A través de sus canales oficiales, el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) recogió el guante y dejó en claro que sigue “plenamente vigente” en el país el decreto 690/20 y su reglamentación, luego de que un juzgado cordobés diera lugar al reclamo de un cableoperador. Esa decisión, agregó, fue “maliciosamente interpretada por algunas cámaras y empresas para confundir a la opinión pública”.
El conflicto tiene un nuevo capítulo casi a diario. En agosto pasado Argentina declaró a las TIC servicios públicos esenciales y, luego, agregó dos reglamentos que encendieron la polémica. Primero autorizó a los operadores de todos los servicios a aumentar hasta un cinco y ocho por ciento, según el tamaño de la empresa. Luego lanzó la prestación básica universal, una prestación mínima a precio regulado para determinados usuarios.
Desde el comienzo, incluso en las discusiones previas, los actores implicados se quejaron de las medidas. Los grandes operadores solicitaron dar un paso atrás en la mayor incidencia de las autoridades sobre los precios mientras que los pequeños concentraron su crítica en que resulta “imposible” cumplir con lo estipulado contemplando que los costos para operar crecieron más de 50 por ciento solo en 2020.
Las medidas entraron a correr el primero de enero de este año y, en paralelo, llegaron las defensas judiciales de las empresas. En el medio hubo negociaciones que redundaron en que, por ejemplo, los prestadores de servicios de hasta 100.000 clientes pudieron aumentar sus precios otro siete por ciento en febrero. También hay rumores de que se habilitará otra suba a todas las empresas en marzo, aunque todavía no hubo anuncio oficial.
La polémica se reavivó cuando el Juzgado Federal de Córdoba dio lugar a un amparo de TV Cable Color, de la localidad de Villa del Rosario. ATVC, entre otros, tomó esta determinación como una noticia positiva porque dejaría sin efecto la normativa vigente en el país. Enacom negó esta posibilidad al señalar que “aplica solo a ese caso concreto”. También se quejó de que el juzgado interviniente “violó el derecho a defensa al Estado” en el asunto.
“No es serio que empresas multinacionales argumenten que su situación patrimonial es idéntica a la de un pequeño prestador del interior”, disparó el regulador y añadió que TV Cable Color tiene menos de 1.000 usuarios. Además, indicó que la empresa estuvo entre las autorizadas para aumentar sus tarifas un ocho por ciento en enero y otro siete por ciento en febrero.
Enacom enumeró otros tres otros procesos judiciales que afrontó por el tema. El primero iniciado por Telecentro, que fue “rechazado” el 27 de noviembre, otro de Telecom Argentina, desestimado el 29 de enero, y uno más de Telefónica, que a la fecha no tiene resolución definitiva. Sobre esta base, concluyó, el DNU mantiene su vigencia y seguirán las acciones “para aplicar las sanciones que correspondan”.
