Regulación y más regulación. A horas de que un nuevo Foro Virtual de Regulación capte la atención regional y propicie espacios de debate sobre los desafíos normativos de la industria, en América Latina y el Caribe se anuncian nuevos lineamientos para enmarcar el uso de la inteligencia artificial (IA) con visos éticos. Por un lado, Ecuador publicó su “Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la IA” (EFIA-EC); a la vez que Colombia difundió su “Guía Ética para la Implementación, Desarrollo y Uso de Sistemas de Inteligencia Artificial en Entidades Públicas locales”. Dos enfoques, un mismo espíritu.
La EFIA de Ecuador: algo más que una hoja de ruta estratégica
Ecuador tiene una estrategia nacional para el uso y desarrollo de la IA: la EFIA-EC. Se trata de una medida que fue recientemente publicada en el Registro Oficial Año l Primer Suplemento No. 206 del 19 de enero de 2026, y que involucra la aprobación de una hoja de ruta hasta 2029.
Imagen: Juanedc / Flickr
“Este documento reconoce que la IA representa tanto una oportunidad como un desafío para el desarrollo sostenible e inclusivo del Ecuador. Por tal motivo, se propone una visión que fomente e impulse la innovación pública, tecnológica y científica y el desarrollo tecnológico, manteniendo aspectos éticos y responsables, aprovechando su diversidad cultural, lingüística y las brechas socioeconómicas existentes”, dice la normativa publicada aquí y plantea el horizonte de su aplicabilidad a cuatro años, aunque “sin comprometer presupuestos específicos, y enfocándose en acciones coordinadas entre entidades gubernamentales y el sector privado”.
Allí se precisa que el viceministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) y que la Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Economía Digital fueron elegidas como las “áreas responsables de la creación de la Estrategia; además de ser quienes deban darle seguimiento y actualización periódica.
También, que la Estrategia se creó con los aportes de expertos, de la academia, de ciudadanos y de las mejores prácticas globales, como la Guía del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, por su sigla en inglés) para políticas públicas de IA, “para garantizar que la IA beneficie a todos los ecuatorianos, con especial atención a las áreas rurales, comunidades indígenas y pequeñas empresas”; y que se sustenta con otras normativas vigentes, como la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Protección de Datos Personales.
La pregunta es en qué coyuntura se inscribe el anuncio y la propia EFIA-EC lo despeja a través de un diagnóstico que repasa las claves del ecosistema local, en el que advierte que “la adopción, el uso y desarrollo de la IA, en un entorno ético y responsable, aún enfrentan barreras significativas que limitan su aprovechamiento pleno”.
Cita, por ejemplo, al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) donde se ubica al país entre los “adoptantes tardíos” y se precisa que sólo el 0,44 por ciento del PIB está destinado a investigación y desarrollo (I+D). Y aunque se advierten iniciativas limitadas de I+D en universidades locales (como la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Politécnica Nacional y Yachay Tech), también se reconoce la débil articulación entre actores (academia, industria y sector público).
En términos de infraestructura, cita datos oficiales que advierten una desigual cobertura de internet: del 73,6 por ciento en zonas urbanas y del 48,1 por ciento en rural; que la brecha digital se profundiza entre las poblaciones vulnerables y que el costo de conectividad es superior al promedio regional y al propuesto por la UIT, del 5,4 por ciento del ingreso mensual per cápita frente al dos por ciento ideal.
Pero no sólo eso. Plantea que Ecuador enfrenta limitaciones estructurales vinculadas a la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de datos; a los recursos humanos calificados y a las normativas específicas, que en muchos casos no tienen consolidada su estructura de gobernanza, como es el caso de la de protección de datos personales; o que carecen de lineamientos ad hoc, como para la responsabilidad algorítmica.
Sucede que la cuestión regulatoria importa y está en la agenda. Ejemplo de ello, por estas horas fue el Mintel, el órgano que lanzó una consulta pública para recoger comentarios y observaciones sobre el Plan Regulatorio Institucional 2026; enmarcado en la sanción de un Decreto Ejecutivo de 2024 que impone procesos de mejora regulatoria periódica. Este llamado vencerá el 11 de febrero de 2026 y está disponible aquí.
Colombia quiere que el uso público de la IA sea ético
La novedad que se conoció en la costa caribeña en el comienzo de 2026, involucra la publicación de una Guía Ética para la Implementación, Desarrollo y Uso de Sistemas de Inteligencia Artificial en Entidades Públicas, creada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinTIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Lo cierto es que esta apuesta colombiana en materia de IA ya acredita casi un año de existencia y posee un presupuesto destinado, luego que se aprobara el Consejo Nacional de Política Económica y Social del país (CONPES 4144). La apuesta se enmarca en una estrategia aún más amplia, presentada como PotencIA Digital, que propone la implementación de un modelo de gobernanza, pero también desembolsos públicos superiores a los 116 millones de dólares hasta 2030 para concretar 106 acciones de desarrollo (de ética y gobernanza, de datos e infraestructura; de investigación, desarrollo e innovación; de desarrollo de capacidades y talento digital; de mitigación de riesgos; y de uso y adopción).
Foto de Raymond Teeuw en Unsplash
Si se compara con el caso ecuatoriano, en Colombia el uso de Internet llega al 79,3 por ciento de las personas a nivel nacional, aunque en algunas regiones como el Amazonas, valorada la peor conectada del país, apenas llega al 57 por ciento. Esto explica por qué se abrevan los esfuerzos para llegar con enlaces, también a estos puntos más remotos. Inclusive, los datos oficiales precisan que la Internet al hogar llegó al 65,6 por ciento de los hogares hasta 2024, y que el promedio rural no superó el 41,9 por ciento. A esto se suma que el país hizo múltiples esfuerzos por erigirse en un hub digital y que se tradujo en el desarrollo de normativa habilitante, pero también en el desembarco de inversiones en nube e infraestructura de procesamiento de datos de diferente porte.
Pero volviendo a la Guía Ética, el objetivo es garantizar el tipo de uso que se le dé a la IA en la gestión pública local, además de consolidar la implementación del CONPES 4144. Para esto, inclusive, el gobierno local tomó como referencia a estándares internacionales desarrollados por la OCDE, la UNESCO, las Naciones Unidas y el Alan Turing Institute; pero adaptados al contexto local.
Al momento de precisar la importancia de esta guía, que está disponible aquí, la DNP aseguró que “la IA ya está transformando la gestión pública y el país requería de principios claros y una hoja de ruta ética para su implementación en las entidades del Estado”. El foco está puesto en garantizar que el uso de la innovación “esté al servicio de las personas y del bien público; respete los derechos humanos y los valores democráticos; y contribuya a un Estado más eficiente, transparente y cercano”.
Así, se dejan claros criterios de uso como la responsabilidad humana, donde la IA apoya la gestión, pero no reemplaza la toma de decisión de las personas; pero también que los sistemas deben ser comprensibles, auditables y sujetos a rendición de cuentas; y que se debe velar por la identificación y mitigación de sesgos algorítmicos que puedan profundizar desigualdades.
A su vez, promueve la protección de la información ciudadana en coherencia con la normativa vigente y establece buenas prácticas que están asociadas a valores éticos que debe garantizar el sector público, como seguridad, robustez y confiabilidad; supervisión, mejora continua y apelación; además de evaluación de impactos en empleo, brechas digitales y sostenibilidad ambiental.
Mientras la región avanza con diferentes iniciativas de promoción y uso de la innovación, las inversiones no terminan de acompañar el despegue de su desarrollo, tal como lo demostró el reporte del ILIA 2025. De momento, ambas iniciativas ponen el acento en la gobernanza y en la ética, como orden rector. Sin embargo, de ambas surgen interogantes. Por ejemplo, sobre la financiación del plan ecuatoriano, que no compromete presupuestos específicos en comparación al caso colombiano. En este punto, vale preguntarse si es viable una estrategia nacional basada solo en “coordinación” o cuáles podrían ser sus umbrales. También surge la duda acerca de si no es contraproducente hablar de innovación cuando aún persisten las brechas más básicas de acceso y de uso. Sin dudas, los desafíos son tan grandes como las apuestas.
Con todo, este y otros temas vinculados a la regulación de la IA pero también de las telcos y el ecosistema digital regional general, serán abordados en el octavo Foro Virtual de Regulación, que este miércoles y jueves realizará TeleSemana.com.
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