La conectividad de banda ancha en Argentina trepó a casi 10 millones de accesos pero enfrenta diversos puntos de vista

El dato es duro: en Argentina hay 9.647.972 de accesos a Internet de banda ancha que, entre enero de 2020 y marzo de 2021, crecieron un diez por ciento, es decir que 835.546 nuevas familias lograron concretar el derecho humano básico de la conectividad y que, como consecuencia, creció un 52 por ciento la velocidad de descarga para Internet fijo, que pasó de 28.26 Mbps a 43.11 Mbps.

La vida moderna requiere de conectividad de calidad para casi todos los órdenes: acceder a la educación y la salud, trabajar y entretenerse, sólo por citar algunas. Y es, entonces, una urgencia y una necesidad básica que la pandemia dejó más que ejemplificada. Sin embargo, un mismo dato puede ser visto desde distintas perspectivas y significar diferente, como es el caso del citado sobre el crecimiento de los accesos de banda ancha.

A esta cifra la difundió el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) local, sobre la base de los indicadores que elaboró la Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios, y que el organismo atribuyó al resultado de “las políticas de conectividad implementadas durante los primeros cinco trimestres de gestión de la actual administración”.

Entre las políticas que el ente destacó, se encuentran los programas orientados al desarrollo de la conectividad, los incentivos para el recambio y la actualización tecnológica, y el trabajo articulado entre el sector público y el privado.

Sin embargo, el sector privado no comparte el balance. En estricto off, los empresarios consideran que la información expuesta interpreta de forma sesgada o errónea a la realidad.

“La curva de crecimiento del último año y medio, tanto de la penetración de los accesos fijos en hogares, como de la velocidad de la conectividad, no muestra ninguna variación respecto de la tendencia con la que vienen evolucionando esos indicadores en los últimos años y de ninguna manera puede asociarse a ninguna decisión regulatoria de 2020” sentenciaron voceros sectoriales.

La mirada del sector privado es que se trata de un movimiento natural y que “responde” a una curva de crecimiento planificada con antelación a inversiones y despliegues realizados “varios años atrás” por los operadores: “La infraestructura se planifica con una mirada de largo plazo porque, justamente, son inversiones que se amortizan en plazos largos”.

Y es ese mismo enfoque el que advierte que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 960, que por estos días enfrenta discusiones cruzadas en la Justicia local y se evalúa la posibilidad de transformarlo en una legislación más robusta, significó un “tremendo error de la política regulatoria” dado que las inversiones se frenaron en agosto de 2020 y eso significará la merma en la tasa de crecimiento en penetración y en velocidad, observables a fines de 2021 y 2022.

La pandemia no terminó como tampoco las discusiones entre el sector público y privado acerca de la mejor estrategia para propiciar esos servicios públicos o servicios en competencia, o en ambas condiciones, que resultan tan elementales para la sociedad.