Vodafone presentó una propuesta de gobernanza para que los gobiernos recurran a restricciones de conectividad solo como medida excepcional, limitada en alcance y duración, con fundamento legal y supervisión independiente. El planteamiento forma parte del informe Network Shutdowns in a Connected World y no constituye una norma adoptada por autoridades o reguladores.
La propuesta llega después de que Access Now y la coalición #KeepItOn registraran al menos 313 interrupciones deliberadas de Internet en 52 países durante 2025, la cifra anual más alta de la serie citada en el documento. De acuerdo con esos datos, las horas de apagón total aumentaron 47 por ciento frente a 2024, mientras que las restricciones aplicadas a una única plataforma de redes sociales crecieron 66 por ciento.
Además, el informe de Vodafone calcula que alrededor de 800 millones de personas estuvieron afectadas por restricciones deliberadas de Internet o de otras redes en 2025. A partir de modelos aplicados a los principales episodios, la compañía estima un costo económico mundial cercano a 20.000 millones de dólares, con una proporción mayor de las pérdidas concentrada en países de ingresos bajos y medios.
En términos operativos, una interrupción general de red no se limita a impedir el acceso a información o redes sociales. Cuando se extiende durante días, semanas o meses, también puede cortar simultáneamente las comunicaciones nacionales e internacionales y el acceso a servicios de emergencia, plataformas educativas y sistemas financieros. El reporte sostiene que los hogares de menores ingresos, las comunidades rurales y otros grupos con menos alternativas de comunicación reciben una parte desproporcionada del impacto.
Por otra parte, Vodafone cuestiona en el documento que los apagones generales cumplan siempre los objetivos de seguridad invocados para aplicarlos. Según el análisis reunido por la empresa, estas medidas pueden dificultar las comunicaciones de emergencia, reducir la capacidad de monitoreo de ciberseguridad y crear vacíos informativos que faciliten la circulación de información falsa. El reporte también afirma que las restricciones repetidas o dirigidas a servicios concretos acumulan costos económicos a medida que más actividades dependen de la conectividad.
Al mismo tiempo, el planteamiento reconoce que los gobiernos tienen responsabilidades en materia de seguridad nacional y pública, y admite que una restricción específica y temporal podría justificarse en circunstancias excepcionales. Para ello, la autoridad tendría que acreditar una base legal, un objetivo legítimo de política pública y evidencias de una amenaza concreta, además de probar que no existe una alternativa menos restrictiva.
En ese marco, el denominado Transparent Governance Framework propone evaluar si los beneficios previstos superan los daños sociales, económicos y de seguridad. Vodafone plantea que una orden que no cumpla las pruebas de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas no debería ejecutarse. Incluso cuando las satisfaga, la restricción debería circunscribirse a un alcance definido y a un periodo determinado.
Finalmente, el esquema contempla órdenes escritas, revisiones periódicas, supervisión independiente, acceso a impugnación judicial e informes públicos sobre las razones, el impacto y la efectividad de cada medida. La discusión planteada por Vodafone desplaza así el tratamiento de los apagones desde una decisión exclusivamente técnica sobre las redes hacia un procedimiento sujeto a controles legales: cuanto mayor es la dependencia de la conectividad para prestar servicios, mayor es también el alcance práctico de una orden que interrumpe su funcionamiento.
