La reducción de la carga impositiva del sector de las telecomunicaciones es un viejo reclamo de la industria. Los operadores suelen quejarse del peso de los tributos, pero pocas veces son escuchados por quienes están a cargo de la administración pública.
Esto podría estar empezando a cambiar porque al menos dentro del Parlamento mexicano una senadora se ocupó de revisar uno de los problemas del sector. La senadora Minerva Hernández Ramos propuso eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que rige para el mercado de las telecomunicaciones en ese país.
Las razones esgrimidas por Hernández Ramos es que México refleja un “pobre desempeño en la difusión, acceso y capacidad de aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)” por lo que, suponemos, una reducción de impuestos quizás podría ayudar a incentivar las inversiones y un mayor uso por parte de los mexicanos. “Los ingresos a las finanzas públicas son limitados y no contribuyen a reducir la brecha digital, lo que genera graves distorsiones en el sector de telecomunicaciones”, afirma en un comunicado. Ya la GSMA había alertado que México debería repensar los “impuestos específicos que aumentan la barrera de accesos a los servicios”.
IEPS es un impuesto del tres por ciento que se aplica al valor de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil y televisión de paga. Los servicios de Internet y datos están exentos de esta tributación. Fue puesto en marcha en 2010 y, un año después, alcanzó un pico de recaudación. Sin embargo, la caída de precios de los servicios por el incremento de la competencia, entre otras, hicieron que el monto percibido por el Estado en concepto de IEPS en telecomunicaciones fuera menor de lo previsto.
Si tenemos en cuenta que Hernández Ramos asegura que el IEPS del sector de telecomunicaciones no alcanzó una recaudación significativa para el erario público, también podríamos suponer que no se trata de un impuesto que, si se elimina, tendrá un efecto significativo en el mercado. Eso sí, se espera —o al menos lo esperamos— que el ahorro impositivo se transfiera a los precios, favoreciendo la adopción de servicios.
Por ahora, la iniciativa es sólo un proyecto que deberá discutir la Cámara de Diputados pero, quizás, también pueda ser un primer paso para que el mercado empiece a pensar en un reordenamiento de los impuestos que afectan al sector.