Tras un primer intento frustrado, la Procuraduría Federal Especializada junto a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) emitieron opinión favorable sobre el documento por el que Telefónica pretende cambiar multas por inversiones en Brasil. Se trata de un nuevo paso al proceso reiniciado en septiembre pasado, que se enmarca dentro de los Términos de Ajuste de Conducta (TAC) habilitados en el país a fines de 2013.
El objetivo de esta versión es cambiar multas estimadas en 500 millones de reales (92,3 millones de dólares) por inversiones previstas en 148 municipios, 46 de ellos corresponden a la tecnología 2G. El valor original era 605 millones de reales (111,7 millones de dólares) pero las autoridades retiraron de la cuenta los procesos administrativos por incumplimiento de obligaciones, señaló el portal local TeleSintese.
El proceso inicial estaba compuesto por sanciones relacionadas a tres temas fiscalizados por el regulador: 128,5 millones de reales (23,7 millones de dólares) que corresponden a multas por infracciones de derechos de usuarios, 311 millones de reales (57,4 millones de dólares) por calidad de servicio y 165,8 millones de reales (30,6 millones de dólares) por atención de compromisos de cobertura.
Hasta ahora entró en vigencia solo uno de los acuerdos pautados entre Anatel y los operadores. Se trata del recientemente firmado con TIM, por el que la compañía se comprometió, entre otros puntos, a llegar con 4G a todos los municipios del país para 2023. Quedaron en el camino antes propuestas de Telefónica y Oi. En tanto, se esperaba que esté listo el plan de Algar Telecom, pero la firma pidió nuevas condiciones y puso puntos suspensivos al asunto.
