La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) sigue poniendo a prueba métodos alternativos para corregir las conductas de los operadores o, al menos, que sus faltas redunden en nuevos beneficios para los usuarios de telecomunicaciones. Claro es el escogido en una opción ya probada con Nextel, que está prevista entre las reglas sectoriales, y que consiste en que el operador pueda pagar la sanción con dinero o con obligaciones que impone el regulador.
La opción es al menos interesante si se contempla que en su informe de 2019 Anatel señaló que solo cobró el 10 por ciento de los 448,6 millones de reales (80 millones de dólares) que aplicó en multas, como consecuencia de procesos judiciales iniciados por los sancionados y distintos fallos que dejaron nula determinadas decisiones. Aplicó 1.395 sanciones pecuniarias entre enero y diciembre y solo 490 terminaron por cobrarse de forma completa. Esta misma situación se repite en Latinoamérica, lo que obliga a la región a buscar métodos alternativos.
Claro tendrá que llevar redes 4G a 13 distritos que no sean sedes a ser escogidos por la compañía de un listado de 70 opciones, indicó el portal local Teletime. Deberá, además, mantener el servicio operativo por al menos tres años, incluida aquí la oferta de roaming. La firma deberá elegir las ciudades involucradas en un máximo de 20 días o, en caso contrario, tendrá que pagar la sanción económica valuada en ocho millones de reales (1,4 millones de dólares).
Brasil trabaja en métodos alternativos hace rato. Antes de esto, fue el primero en hablar de la posibilidad de incluir regulación responsiva y también destaca en la región por aplicar Términos de Ajustes de Conducta (TAC), por las que los operadores pueden cambiar multas por inversiones. “Entendemos que las multas no estaban generando los beneficios esperados para la sociedad”, dijeron ahora las autoridades de Anatel, en un planteo que seguramente se comparte en otras latitudes.
