicios para elegir congresistas el 8 de marzo y, luego, será el turno de las presidenciales, el 31 de mayo.
Debe estar conectado para enviar un comentario.