Argentina atraviesa una coyuntura compleja, signada por una crisis macroeconómica profunda. Tras casi cinco meses de gobierno, la nueva administración pública enfrenta su segundo paro general en un período en el que, además, se multiplicó la conflictividad social. Los debates regulatorios, la carestía de la vida y la incertidumbre generalizada pincelan un escenario que afecta a la población de a pie, pero también a las telcos.
Devaluación, ajuste, recesión y una inflación interanual por encima del 200 por ciento, se traduce en un profundo incremento de la pobreza. Los indicadores generales, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) exhiben que la industria cayó el 21,2 por ciento interanual en marzo de 2024 (y un 6,3 por ciento respecto al mes previo) y que la construcción se retrajo 42,2 por ciento interanual en marzo de 2024 (un 14,2 por ciento respecto de febrero), por citar dos indicadores de la actividad.
A ello se suma que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que el PBI caerá un 3,3 por ciento este año en el país, profundizando la caída registrada en 2023; algo que ubica a la Argentina como el territorio con la mayor contracción del mundo, detrás de Arabia Saudita.
¿Y las telcos?
Luego de un proceso de reorganización del organigrama público, el sector de las telecomunicaciones, que quedó bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, celebró la designación de Héctor Huici al frente de la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad, por considerarlo un actor de fuste con conocimientos técnicos sobre las urgencias y las necesidades de la industria. El nombramiento fue días después que se anunciara el achicamiento de la estructura que tenía desplegada en el territorio argentino el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La actual administración asumió con una licitación para el desarrollo de la quinta generación móvil ya resuelta y hasta iniciado el despliegue de las operadoras y con la vigencia del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia 690 del 2020 (DNU690) que, tras ser ampliamente cuestionado, se derogó.
Lo nuevo involucra el avance de un paquete de modificación regulatorio general que excede al sector y que, conocido como Ley Bases, se erige como la remake de una iniciativa previa, ya fracasada, presentada como Ley Ómnibus. Por estos días, la nueva legislación se debate en las comisiones del Senado, tras lograr el aval en la Cámara de Diputados, del Congreso Nacional.
Al respecto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advierte sobre la estrategia anti industrial que se prevé en la letra de esta Ley Bases, sobre todo a partir de la propuesta del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que busca “promover enclaves extractivistas de cara a la exportación, reprimarizando la economía argentina y dejando en un segundo plano a la industria nacional”, tal como lo señala su informe al respecto.
En lo que a las telecomunicaciones respecta, por ejemplo, esta letra prevé la posibilidad de privatizar las empresas públicas, entre las que se encontraría Arsat. Sin embargo, para Henoch Aguiar, abogado, docente universitario y ex secretario de Comunicaciones, la misión de Arsat, que consiste en llegar con conectividad a zonas inhóspitas, garantizaría su supervivencia.
“Se había hablado en algún momento de la privatización de Arsat, pero Arsat tiene una misión que claramente va mucho más allá, o sea, justamente como tiene una misión que no es la de un operador comercial, extiende redes y permite la conectividad en zonas que ningún operador comercial hubiera cubierto, que es lo que ha sucedido desde el inicio. A nadie se le ocurre, por ejemplo, como hizo Arsat, cubrir 45.000 kilometros con una fibra óptica de última generación que permitiría el funcionamiento de una Sillicon Vaey en cualquier lugar de la ruta 40”, dijo desestimando su intento de desaparición. Agregó que “estas cosas no las hace nadie si no es un estado previsor” y que “esa idea idea, que fue muy buena, hoy en día es mucho más necesaria que antes”.
Por su parte, Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas de la Zona Sur (Fecosur) y un actor histórico del sector en el país, dijo a TeleSemana.com que “el escenario macroeconómico actual en la Argentina es sumamente complejo. La suba de los precios y de los insumos en los últimos tres meses ha impactado durísimamente, no sólo en la economía de las telecomunicaciones, sino la economía en general. Y entonces, estamos con un aquietamiento del crecimiento”. Aseguró, en este sentido, que en los últimos cuatro meses se dejó de crecer como consecuencia de las medidas tomadas.
“No puedo dejar de reconocer que ha sido importante la derogación del Decreto 690, que más allá de las buenas intenciones, provocó un resultado negativo en la industria. Hay que recordar que primero congeló las tarifas y después autorizó aumentos por debajo de la inflación, que se soportó por incumplimientos o porque se creció y se invirtió menos y, en algunos casos, porque se perdió calidad en el servicio”, consideró Roncoroni.
En referencia a las tarifas, el titular de Fecosur subrayó que “lo sufren las telecomunicaciones y en especial, Internet (porque) a pesar de la liberación de los precios, éstos no van a volver a dispararse ni a crecer como en otras actividades, porque la competencia hace que tengan un crecimiento más o menos intenso”. Y advirtió que esto “no quiere decir que no vayan a aumentar porque es imposible prestar los servicios por debajo de los costos”.
“Está claro que la macroeconomía está cruzando totalmente a la actividad” dijo Roncoroni y alertó que “si no se logran controlar fundamentalmente las variables de la inflación y el crecimiento, si no vuelve a aparecer crecimiento, recuperación de salario y una macroeconomía en donde caigan los índices inflacionarios y baje la tasa de interés para que pueda haber más inversión, vamos a tener momentos muy complicados en la industria”. Subrayó, por este motivo, las acciones de unión que desarrolló el sector, por ejemplo, al crear la mesa de la industria TIC.
“En la medida que sigamos trabajando todos juntos podremos avizorar, como mínimo, el crecimiento moderado”, dijo en relación al punto de encuentro sectorial que se desarrolla desde hace unos pocos años en el país para aunar esfuerzos.
Al momento de pensar en las acciones para el sector, Roncoroni señaló al Fondo de Servicio Universal y consideró que “debe estar destinado a las áreas más desfavorables de la Argentina y con menos competencia, a donde no llega la Internet de las cosas, a quienes lo necesitan y, fundamentalmente, a quienes prestan servicio universal: las cooperativas y las pymes. Creo que deberían ser los primeros destinatarios, siempre y cuando que lo utilicen para llegar con servicios a los que más lo necesitan y que no tienen acceso”.
El sector de las telcos se circunscribe, en Argentina, a las Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es el escenario en ese sentido?
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) es la entidad que, con una alta valoración internacional por su desarrollo en Investigación y Desarrollo (I+D), está en el foco del conflicto por su desfinanciamiento y por el que, la comunidad científica global viene realizando misivas y reclamos tendientes a evitar su desmantelamiento.
En el país hay dos legislaciones vinculadas a la Ciencia y Tecnología: una es la de financiamiento, la N° 27.614, que en su primer artículo primero establece que su promoción es estratégica para el desarrollo nacional y lo establece como política de Estado, con un progresivo aumento del financiamiento. La otra es la ley que creó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, sancionada hace tan sólo siete meses para garantizar una estrategia y apuesta de largo plazo, que cumple con lo establecido por la normativa de 2021.
“La realidad es que el gobierno que ganó, tal como el presidente (del país, Javier Milei) lo ha dicho explícitamente cada vez que pudo ser enfático, descree que tenga que exigir el Estado, considera que no deberían existir los organismos de ciencia y técnica, y que a esas cosas las tienen que desarrollar los privados. Es como decir que Elon Musk hubiera salido de la nada de un repollo y que no hubiera tenido detrás suyo todo el financiamiento histórico y actual del gobierno de Estados Unidos”, precisó el cientifico Jorge Aliaga, docente universitario e investigador independiente del Conicet desde hace más de tres décadas.
En diálogo con TeleSemana.com, el investigador explicó que el Conicet tiene el mismo presupuesto prorrogado hace dos años, es decir, que no alcanza siguiera para completar el primer semestre. Esto se tradujo, por ejemplo, en que se concretara menos de la mitad de las becas de inicio de doctorado aprobadas a fines de 2023: de las 1.300 originales sólo 600 lo lograron. “Esto, de por sí, es muy grave” evaluó Aliaga quien agregó que tampoco hay garantía de que se aprueben las 800 becas post doctorales previstas porque se está revisando los perfiles que habían aplicado al ingreso en la carrera de investigador.
“Hay un panorama de completa incertidumbre, acompañado porque la Agencia de Promoción Científica Tecnológica tampoco está aportando fondos para que los investigadores trabajen, y el secretario de Ciencia y Técnica dice que el Estado no tendría que dar subsidios para la investigación porque corresponde a los privados”, precisó Aliaga y recordó, además, que el desarrollo científico tecnológico argentino es “enorme”.
Alertó, por ejemplo, que se acaba de frenar la construcción de la RA10, el rector multipropósito que iba a generar nuevos radioisótopos, y la construcción del reactor argentino CAREM, un hito del país por avanzar con el primer prototipo de un generador energético para abastecer zonas remotas.
“La situación, presupuestariamente, es mala y sin perspectivas. Porque así como la idea en materia de obra pública es que cada uno se construya su puente si lo necesita, lo mismo pasaría con la tecnología. En ese contexto, la Ley Bases delega un montón de atribuciones y facultades al presidente por un año. Por ejemplo, el artículo tres de la ley dice que puede modificar completamente la estructura de todos los organismos de la Administración pública nacional e, incluso, disolverlos”, resume Aliaga. Agrega que, además, podría dejar sin funcionamiento a los fondos fiduciarios como, por ejemplo, el que utiliza la Agencia de Promoción Científica Tecnológica desde 1990 para dar subsidios. Inclusive, alertó que de aprobarse la Ley Bases podrían desaparecer organismos con vasta trayectoria e importancia para el país, como el Servicio Meteorológico, el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional Antártico, entre otros, donde ya se concretaron despidos.
A este panorama, se suman las reiteradas filtraciones de ciberseguridad de variadas bases de datos públicas, que involucraron la aparición de los datos poblacionales locales en venta en el mercado negro de Internet.
Con esa perspectiva, bien vale preguntarse dónde irán a parar los beneficios que 5G venía a traer como catalizador del desarrollo industrial, de la economía digital y de la innovación, y las estrategias de achicamiento de brecha digital.
Complejo es poco.
