En un tiempo en que América Latina está siendo atravesada por la segunda ola del Covid y donde la necesidad de ampliar la infraestructura de telecomunicaciones es tan urgente como importante, legisladores de distintos países de la región retomaron la discusión acerca de la contribución que se puede realizar desde los parlamentos a fin de que se puedan desplegar más redes que permitan conectar a la mitad de la región que aún no lo está y reducir la brecha digital. Y surgió la necesidad de que las políticas públicas sean integrales como también propuestas relativas a la necesidad de armonizar legislaciones. Desafíos que podrían convertirse en la nueva utopía digital de la región.
Esta discusión se dio en el marco del Foro Virtual sobre Parlamentos y Agendas Legislativas, con motivo del día mundial de las telecomunicaciones, durante el que se mostraron datos publicados por la CEPAL y cuyos distintos informes mostraron las nuevas heridas que provocó la pandemia a una región en la que hay 210 millones de personas desconectadas. Esto sólo es una muestra de todo lo que se debe trabajar para alcanzar a esos latinoamericanos que, al estar excluidos de la digitalización, también lo están de derechos básicos como el acceso a la educación y a la salud que, aún en la pospandemia, continuará teniendo su correlato digital.
Y es que los números del impacto del Covid en variables fundamentales para el bienestar de las personas dan escalofríos. En este último año cerraron 2,7 millones de empresas, cayeron 13 por ciento las exportaciones, más de 18 millones de personas quedaron desempleadas y se sumaron 45,4 millones más de pobres aún con los programas de contención que se implementaron en los distintos países, señalan los números de la CEPAL, que se pueden ver aquí.
No obstante, esta realidad también está atravesada por otra, nueva, relacionada a Internet y el consumo en línea a partir del cual las empresas cambiaron sus modelos de negocios lo que generó —y continúa generando— modificaciones en los modelos de producción que, ahora, pasan de ser de una economía conectada a una economía digitalizada, tal como explicó Valeria Jordan, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL.
Durante su exposición, mostró cómo en países como Colombia, México y Chile creció la adopción de Internet en las empresas, principalmente, pymes, lo que les permitió continuar operando en un contexto de restricciones, y destacó la relevancia de la banda ancha aunque las pequeñas empresas la usan de un modo que no les deja aprovechar las mejores bondades de estar conectados.
El informe también mostró lo retrasado que están las distintas economías en relación al uso de herramientas tecnológicas para mejorar sus niveles de productividad, eficiencia, competitividad, al igual que la necesidad de avanzar en procesos de transformación no sólo a nivel económico sino social, principalmente por la carencia de conectividad en zonas rurales y en las poblaciones de mayor vulnerabilidad.
Y aquí es donde aparecen las mayores falencias. El 46 por ciento de los niños y las niñas de cinco a 12 años de América Latina viven en hogares no conectados. Por ende, no tuvieron acceso a la educación virtual, razón por la que Jordan enfatizó la necesidad de “impulsar políticas activas con visión de desarrollo porque las tecnologías hoy operan como habilitadoras para acceder a los derechos fundamentales: la educación, la salud, el trabajo” y, para ello, es condición sine qua non contar con “conectividad y conectividad de buena calidad, y hablamos tanto de velocidad como de latencia”.
Como pocas veces se expuso en los últimos tiempos, ya no se trata sólo de conectar a los no conectados como cuestión urgente a resolver sino que, además, hay que mejorar la calidad de los que ya lo están porque, de lo contrario, ahí también se corre el riesgo de que aparezca otra brecha que, de hecho, ya existe: mientras la velocidad promedio de la banda ancha fija en América Latina ronda los 40 Mbps, en los países centrales ese nivel se duplica o más.
Tras la exposición de la CEPAL vendrían las de los legisladores que participaron del encuentro, de Chile, Costa Rica, México y Colombia. La senadora Ximena Ordenes, presidente de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado chileno, no sólo había dado la bienvenida al encuentro sino que tras recordar los datos del Foro Económico Mundial, que aseguran que un crecimiento del 10 por ciento de la penetración del acceso a Internet genera un incremento del 0,75 por ciento del PBI y un descenso del 0,2 por ciento del desempleo, planteó la necesidad de “repensar la arquitectura normativa para pensar a Internet como la columna vertebral de la actividad social y económica de los países”. Luego, el senador Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) propondría la necesidad de “armonizar legislaciones” que permitan alcanzar esos objetivos.
Varios países de la región declararon a Internet como un servicio público esencial en este último año por lo ya expuesto. Junto a ello, en cada uno de ellos se avanzó con diversas leyes que apuntan a resolver los distintos desafíos del mundo digital, desde la regulación de plataformas hasta la neutralidad de la red, pasando por normas que apuntan a promover la economía del conocimiento, prevenir abusos en las políticas de precios y generar incentivos para la inversión en redes, entre otros aspectos.
Los senadores Juan Pablo Letelier (Chile), Lucy Meza (México), la diputada Karine Niño (Costa Rica) y el integrante de la cámara de representantes de Colombia, Mauricio Toro, expusieron las políticas implementadas en cada uno de los países. En líneas generales, hubo coincidencia sobre la necesidad de continuar abordando los temas relacionados con la conectividad. Sin embargo, también apareció la necesidad de definir políticas públicas claras e integrales tal como lo manifestó Letelier pues consideró que no hay una conversación sobre las telecomunicaciones que vaya más allá del Gobierno de turno.
Se trata de un tema que vienen planteando las operadoras de telecomunicaciones desde antes de la pandemia: poner a las telecomunicaciones en una agenda pública de manera constante, al mismo nivel que suelen estar los temas de otros sectores más tradicionales en las mesas de discusión de los gobiernos. Estas manifestaciones de deseo del sector privado no siempre lograron avanzar. De hecho, el mismo Letelier también consideró que “la política TIC suele ser subdimensionada”, a lo que podría agregarse que se trata de una materia poco comprendida en ciertos países, especialmente cuando se pretende legislar con criterios de otra época a las nuevas problemáticas que abre la sociedad digital.
El planteo de armonizar las legislaciones teniendo en cuenta las similitudes de las problemáticas entre los países suena seductor pero, definitivamente, un objetivo de esa naturaleza deberá llevar previamente a cada uno de los países a poner en real dimensión a las telecomunicaciones para, así, empezar a resolver problemas básicos sin resolver como las trabas de las normas municipales a los despliegues, por mencionar sólo a un tema.
Porque si todavía no es posible solucionar problemas que acumulan décadas para atrás, será muy difícil poder avanzar con normas que resuelvan las urgencias actuales. Mucho menos se podrá pensar con políticas para el mediano y largo plazo en donde se tengan en cuenta los impactos que tecnologías como blockchain o la inteligencia artificial (AI), por mencionar sólo a dos, provocarán en las distintas áreas sociales y económicas.
Retomar una agenda y una discusión a nivel regional es válido. El tema es cómo esto se baja luego a los distintos parlamentos y cómo, desde allí, es posible articular acciones con los otros organismos de gobierno que regulan a las telecomunicaciones, a las TICs. No hay dudas de que se necesitan políticas integrales porque las brechas digitales exponen como nunca las sociales. El punto es si todos los actores involucrados en esta discusión están a la altura de las urgencias y de la importancia al mismo tiempo para alcanzar esa utopía digital. De lo contrario, en vez de una política integral, se corre el riesgo de sólo poner parches. Y, se sabe, al final el tejido, de tan rasgado, no soporta una puntada más.
