Después de un ir y venir de especulaciones, denuncias, análisis y zozobras, Oi Móvil consiguió la aprobación que la venta de su negocio móvil a los tres mayores operadores del país por 16.600 millones de reales (3.195 millones de dólares, convertidos al cambio de aquel momento) requería; luego que el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) emitiera este miércoles su voto definitorio. Se trata de una decisión que respalda a la ya emitida por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y que potenció la polémica.
Como si le faltaran condimentos a esta historia, la votación realizada en el Cade se repartió en tres positivos y tres negativos y fue Alexandre Cordeiro, presidente del organismo, quien ofreció el tercer voto favorable y responsable del desempate. “Nuestra misión es defender al consumidor, no a las empresas. Pero es un caso con repercusiones y más de 40 millones de usuarios de Oi Móvil también podrían verse afectados en caso de quiebra, y la no aprobación podría resultar en la conclusión de RJ con la quiebra”, dijo en ese marco, y expresó la base de su argumento.
Y la aprobación contó con un elemento extra, introducido por la consejera Lenisa Prado quien propuso que las medidas establecidas en el Acuerdo de Control de Concentraciones (ACC) sean implementadas en lo inmediato por los adquirentes y no al concluir la operación, tal como estaba pautado. “Se negociaron soluciones competitivas consistentes”, sostuvo Prado y se refirió a la imposición de una oferta pública para la venta de sus estaciones base, además de propiciar una oferta de roaming de voz, datos y mensajes para los operadores de telecomunicaciones más pequeños, entre otras medidas y cuyos precios fijará la Anatel.
Por su parte, el relator Luis Braido, y los concejales Paula Farani -quien culminó esa misma jornada su mandato- y Sérgio Ravagnani fueron los titulares de las voces disidentes, basados en un informe del Ministerio Público de la Federación (MPF) y “quienes rechazaron los argumentos de los operadores”, publicó Telesíntese.
La negativa estuvo basada en la convicción de que las medidas propuestas no están en sintonía con la normativa de competencia vigente en el país dado que, por ejemplo, el acuerdo no implica la venta de frecuencias o distribución de base de clientes con otros operadores. De esta manera, casi la totalidad del negocio móvil de Brasil continuaría concentrado entre estos tres grandes operadores.
“Desde mi punto de vista, los remedios adecuados serían la desinversión de infraestructura, clientes y, sobre todo, concesiones de espectro. Sería algo que permitiría la formación de un cuarto jugador”, dijo Braido y subrayó que “no es rol del CADE cuidar al acreedor, sino a la competencia y al consumidor”, en relación al razonamiento por el que se aprobó esta operación ante la posible quiebra de Oi.
“Las empresas no querían negociar medicamentos firmes. Los adquirentes apostaron a su poder de captura del Estado y estaban seguros de que eso saldría adelante”, dijo Brasido en la cobertura que ofreció Telesíntese, y agregó que “las negociaciones fueron tumultuosas, partieron de la buena técnica, llegaron a amenazas veladas”, y multiplicó la polémica al tiempo que sugirió que se investigara al Cade para saber si existió una acción coordinada de las empresas dado que se discutió una oferta que había sido debatida con antelación entre los operadores.
Lo cierto es que la mayor operadora de telefonía fija de Brasil está en concurso de acreedores desde 2016 y la venta de sus activos móviles se realizó en diciembre de 2020 a las subsidiarias brasileñas de Telefónica, de América Móvil (Claro) y Telecom Italia, aunque su concreción dependía de esta definición regulatoria.
Con todo, TIM, Vivo y Claro ya tienen el visto bueno para repartirse las porciones ya acordadas del negocio móvil de Oi Móvil y continuarán dando el servicio a la base de clientes que le correspondió a cada uno. Del total de la apuesta involucrada, a TIM le fue asignada el 44 por ciento de la empresa, a Vivo el 33 por ciento y a Claro el 22 por ciento y, con esas adiciones, el primero pasaría de tener el 20,6 por ciento del share a concentrar el 27,1 por ciento; el segundo del 32,96 por ciento al 37,8 por ciento y el tercero del 27,72 por ciento al 32,7 por ciento y, en suma, reunirían el 97,6 por ciento del negocio móvil brasilero.
