En febrero de 2018 no se hablaba de nueva normalidad ni de pandemia. Mucho menos de confinamiento o aislamiento preventivo. En Brasil, Oi Móvil no estaba a la venta y Nextel no había quedado en manos de América Móvil. Todos en el país hablaban del acuerdo al que acababa de llegar Telebras con Viasat por el uso de la capacidad civil del satélite geoestacionario SGDC. Ahora, 31 meses después, la alianza de las mil quejas parece lograr luz verde definitivo: un nuevo fallo lo considera legítimo.
El quinto juzgado federal de la sección de Justicia del Distrito Federal concluyó que el contrato asociativo es legal y juzgó como improcedentes todos los pedidos formulados para su anulación. Así quedaron, al menos por ahora, fuera de análisis los procesos iniciados por las empresas Via Direta Telecomunicações y Rede de Rádio e Televisão Tiradentes en 2018 en contra del acuerdo. La determinación todavía puede ser recursada.
“A lo largo del tiempo, la compañía reafirmó la regularidad y legalidad del contrato firmado con Viasat y obtuvo decisiones judiciales favorables, que ahora se confirman una vez más. Telebras tomará las medidas posibles para salvaguardar sus intereses, la de sus accionistas y el Estado”, dijo la estatal que es parte de la lista de empresas que pueden pasar a manos de privados por un desempeño por debajo de lo esperado en el último tiempo.
El acuerdo estratégico entre la brasileña y la estadounidense se rubricó para el uso comercial de la capacidad en banda Ka del artefacto, lanzado al espacio en 2017. Telebras dijo su socio sería clave para cumplir con la ejecución de distintas políticas públicas, la mayoría enfocada en asegurar el acceso en zonas remotas, y el privado que el acuerdo sería útil para anticipar su entrada al mercado local, que es un hecho desde hace algunos meses.
Los reclamos fueron instantáneos. Hubo quejas por la elección de una empresa extranjera sin experiencia en el mercado local mientras que Vía Direta denunció que ya tenía un acuerdo similar con la estatal y hasta había comprado activos para cumplir con lo acordado. El análisis de las quejas llevó a la ejecución temporal del contrato pero luego el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) avaló la alianza bajo obligación de que las partes llegaran a un nuevo acuerdo, que es el que acaba de lograr nueva luz verde.
