La Comisión Europea acaba de presentar su propuesta de Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés) y, con ello, impulsar un profundo cambio normativo que actualice la regulación antecesora, vigente desde hace casi una década. Sin embargo, la coyuntura global y las tensiones de la geoestrategia, pero también los desafíos de inversión y monetización de las operadoras de telecomunicaciones, sembraron el debate.
La ley DNA propone actualizar un marco normativo que existe en Europa desde 2018, cuando la inteligencia artificial y 5G no eran más que promesas de laboratorio, y el mundo aún exhibía fronteras más terrestres que digitales. Pero todo cambió, la reconfiguración de la geopolítica global está en pleno movimiento de sus placas tectónicas, donde la innovación tecnológica y las redes de telecomunicaciones juegan un lugar central. Se trata de una letra que introduce cambios que pueden ser estratégicos para la industria pero que, no por ello, dejó de suponer objeciones de su parte.
La DNA y sus detalles
La propuesta normativa de la DNA se presenta como una estrategia para “modernizar, simplificar y armonizar las normas de la Unión Europea (UE) sobre redes de conectividad” y llevar al plano digital la lógica del “mercado único”.
“Las normas actuales deben actualizarse para crear las condiciones para que los operadores inviertan en el despliegue de redes avanzadas de fibra y móviles. Las redes de alta capacidad permiten tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial y la nube. La amplia disponibilidad de conectividad avanzada para las personas y las empresas en toda la UE es la base de la competitividad de Europa”, dice el anuncio.
A grosso modo, la idea apunta a “facilitar” que las empresas presten servicios en toda la UE pero con la exigencia de registrarse en un solo Estado miembro; “incentivar” la creación de servicios paneuropeos de comunicación satelital a través de un marco de autorización del espectro a escala de la UE (en reemplazo de la actual escala nacional); otorgar licencias de espectro más largas y renovables por defecto “para aumentar la previsibilidad”; facilitar el uso compartido del espectro entre operadores y la cooperación voluntaria entre los proveedores de conectividad y el resto de la cadena de valor, como los proveedores de aplicaciones de contenidos y de servicios en la nube).
Imagen creada con ChatGPT
La propuesta también introduce la necesidad de avanzar en el reemplazo de redes de cobre por las avanzadas, por valorar que las heredadas “no se ajustan a la ambición de hacer de las tecnologías innovadoras” y plantea la necesidad de introducir planes nacionales de transición obligatorios para garantizar la eliminación gradual de las redes de cobre y la transición a redes avanzadas, entre 2030 y 2035. El punto de partida sería 2029, año para el que deberían publicarse todos y cada uno de los planes nacionales.
Además, se presenta una propuesta de simplificación normativa y mayor flexibilidad para las relaciones entre empresas, además de incorporar nuevos parámetros de servicios en situación de crisis (catástrofes naturales y/o las injerencias extranjeras en redes), con foco en la seguridad y la resiliencia.
“La innovación europea comienza con una Europa verdaderamente conectada”, dijo Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, y agregó que “una infraestructura digital resiliente de alto rendimiento es esencial para reforzar el liderazgo de Europa en innovación, competitividad y soberanía digital”.
“La conectividad avanzada y accesible permitirá a las empresas emergentes aprovechar el potencial de la IA y a los médicos atender a los pacientes de forma remota, rápida y segura. Nuestro objetivo es un entorno digital donde las nuevas tecnologías estén fácilmente disponibles, sean asequibles y se basen en reglas justas y confiables que beneficien a las personas”, sostuvo Virkkunen sobre una propuesta que está disponible aquí y cuyo próximo paso involucra presentarla al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación.
Una de cal y otra de arena, para las telcos
La relación con las grandes generadoras de tráfico y plataformas digitales (como Netflix, Google o Meta) es compleja para las operadoras de telecomunicaciones, sobre todo porque desde hace décadas y sin suerte plantean la necesidad de compartir el gasto en infraestructura. Esta propuesta normativa plantea una alternativa al debate: evita imponer una tasa directa (porque la CE ya advirtió al sector que la clave pasa por el negocio) y abre el juego para generar instancias de cooperación voluntaria vinculada a la sostenibilidad de las redes; cuyo déficit de inversión ya fue varias veces estimado pero también cuestionado por los reguladores, como fue el caso del belga BEREC.
La cuestión del espectro radioeléctrico también está en el foco del debate. Esta normativa transforma el acceso de las operadoras a las frecuencias vitales para el desarrollo de 5G y 6G al extender las licencias y facilitar una armonización regional para que tengan allanada su presencia en toda la UE.
Esto, además, se suma a una mayor simplicidad administrativa y una innovadora flexibilidad hacia la consolidación y fusión empresaria transfronteriza, tendientes a reducir la burocracia y a apoyar el desarrollo de nuevas escalas de negocio que fomenten la competencia global.
El fin del uso de redes de cobre hacia 2035, pero también la expresa exclusión de algunos proveedores de equipos (como es el caso de los de origen chino Huawei o ZTE) y la obligatoriedad de sustituir los existentes en un plazo de 36 meses, plantea fuertes desafíos de inversión.
Para la ex Etno “se perjudica la competitividad del sector”
Y en ese sentido se expresaron las asociaciones que reúnen al ecosistema telco, como es el caso de la ex ETNO -ahora Connect Europa-, que calificó con dureza la iniciativa: “El proyecto de ley parece ser una continuación del statu quo, carente de propuestas transformadoras para impulsar la inversión tan necesaria”, razón por la cual se planteó la necesidad de “mejorar los incentivos a la inversión en fibra, la simplificación y la igualdad de condiciones”.
“La DNA identifica acertadamente la conectividad como un factor clave para lograr la competitividad europea y la soberanía tecnológica. Acogemos con satisfacción los nuevos objetivos de la propuesta legislativa, que ahora exige explícitamente reforzar la competitividad, crear un mercado único y promover la inversión en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, consideramos que no se reflejan suficientemente en las medidas reales previstas en el texto, a la vez que se han añadido complejidad y normas adicionales a lo largo de la propuesta”, dijo la ex Etno en su comunicado y advirtió que “en un entorno geopolítico en rápido deterioro, la UE ya no puede permitirse el exceso de regulación, la fragmentación y la falta de inversión”.
Entre las propuestas sectoriales, se subrayan las ya elevadas a Bruselas, en la que se expuso la necesidad de “reducir la regulación ex ante a nivel nacional” y “favorecer la aplicación de la normativa de competencia ex post”. Planteó la necesidad de promover el despliegue de fibra, “en lugar de establecer fechas arbitrarias para la desconexión del cobre”, y valoró que “las normas de transición propuestas prevén procedimientos complejos y onerosos, que prevemos tendrán efectos indeseados que inhibirán la competencia, la inversión y la elección de los clientes”.
“Los más de 200 artículos del borrador de la DNA aumentan la burocracia y generan duplicaciones en áreas como la privacidad y la protección del usuario, lo que perjudica la competitividad del sector sin ningún beneficio significativo para el consumidor”, sentenció.
Y continuó: “La competitividad y la soberanía de Europa en los mercados tecnológicos globales exigen que establezcamos condiciones justas y competitivas también para los operadores de telecomunicaciones. Esto implica eliminar las asimetrías regulatorias que actualmente lastran a nuestro sector, pero también establecer un mecanismo de arbitraje obligatorio en los mercados de tráfico de datos. Las medidas voluntarias contribuirán poco a alcanzar negociaciones de igualdad con los grandes gigantes tecnológicos”, dijo el organismo en el anuncio en el que solicitó también un “fuerte apoyo a la ambición del espectro” para desarrollar 5G y 6G, a la vez que “garantizar la certidumbre regulatoria tanto en los servicios especializados como en la segmentación de red, para que los operadores puedan ofrecer servicios 5G avanzados e innovadores a sus clientes”.
“Si no corregimos el enfoque fragmentado y restrictivo actual, Europa corre el riesgo de quedar aún más rezagada respecto a otras regiones del mundo en 5G avanzado”, advirtió el organismo sectorial.
Con todo, el debate está abierto. También la certeza europea de que el camino hacia la soberanía de las comunicaciones comenzó hace tiempo, como una necesidad estratégica y para las que se abrevan inversiones.
Un paso ambicioso hacia la soberanía, condicionado por el consenso. La propuesta de la DNA representa un intento grande para que Europa se reposicione en el tablero geopolítico tecnológico; pero el éxito dependerá de su capacidad para resolver la histórica tensión entre las exigencias de inversión de las operadoras y las estrategias de los reguladores.
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