Las multas no han resultado argumento suficiente para sacarle el sueño a los operadores. Sin embargo, ante la ausencia de mecanismos más eficientes, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada (Osiptel) las utiliza para corregir el accionar de las empresas del sector en Perú. En este contexto, acaba de aprobar nuevas penas pecuniarias para las filiales locales de América Móvil y Telefónica.
Las resoluciones en las que se aplican las sanciones son las número 40, 41, 43 y 44 del Consejo Directivo del regulador local. La suma da 3,7 millones de soles (1,06 millones de dólares) por dos razones centrales: portabilidad y fallas en la política de devoluciones, indicó el portal local El Comercio. En todos los casos se agotaron las vías administrativas, por lo que las empresas deberán cumplir con las sanciones.
Movistar fue sancionada con multas por un total de 1,02 millones de soles (293.000 dólares), lo equivalente a la suma de 143,6, 50 y 51 unidades impositivas tributarias. Se determinó que la empresa efectuó devoluciones fuera del plazo permitido en perjuicio de 1,2 millones de usuarios de distintos servicios. También tuvo fallas en la aplicación de la portabilidad numérica móvil, un aspecto que ha ganado terreno en las disputas del sector en el último tiempo.
Claro por su parte, fue encontrado responsable de seis infracciones por un total de 653 unidades impositivas tributarias. Por esto se le aplicó multa de 2,7 millones de soles (777.000 dólares). Falló en las reglas que corren para la portabilidad y otorgó más de una decena de líneas sin realizar verificación biométrica, un aspecto por el que ya fueron sancionadas empresas en Perú en distintas oportunidades.
Las multas no sirvieron para frenar las quejas contra operadores de telecomunicaciones en Latinoamérica. Su uso como correctivo tiene al menos tres problemas: el tiempo que pasa entre el hecho y su sanción correspondiente, el monto de las sanciones por lo general resulta insignificante para los prestadores y estos tienen un sinfín de instancias de revisión que en muchas ocasiones termina por reducir o eliminar la pena.
La región está en busca de mecanismos sancionatorios más eficientes. En Brasil, por ejemplo, se habla de regulación responsiva mientras algunos operadores ya han cambiado multas por inversiones y en México se trabaja en nuevas formas no pecuniarias que sirvan de incentivo a los prestadores para evitar futuras sanciones. Sin embargo, los viejos métodos todavía no ceden terreno a pesar de su comprobada ineficiencia.
