La pandemia llevó a las telecomunicaciones en primera plana y los gobiernos tomaron decisiones rápidas para asegurar que estos servicios, considerados esenciales, puedan llegar a todos los usuarios en momentos de cuarentena obligatoria y freno de la actividad económica. Algunas de las medidas más elegidas por los reguladores de la región fueron bloquear la posibilidad de cortar el servicio a usuarios morosos, planes básicos para las personas que no pudieran seguir pagando los servicios, reparto de tarjetas SIM a la población más vulnerable, congelamiento de precios y medidas para evitar cargas regulatorias e innecesarias para los operadores. Argentina fue un poco más allá y declaró a las telecomunicaciones como servicios públicos, en una decisión que no está exenta de polémica y discusiones entre los distintos actores del sector.
Mientras las restricciones de movilidad se van eliminando, también algunas medidas tomadas por los reguladores se van desmontando. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) avisó esta semana que reanudó, por ejemplo, algunas disposiciones que estaban frenadas por la pandemia, como el bloqueo de teléfonos móviles robados. También reanudará la medición, cálculo y reporte de indicadores de calidad para servicios de internet 3G y TV por suscripción, como paso previo al cumplimiento pleno de indicadores que deberá producirse cuando termine la emergencia sanitaria.
Pero todo este movimiento por la pandemia trae novedades —o más bien, parece venir a reafirmar algunas tendencias que ya empezábamos a ver— en materia regulatoria. En el marco del Simposio Global para Reguladores de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), se presentó una guía de buenas prácticas para que los reguladores puedan responder a los desafíos que ha traído la pandemia. Se trata de un marco de referencia para la reglamentación digital “a fin de brindar a la economía digital un apoyo de base que le permita crecer a un ritmo sostenible y garantizar la continuidad de los servicios y la actividad comercial, incluso en tiempos de crisis”, de acuerdo con el documento.
El documento, que fue publicado esta semana, recibió el aporte de reguladores de todo el mundo, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Propone cuatro reformas principales: un marco ágil para la competencia en mercados digitales, códigos de conducta —especialmente para la moderación de contenidos en redes sociales, desinformación y protección de las infancias en entornos digitales—, actualización de los planes de emergencia y una reforma en la forma de gestionar el espectro radioeléctrico.
En concreto, la búsqueda es por reguladores capaces de promover la innovación e inversión en áreas estratégicas como salud, empresas, educación y plataformas digitales. Entre otras cuestiones, recomienda revisar el enfoque político que se aplica a la tecnología y “ampliar su alcance para abarcar todo el ciclo de éstas y los servicios digitales, desde su concepción hasta la difusión y el reciclado de los productos digitales”.
Para ello, la recomendación pasa por ofrecer mayor flexibilidad, inclusive en lo que corresponde a la administración de espectro. Por eso, se recomienda que los reguladores sean capaces de responder de forma oportuna a las necesidades de espectro con un enfoque de autorización “ágil y flexible” — cabe recordar que en América Latina algunos reguladores han optado por ofrecer espectro de forma temporal ante el crecimiento rápido del tráfico por la pandemia—, además de poner a disposición de todo el sector espectro en la modalidad sin licencia.
Como punto fundamental, el documento pone énfasis en tomar decisiones reglamentarias a partir de la “participación de un amplio grupo de interesados, por ejemplo del sector privado, la sociedad civil y los gobiernos locales”. La generación de consensos es algo que desde los organismos del sector vienen pidiendo —y quizás lo que más se ha criticado del decreto del presidente argentino— pero que todavía no parece calar en el sector. Es que equilibrar los intereses de uno y otro lado parece simple en la teoría pero puede no serlo tanto en la práctica.
“La aparición de nuevos problemas exige planteamientos novedosos y el ecosistema reglamentario se ha ampliado para abarcar espacios controlados para la realización de pruebas normativas, marcos éticos, hojas de ruta tecnológicas, evaluaciones de las repercusiones reglamentarias, trabajos de investigación multivariados y simulaciones de macrodatos para examinar la respuesta reglamentaria más equilibrada, proporcionada y justa”, señala el documento que recuerda, además que “ninguna norma está grabada en piedra” y que los marcos reglamentarios deberían revisarse periódicamente con el fin de garantizar que sigan siendo adecuados para sus objetivos.
Después de la crisis del covid-19, las autoridades de los reguladores coincidieron en que es necesario reajustar las políticas públicas y sociales con el objetivo de promover la economía digital y tener las herramientas para reaccionar de forma más rápida frente a una crisis —aunque podríamos decir que, en general, el movimiento fue lo suficientemente rápido—.
“La reglamentación de la quinta generación basada en la colaboración y sustentada en sólidos principios normativos promoverá la certidumbre, lo que reviste una importancia crucial para que la reglamentación siga atrayendo inversiones y fomentando la innovación que hasta ahora ha caracterizado la economía digital”, indica el documento. El llamado es por reguladores más flexibles y conscientes de que la regulación de las telecomunicaciones debe abarcar también otros sectores con el objetivo de empujar, en conjunto, el desarrollo de la economía digital.
