A siete meses que Brasil aprobara el Régimen Tributario Especial para los Servicios de Centros de Datos (Redata) en una apuesta estratégica para erigirse en un hub digital que impulse el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y el procesamiento de datos, se aprobó la legislación Complementaria N.º 237/2026, que detalla la estrategia de flexibilización tributaria y fiscal, y que modifica la N° 229/2026; a la vez que crea el régimen tributario específico a través de la Ley N° 15.504.
La aprobación, que se realizó este martes 15 de septiembre y que fue publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Unión, se inscribe en los lineamientos previstos en la Política Nacional de Centros de Datos del país, tendiente a recurrir a mecanismos fiscales y de fomento para atraer iniciativas relacionadas a la instalación, modernización o ampliación de centros de datos, con resguardo ambiental.
Se busca garantizar que el Régimen exima de beneficios fiscales, previstos en Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), permitan promover los servicios de infraestructura de cómputo en la nube, de procesamiento de datos de alto rendimiento, de entrenamiento e inferencia de modelos de IA, y de almacenamiento y gestión de datos e instalaciones relacionadas; en un plazo de vigencia general de cinco años.
Los beneficios
El mecanismo tributario previsto involucra que las personas jurídicas que implementen proyectos de datacenter (habilitadas) y sus proveedores de tecnología de la información y comunicación que incorporen productos al activo inmovilizado de la empresa (cohabilitadas), puedan acceder a la suspensión de los cobros de gravámenes como el Programa de integración social / Programa de formación de patrimonio de servidor público (PIS/Pasep), la Contribución para el financiamiento de la seguridad social (Cofins), el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), y el Impuesto de Importación para equipos y componentes TIC destinados al activo fijo.
En buena medida, se trata de los tributos federales más importantes en el país, porque gravan la facturación, los ingresos y la producción industrial. El PIS / Pasep, por ejemplo, es una contribución social federal que pagan las empresas sobre su facturación o ingresos y que financia beneficios laborales, como el seguro de desempleo y el abono salarial para trabajadores de bajos ingresos.
A su vez, el IPI grava la salida de productos de las fábricas e industrias locales, así como la importación de mercancías. Sus alícuotas varían según el tipo de producto (los bienes esenciales pagan menos o cero por ciento, mientras que los productos no esenciales como tabaco o bebidas alcohólicas pagan tasas elevadas).
Pero el país está en proceso de reforma tributaria que concluirá en 2027 y por la que PIS, Cofins e IPI serán gradualmente reemplazados por un nuevo impuesto federal sobre el valor agregado llamado CBS, siglas de contribución sobre bienes y servicios; por lo que este aspecto es una controversia en proceso.
Otra controversia radica en que, aunque esta aprobación y publicación se formalicen en todos los mecanismos oficiales, el programa depende del Poder Ejecutivo quien aún tiene por delante determinar los procesos por los cuales se calificará a las empresas, los criterios de sostenibilidad y el plazo en que se deberán acreditar estas contribuciones de contrapartida. También, qué componentes y equipos se pueden acoger al plan.
Pero volviendo a la letra del Redata, esta suspensión también se convierte en alícuota de cero por ciento definitiva, una vez que los bienes son integrados al activo de la empresa y se verifica el cumplimiento de las metas socioambientales. Y, basta agregarlo, el incumplimiento revoca los beneficios y exige el pago retroactivo de impuestos acumulados con intereses y multas.
Las exigencias
Las empresas que quieran acceder a estos beneficios, deberán poner a disposición del mercado interno al menos el 10 por ciento de la capacidad total de procesamiento y almacenamiento instalada con el beneficio. A la vez que la legislación prohíbe que se destinen las capacidades para la exportación o el uso propio, en caso que exista demanda local. Alternativamente, la empresa puede reemplazar este 10 por ciento exigido en inversiones, con un 10 por ciento adicional materializado en proyectos de I+D local.
Pero no es la única inversión que insta a hacer, sino que se suma al condicionamiento de desembolsar el dos por ciento del valor de los bienes adquiridos o importados en proyectos tecnológicos nacionales.
E, inclusive, promueve el desarrollo en determinadas zonas del país a través de incentivos regionales. Por ejemplo, si la instalación se ubica en las regiones Norte, Nordeste o Centro-Oeste, las exigencias de suministro local e inversión en I+D se reducen en un 20 por ciento. Además, el 40 por ciento de los fondos de I+D generados a nivel nacional deben destinarse obligatoriamente a estas tres regiones.
La sostenibilidad hídrica también es de la partida y esta regulación exige mantener un Índice de Eficiencia Hídrica (WUE) igual o inferior a 0,05 L/kWh, algo que será supervisado anualmente mediante auditorías; a la vez que obliga a cubrir la totalidad de la demanda eléctrica con contratos de fuentes renovables o de bajas emisiones.
Con todo, este avance supone un paso adelante en la política tecnológica de Brasil, para promover las inversiones y apostar a multiplicar la competitividad digital en clave federal, sin descuidar las urgencias medioambientales que supone este paso ni las aspiraciones de hacerlo con soberanía. También, posicionarse en el actual escenario geopolítico.
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