El desempeño de los operadores de telecomunicaciones estuvo en la mira de los reguladores en medio de una pandemia que obligó a poner el foco en que la población se mantenga comunicada, informada y entretenida. Esto se vio con claridad en algunos países, como Chile, en donde crecieron las quejas y también hubo demandas del regulador contra empresas por incumplimiento. Ahora las novedades vienen de Perú. Allí el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aplicó multas por el doble del dinero entre enero y julio frente a igual período anterior.
En los primeros siete meses del año el regulador peruano impuso sanciones económicas por 59,2 millones de soles (16,2 millones de dólares), lo equivalente a 13.783,4 Unidades Tributarias Impositivas (UIT), contra ocho empresas. La cifra es 104 por ciento superior a los 29,1 millones de soles (7,9 millones de dólares) o 6.929,7 informados un año atrás. Se trata de procedimientos administrativos sancionadores de competencia en la Gerencia General, la primera instancia administrativa. Los recursos generados por multas no ingresan a Osiptel sino al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).
En total fueron 188 las multas impuestas en los primeros siete meses de 2020. Telefónica recibió 115 por un total de 41,7 millones de soles (11,4 millones de dólares), el 70 por ciento del dinero total involucrado. Se le aplicaron 23 a América Móvil y 22 a Entel por 7,1 millones de soles (1,9 millones de dólares) y 5,9 millones de soles (1,6 millones de dólares) respectivamente. En tanto, Viettel recibió 11 por 1,9 millones de soles (522.157 dólares) y el resto se dividió entre nueve para Cable Dios TV, tres para Fiberlux, tres para Gilat To Home Perú y dos para Americatel.
El 48,9 por ciento de los expedientes fueron iniciados por incumplimientos en los compromisos de mejoras de servicios por parte de los operadores mientras que el 12,7 por ciento por no proporcionar información en el plazo establecido o hacerlo de forma inexacta. El 7,4 por ciento se debió a que el implicado ejecutó una contratación, validación o activación de un servicio sin emplear los mecanismos autorizados para tal fin. El resto se divide entre faltas a la normativa de portabilidad, al Reglamento de Calidad o la no realización de devoluciones y no comunicación de interrupción, entre otros.
El regulador aclaró que “si bien las empresas recurren, entre enero y julio han concluido cinco procesos judiciales derivados de sanciones, siendo todos a favor de Osiptel. Asimismo, en 2019 se concluyeron 20 procesos judiciales interpuestos por los operadores, todos a favor del ente regulador”. El tiempo que pasa entre la conducta y la sanción y la cantidad de instancias que debe atravesar un proceso para cerrarse son dos de los puntos centrales para decir que las multas no han resultado un villano suficiente para revertir la conducta de los operadores en Latinoamérica.
