La conectividad se volvió un tema de Estado en la administración de Joe Biden, y los municipios de los Estados Unidos, especialmente los más alejados de los grandes centros urbanos, parecen estar tomando nota no sólo de su postura sino también del comportamiento de las operadoras de telecomunicaciones durante la pandemia, antes y después. Tal el caso de Pleasant Grove, una de las localidades cordilleranas de la zona de Wasatch Front, en Utah, que está optando cada vez más por la opción de fibra óptica de una compañía conformada por pequeños estados y que recibe subsidios. Las grandes prestadoras están mirando estos nuevos modos con recelo.
Utopia Fiber, además de responder con ese nombre al anhelo de una conectividad estable y de calidad, es una operadora mayorista de Internet, conformada y administrada por 15 ciudades de Utah. Su nombre se debe a Open Telecommunications Infraestructure Agency y su negocio consiste en proveer la infraestructura de red sobre la que se montan pequeños proveedores de Internet. La empresa no tiene fines de lucro, aunque cuenta con subsidios para sus despliegues.
Este caso fue propuesto por Biden como un modelo a seguir y, así, conectar más rápidamente con mejor tecnología a todas las localidades del país, especialmente cuando se encuentran en lugares remotos o rurales.
A Comcast, uno de los mayor proveedores de Internet de los Estados Unidos – y ejemplo de operación y gestión para muchos prestadores de América Latina – no le simpatiza ni la postura del presidente de Estados Unidos ni la existencia de estas compañías, como tampoco a AT&T, Verizon y otras operadoras dominantes porque, justamente, se tienen que enfrentar a competidores que reciben subsidios, según informó la agencia Bloomberg.
Pero no hay dudas de que, en el año de la pandemia, la conectividad ganó una relevancia como hasta entonces no había adquirido ni en el imaginario de las ciudadanías ni en las agendas públicas. Y ante esta situación los gobiernos se pararon de distintas maneras para garantizar accesos a Internet mínimos o, como ahora en el caso que se presenta aquí, alternativas para que esas conexiones sean de mejor calidad.
Pleasant Grove puede convertirse en una de las primeras preocupaciones de las operadoras sobre el negocio hacia adelante. Más del 60 por ciento de los 38.000 habitantes de esta ciudad, ubicada al sur de Salt Lake City y conformada por casas de piedra que bien podrían inspirar a creadores de ficciones mágicas, dijo que no recomendaría a su proveedor de cable y el 90 por ciento aseguró estar buscando otras alternativas de compañías de banda ancha.
Una de las cosas que más molesta a los administradores de los municipios involucrados en la gestión de Utopia es que ellos lograron desplegar la fibra mucho más rápido que los grandes prestadores. Acá la necesidad no pasa por conectar a los desconectados sino por mejorar, y con creces, los actuales servicios de Internet. Los usuarios necesitan mejoras a nivel tanto de velocidad como de latencia. Los microcortes no se toleran más ni para trabajar, ni para estudiar, mucho menos si se está realizando una transacción o una operación financiera por los riesgos que eso representa. El entretenimiento, en este contexto, podría no ser una prioridad, aunque habría que preguntarles a los consumidores de gaming o e-sports si están de acuerdo con esta consideración.
¿Cómo opera el modelo de negocios de Utopia de cara a los usuarios finales? Por un lado, la mayorista cobra 30 dólares por mes, mientras que los ISP que montan sobre esa red los servicios de valor agregado, como el video y el entretenimiento, aplican otros 35 dólares. Este monto es cinco dólares más económico que el servicio que ofrece Comcast por ejemplo. Aunque parece que la diferencia no pasa tanto por el costo como por la calidad.
La compañía se defiende, por supuesto, y en declaraciones a Bloomberg aseguró haber invertido “para mantener comunidades como Pleasant Grove City conectadas de manera confiable con las velocidades de banda ancha más rápidas disponibles”, dice Sena Fitzmaurice, vocera de la compañía, afirmación que los clientes rechazan pues aseguran que el servicio es lento.
Para que la red de Utopia llegue a esta localidad, el consejo de administración debió aprobar, en abril pasado, una inversión de 18 millones de dólares. “Seré su primer cliente que se registre y se despida de Comcast”, dicen que vociferó un integrante del consejo momentos antes de que el organismo votara. “Estoy justo detrás de ti”, agregó otro, en un ambiente en que la pasión con que se tomaba la decisión se rozaba con cierto aire de venganza.
En sus primeros meses de Gobierno, Biden ha manifestado que quiere que bajen los precios de la conectividad, que mejore la calidad en los lugares urbanizados y que se alcance con servicios más veloces al 35 por ciento de la población establecida en zonas rurales. Está convencido de que una forma de alcanzar ese objetivo es fortaleciendo a los gobiernos locales, a las organizaciones sin fines de lucro y a las cooperativas con financiamiento para que puedan realizar sus despliegues.
Las operadoras ven estas declaraciones y acciones con fastidio. Aseguran que los fondos públicos se deben destinar a mejores cosas antes que a repartirlos entre municipios. Se trata de una postura parecida a la que las grandes compañías suelen tener en los países de América Latina que tampoco miran con buenos ojos las iniciativas orientadas a dar a empresas estatales o municipios que brindan conectividad los fondos que se recaudan de su misma facturación.
La diferencia entre lo que sucede en los Estados Unidos y América Latina es que, mientras por aquellas latitudes la discusión ya pasa por desplegar fibra óptica y mejorar velocidades además de precios, por estas aún hay 210 millones de personas desconectadas y muchas trabas para facilitar los despliegues de infraestructura. Entre aquel ideal que se difunde en lo más alto del continente y la falta de acciones concretas para mejorar condiciones de despliegue al sur del Río Grande hay un salto urgente que pegar.
