La Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) dispuso en sitio oficial una consulta pública sobre la normativa que establece los pormenores del acuerdo entre Chile y Argentina para el fin de los cargos adicionales por roaming internacional entre las partes. Tomará comentarios por 15 días y luego responderá consultas con el ojo puesto en que la alianza entre en vigencia el primero de mayo próxima. El documento descubre algunos puntos de debate que podrían funcionar como hoja de ruta para nuevos acuerdos en la región.
Argentina y Chile suscribieron un acuerdo el dos de noviembre de 2017 y este entró en vigor el primero de mayo de 2019. Allí se establece el plazo de un año para que los habitantes de uno de los países que viaje al otro por un período determinado gozará de precio local para el uso de servicios móviles. Viajan de un país al otro unas 240.000 personas por mes, divididas en partes prácticamente iguales entre quienes parten de Chile y quienes lo hacen desde Argentina.
Ya desde el artículo dos del texto a revisión empiezan a verse cuestiones interesantes. Allí aparece que se considerará que viajan con carácter transitorio, y por consiguiente que son susceptibles de esta normativa, aquellos que se dirijan al extranjero por un período no superior a 90 días corridos o 120 días discontinuos en un mismo año calendario. También se indica luego que “los prestadores podrán aplicar mecanismos de control equitativos” y podrán revisar “prácticas abusivas” o de uso desmedido por parte de clientes.
Otro punto que aparece en el texto y que ha sido eje de discusión en distintas latitudes dentro de la región es la situación de aquellas personas que se encuentran en zonas fronterizas. En este aspecto, se señala que ellos pueden verse afectados por acceder al servicio de forma involuntaria y que queda en responsabilidad de los operadores móviles evitar una utilización inadvertida del servicio de roaming internacional y evitar cobros no solicitados ni efectivamente brindados tanto de un lado y del otro de la frontera.
Sobre los acuerdos entre operadores, indica que “deberán ceñirse a principios de trato similar, transparente, competitivo y no discriminatorio” y que contarán con el apoyo de autoridades de uno y otro lado cuando entre ellos no lleguen a un acuerdo para la prestación del servicio. Esto siempre teniendo en cuenta que los operadores móviles con red propia o de terceros deben ofrecer un servicio de la misma calidad en el extranjero que el que dan a los usuarios en su país de origen.
Todos estos aspectos, y seguramente algunos más, deberán revisarse en los acuerdos bilaterales y multilaterales que firmen los países de la región para acercarse a la idea de precio local para los usuarios que viajen dentro de Latinoamérica. Ya hubo algunos avances por parte de la Comunidad Andina y se preparar para ir en igual camino los miembros de la Alianza Pacífico y otros países de la mano de acuerdos binacionales. Habrá que ver si Chile y Argentina podrán cumplir o no plazos previstos, con el reloj corriendo y en emergencia sanitaria.
