Para la industria es algo obvio desde hace años. Las tecnologías y las telecomunicaciones son transversales a cualquier actividad. Todo está cruzado por las redes. Lo interesante es que, ahora, organismos internacionales, reguladores, y actores del sector público lo entienden, a tal punto que, debido a la pandemia, los planteos que se realizan a nivel de política van más allá de lo estrictamente telco para definir que la digitalización impacta en el desarrollo de los países y, por ello, hay que comenzar a abordarla en relación con todos los sectores a los que cruza.
Fue uno de los temas abordados en el marco de las sesiones plenarias realizadas en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2021) que, en formato virtual, convocó a los organismos internacionales vinculados con las telecomunicaciones para conocer la experiencia en materia de digitalización.
Bajo el título “Digitalización extrarregional. Experiencia internacional en la promoción de la digitalización”, quedó claro no sólo que la digitalización se obtiene a partir de una mayor conectividad sino de que esta se logra, a su vez, con políticas públicas que fomenten la inversión y la competencia pero ya no sólo para dar servicios de conectividad sino para abrir el abanico hacia otras actividades. Y así lo planteó Esteban Campero, responsable de pymes y emprendimientos de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) a la hora de abrir la discusión sobre todo lo que hoy es alcanzado por el factor digital.
La mirada de largo plazo es lo que primero se advierte entre los organismos internacionales, tal como lo planteó Maarit Palovirta, directora de Asuntos Regulatorios de la European Telecommunications Network Operators (ETNO, por su sigla en inglés) quien tras afirmar que el enfoque del organismo se centra en fibra óptica y 5G, recordó la estrategia 2030, considerada la década digital, donde se propone un esquema “para adoptar la conectividad como fundamento pero también integrando a las partes del ecosistema, a las pymes y a los negocios, no sólo dar servicios de conectividad”.
Las metas planteadas en la Unión Europea (UE) son, por demás, ambiciosas, tales como que todos los europeos estén conectados en 2030 con 1 GB de velocidad. Si bien Palovirta admitió que aún está en discusión cómo alcanzar ese objetivo, subrayó que se trata de discusiones que se encuentran en los más altos niveles de los ámbitos de decisión.
“Las redes son complejas, requieren de incentivos mediante política pública. Se requiere una red de gobernanza desde los niveles más altos a los locales”, indicó para, luego, señalar que hay dos tipos de iniciativa de política pública en materia de conectividad: uno, orientado al uso de fondos públicos que, en el caso de la UE, implicó no sólo dinero para la recuperación de la pandemia sino también el giro de 20.000 millones de euros dedicados al desarrollo digital. El otro, tiene que ver más que nada con las políticas y regulaciones no sólo de lo estrictamente telco sino también de los sectores que son cruzados por la conectividad, tal como sucede con el área de la salud, entre otros. Consideró, en este escenario, que hay aspectos que no necesitan de la política pues los impulsa y los resuelve el mercado, y lo ejemplificó con las pruebas piloto que se vienen desarrollando en distintos ámbitos en relación a 5G.
Desde la Federal Communications Commission (FCC, por su sigla en inglés) el acento también estuvo puesto en las acciones orientadas no sólo a ampliar la conectividad entre quienes no lo están sino, fundamentalmente, en mejorar la calidad y la velocidad porque, según la subdirectora de la oficina internacional de ese organismo, Nese Guendelsberger, “la conectividad de alta velocidad es cada vez más prioritaria en términos de innovación, oportunidades y competitividad, además de remover barreras de infraestructura”. Una mirada que se sostiene desde la administración del ex presidente Barack Obama.
Se refirió a un modelo multidimensional e integrado a la hora de hablar de servicios de telecomunicaciones y, sobre 5G, dijo que se requiere espectro suficiente y políticas neutras en cuanto a tecnología, además de poner énfasis en la seguridad de las redes. Destacó que es objetivo del organismo fomentar la construcción de infraestructura y quitar impedimentos desde el punto de vista de las regulaciones cuando esto sucede, además de pronunciarse a favor de buscar mecanismos para financiar los despliegues en las zonas a las que el mercado no llega.
Recordó que en 2017 se otorgaron frecuencias en 600 MHz para servicios móviles, que hoy están siendo utilizadas para brindar 5G, además de haberse dispuesto para zonas rurales; y que las bandas en 28 GHz, 37 GHz, 39 GHz y 40 GHz, se han puesto a disposición para usos licenciados y satelital porque entienden que habrá alta demanda de espectro.
“La infraestructura para 5G no trata sólo de conectividad sino que sea robusta y eso tiene que incentivarse con fibra óptica y redes de respaldo para última generación. Porque 5G está involucrada en la economía, en los hogares, en la red eléctrica, en la manufactura, la seguridad y demás. Será cada vez más crítica e importante. Por esto estamos lanzando Open RAN”, enfatizó la funcionaria quien agregó que los proveedores ya tienen planes de negocios, razón por la que es necesario asegurar que las áreas sin servicio tengan cobertura.
Tras escuchar las posiciones de los organismos de países desarrollados fue el turno de la CAF, momento en el que Eduardo Chomalí, ejecutivo principal de TICs del organismo, subrayó la necesidad de involucrar a las industrias, especialmente en una región que tiene brechas sociales por resolver y donde las agroindustrias juegan un rol clave para las economías.
En una especie de rosario de necesidades, puntualizó una por una los abordajes a encarar teniendo en cuenta que la conectividad tiene que estar cada vez más alineada con procesos de producción, de recursos y con las cadenas de distribución. Esto exige, a su vez, enlazar a la conectividad con la energía y la infraestructura en general y, desde la política pública resolver las cuestiones relativas a la interoperabilidad, los estándares, la seguridad “para dar confianza al ecosistema y que la digitalización sea la herramienta de cambio”.
Planteó la necesidad de alcanzar a las pequeñas y medianas empresas con procesos de transformación digital, especialmente porque representan el 90 por ciento de la fuerza económica de la región, y que es necesario enfrentar otras problemáticas de cara al futuro como la gestión de los recursos, como el agua y la energía.
Esto fue cruzado, a su vez, por la necesidad de que la población en general incorpore habilidades digitales que están en un punto crítico y que, en su visión, deben incorporarse desde la escuela primaria. No se trata sólo de conectar a las escuelas sino de darles un sentido para transformar a la educación en su conjunto, destacó. En ese punto, recordó la baja participación de América latina en el registro de propiedad intelectual a nivel mundial y las bajas calificaciones obtenidas por los países en ránking de innovación que cada año publica el Organismo Mundial de Propiedad Intelecual (OMPI) como muestra del trabajo que se debe hacer.
El rosario de tareas pendientes culminó con el tema de financiamiento que siempre es insuficiente cuando se deben abordar frentes tan urgentes y necesarios en la región. “Es crítico el nivel de financiamiento para estos procesos. Contamos con 143.000 millones de euros comprometidos que no los tenemos, y necesitamos encontrar mecanismos de colaboración para financiar una agenda de transformación. 5G es crítico para los próximos años, y es necesario también avanzar en economía de datos como motor de empleo, y resolver muchos otros cuellos de botella a nivel de regulaciones y operaciones”, sentenció.
La cuestión del espectro fue, luego, retomada por Sergio Scarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, quien indicó que “hoy el espectro es el espacio en donde se debate la posibilidad de otorgar valor y las posibilidades de la digitalización para avanzar en lo nacional e internacional”.
Se refirió al apoyo que, desde ese organismo, se viene generando para alcanzar los objetivos de conectividad, además de impulsar la incorporación de más mujeres en el sector de la digitalización en igualdad de condiciones, al igual que con los más jóvenes que, al saber comprender mejor a las herramientas digitales, es necesario incluir en espacios de decisión para ampliar las miradas.
