El acuerdo de venta de Claro Panamá, que América Móvil alcanzó con Cable & Wireless, subsidiaria en un 49 por ciento de Liberty Latin America, por 200 millones de dólares acredita un mes. Sin embargo, por estas horas, Digicel Panamá presentó dos impugnaciones tendientes a impedir la concreción de la fusión: una denuncia ante el Tercer Tribunal Superior de Justicia de Panamá y un pedido de investigación e inhibición ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
La filial panameña de Digicel Group, fundado en Bermudas en 2001, cuya sede central está en Jamaica y que también enfrenta un proceso de adquisición, denunció que la operación reclamada produciría una “concentración económica ilegal”.
Jorge Molina, representante del apoderado legal de Digicel Panamá e integrante del bufette Fábrega Molina, explicó a la agencia de noticias EFE y replicado por diversos medios locales, que la concreción de dicha fusión llevará a Digicel Panamá a “salir del mercado” y argumentó que el crecimiento de la empresa adquirente, sería “inorgánico, artificial, porque es a través de la compra del tercer operador más grande del país”.
A su entender, la fusión de Claro con Cable & Wireless implicaría “pasar de tener un mercado de cuatro operadores a tener uno de dos operadores, que era lo que existía hace 20 años en Panamá”, afirmó Molina y recordó que la compañía que representa no supera un alcance de negocio del 10 por ciento del total del mercado local: “es tan pequeña que va a ser insignificante”, sentenció.
En la misma charla, el letrado ponderó que Cable & Wireless tendrá tal porte que “va a acabar con las posibilidades de una competencia sana”.
Sucede que, de aprobarse la fusión, la empresa resultante acapararía el 70 por ciento del mercado de telefonía móvil y que esto podría crear perjuicios para los consumidores y empresas del sector. Entre ellos, señala, por ejemplo, la fijación de precios sin considerar las acciones, decisiones y conductas de los demás operadores, tal como lo establece la normativa vigente, la Ley 45 de 2007.
Por ello, el operador pidió ante la Acodeco que investigue el caso e interponga las acciones judiciales destinadas a la impugnación de la concentración, por considerarla ilegal e irracional, tal como lo refleja el medio local La Estrella.
“Desde nuestra perspectiva, la concentración resulta ilegal, porque tiene como efecto crear un duopolio ya que permitirá al agente económico que resulte de aquella incumbente, impedir el crecimiento de nuestra mandante como prestadora del servicio público de telefonía móvil. Con ello, logrará su desplazamiento lo que permitirá fijar precios de sus servicios de forma abusiva, así como incurrir en prácticas colusorias”, sostuvo Digicel en la letra de su denuncia.
La operación entre América Móvil y Cable & Wireless Panamá, que selló la venta de Claro Panamá excluyó de esta transacción a las torres de telecomunicaciones y las marcas Claro. Hoy, esa operación, que está sujeta a las autorizaciones regulatorias y que las partes esperaban concretar en la primera mitad del 2022, enfrenta también dos denuncias.
