El avance en los despliegues de redes de fibra óptica y la acumulación histórica de cables de cobre en desuso convirtieron a los postes en un territorio aparte dentro del mapa de la infraestructura en la región y, por eso, en muchos países se avanzó con medidas claras sobre la compartición de infraestructura y descontaminación visual, a la vez que en todas las latitudes se busca combatir su robo o vandalización.
No siempre las segundas partes son buenas, pero este artículo busca complementar al publicado por TeleSemana.com días atrás, para sumar experiencias, miradas y enfoques de un escenario que es común, pero también diverso.
El dilema de una inversión que está expuesta al robo
El robo y vandalismo de la infraestructura de telecomunicaciones en la región es un tema recurrente en la agenda de las operadoras de telecomunicaciones, y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) lo estudió a través del diálogo con operadoras presentes en 14 países de la región, para concluir que se trata de un “problema estructural”.
Entre las conclusiones, se observó el que el 63 por ciento de los consultados “percibió el incremento significativo o moderado en el número de incidentes de robo o afectaciones a su infraestructura en los últimos cinco años”; al mismo tiempo que identificaron mejoras en latitudes como Chile y Colombia.
Grosso modo, el trabajo aborda dos casos: el robo de cables de cobre, valorado como el más frecuente y motorizado por la obtención y posterior venta del metal, y la extracción de cables de fibra óptica.
“Una de las razones principales que impulsa el robo de cables compuestos de metales como el cobre es que tienen un incentivo económico. El cobre como metal se trata de uno de los materiales más buscados para su posterior reventa en el mercado negro. El alza en los precios del cobre impulsa las actividades de sustracción ilegal y genera rentabilidad en las organizaciones internacionales de tráfico del mismo”, dice el trabajo de Cet.la que lo diferencia de robo de cable de fibra óptica, que no puede ser utilizado, comercializado o monetizado de manera directa luego de su extracción y daño.
¿Brasil está en un impasse?
Por las dimensiones del país y las apuestas del sector, Brasil se erige como uno de los mercados de fibra óptica más grandes de la región, y esto supuso la necesidad de ofrecer orden y criterio a los tendidos de infraestructura aérea. Por eso, tras largos años de debate entre la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la de Energía Eléctrica (Aneel), se consolidó el marco regulatorio bajo el Decreto nº 12.068, aqui. Se trata de una normativa que obliga a las distribuidoras de energía a ceder la explotación de los postes a una tercera entidad jurídica distinta, un operador de infraestructura pasiva, neutral, para poder compartirla con las telcos.
La idea era que este tercer actor administrara el espacio físico de manera transparente y orientada a costos, con el objetivo de forzar a las empresas de telecomunicaciones a limpiar los cables antiguos y ordenar el tendido de nueva fibra óptica para evitar la saturación. Sin embargo, toda la implementación normativa está en suspenso.
Según la prensa local, los presidentes de los dos organismos sectoriales, la Aneel y la Anatel estarían listos para continuar con las negociaciones tendientes a estandarizar la regulación conjunta. Sin embargo, esto no sucede.
En la crónica de Teletime, por ejemplo, se advierte que la interpretación que la Fiscalía General hizo del decreto ameritó implementarle cambios a la resolución aprobada, que implicó una reciente reunión y la necesidad de volver a tender lazos de mediación y coincidencia entre las partes. Pero todo parece indicar que la pausa estaría más relacionada con la expectativa que genera la sanción de una legislación superadora.
El Proyecto de Ley (PL) 3.220/2019, conocida popularmente como el “PL de los Postes”, fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado y está en la Cámara de Diputados, a la espera de su tratamiento. Apunta a normativizar el uso compartido de la infraestructura de postes y solucionar el desorden de cables en las ciudades, define que las distribuidoras de energía -que son las propietarias de los postes- tendrán la autoridad para organizar y administrar la mejor forma de uso y gestión de esta infraestructura; y establece un régimen transitorio de hasta cinco años, aunque con posibilidad de prorrogarlo- para regularizar el uso de los postes y los contratos ya existentes.
Este punto no es menor y la prensa local lo subrayó con vehemencia: el proyecto legislativo no prevé la transferencia obligatoria del derecho a operar postes de servicios públicos. Por lo tanto, si la ley se aprueba tal como está, el Decreto 12.068/2024 tendría que ser modificado para ajustarse a la ley, lo que requeriría una nueva modificación de la normativa.
El apagón analógico de Bolivia también retira cableados
Bolivia abordó la cuestión de los cableados aéreos, su renovación tecnológica y la importancia de llegar con fibra óptica hasta el hogar (FTTH, por sus siglas en inglés). Y lo planteó a partir de un enfoque municipal, fiscalizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
En Bolivia no existe una normativa unificada vinculada al soterramiento o recambio de instalaciones, sino que se aborda desde los municipios en coordinación con las cooperativas eléctricas y telefónicas regionales. En ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se avanza a través de la implementación de planes de contingencia que exigen el etiquetado obligatorio de redes y el retiro de cables valorados muertos por estar en desuso.
A estos operativos se suman los que forman parte de la primera fase del apagón analógico local, en la transición hacia la televisión digital terrestre (TDT), cuyo eje troncal debía completarse a finales de mayo, y cuyo vencimiento acaba de aplazarse por 90 días.
El mandato del soterramiento obligatorio en Ecuador
En lo que va del 2026, Ecuador avanzó con una propuesta para que las empresas migren sus redes aéreas al subsuelo en cascos urbanos. Con base en la regulación local, el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dirigen las políticas de compartición.
En febrero de este año, la Arcotel aprobó la normativa que replantea el ordenamiento, despliegue y tendido de redes físicas aéreas –disponible aquí- y obliga a las emrpesas dueñas de infraestructura de telecomunicaciones a etiquetar todas sus redes y retirar aquellas que están obsoletas. Además, prioriza el soterramiento a todo nuevo despliegue y tendido en zonas urbanas críticas, como es el casco histórico y, para eso, prevé ductos y cámaras compartidas. Uno de esos casos es Quito, ciudad capital que avanza en ese sentido y que en las primeras semanas de esta iniciativa, contabilizó cinco toneladas de cables desmontados.
Con todo, el escenario de la infraestructura aérea en América Latina demuestra que el despliegue de conectividad ya no puede disociarse del ordenamiento urbano y la seguridad; además de que está atravesado por un tema tan incómodo como urgente, el vandalismo. Las respuestas son diversas pero están enfocadas en atenderlo. Los abordajes van desde el pasar de la saturación visual y la vulnerabilidad física a un modelo de despliegue sostenible, eficiente y compartido, porque la transición tecnológica de la región también pondera la necesidad de ordenar el territorio que la sostiene; y embellecerlo.
