El costo del espectro radioeléctrico en México oscila entre el 22 y el 30 por ciento de los ingresos anuales de las operadoras móviles, contra un 6 por ciento que se paga en otros países del mundo por ese concepto. Eso significa que las tres principales operadoras móviles de este país desembolsan cada año casi 90 millones de dólares (más de 17.000 millones de pesos mexicanos) solo en concepto de tenencia espectral y el pago de cuotas anuales vinculadas con su uso.
Esta situación, que surge de la Ley Federal de Derechos de 2021, sigue siendo la principal barrera para un mejor desarrollo de las telecomunicaciones en este país que viene fracasando sucesivamente en los últimos procesos de licitación de espectro puesto que su costo desalienta cualquier interés de parte de las operadoras de telecomunicaciones para adquirirlo. Y si el sector privado no invierte el resultado se traduce en servicios deficientes para la población.
Es una de las conclusiones de un estudio de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) que sostuvo que esta situación constituye “una barrera al desarrollo de nuevas redes” además de un obstáculo para promover un escenario de competencia efectiva que, de acuerdo a su criterio, sigue siendo el factor que genera mejoras en los servicios a los usuarios.
Si bien lo que muestra The CIU no es nuevo, bien vale recordarlo porque el desarrollo de nueva infraestructura de telecomunicaciones a partir de la disponibilidad de espectro se erige como un factor clave a la hora de pensar en el desarrollo, en políticas orientadas a reducir brechas digitales, en mejorar los servicios a las ciudadanías y la competitividad de las economías de la región, duramente castigadas por la pandemia.
“En nuestro país se establecen cuotas fijas anuales que representan una razón de 89 por ciento del costo total por el uso del espectro. Por su parte, en países desarrollados, el monto inicial que los operadores asignan al momento de concursar por frecuencias, conocido como “guante”, representa el pago total que realizan para hacerse de los derechos para su aprovechamiento, es decir, no incurren pagos año con año”, expresó el informe de The CIU. Indicó que en países como Alemania, Italia y Grecia, entre otros, esos conceptos se ubican por debajo del 5 por ciento de los cosos totales, es decir, “guante” más pagos anuales.
Esto explica por qué México no solo no avanzó hasta ahora con la licitación de 5G -más allá de las decisiones tomadas por las empresas para iniciar despliegues, como el caso de AT&T, o comenzar a brindar los primeros servicios NSA como sucede con Telcel – sino que, además, es de los pocos países en el mundo donde las compañías del sector devuelvan las frecuencias que están en su poder porque no pueden hacer frente a los costos, o porque les resulta sumamente inconvenientes, tal como sucedió con Telefónica. En el informe se destaca que la decisión de Movistar, que ahora adquiere capacidades de otras operadoras para brindar sus servicios, actúa también como freno frente a la participación de otras compañías en procesos de licitación además de que el fisco recibe menos ingresos en concepto de derechos de uso del espectro.
El costo del espectro en México es un problema por donde se lo mire.
Al analizar el caso de Movistar, The CIU recordó que la devolución de frecuencias efectuada en 2020 supuso que el Estado mexicano dejara de percibir ingresos de manera constante: de 167 millones de dólares (3.300 millones de pesos mexicanos) que abonaba en 2020 pasó a pagar algo más de 120 millones en 2020 (2.500 millones de pesos mexicanos) y poco más de 111 millones en 2021. Y agregó que “la recuperación completa de licencias por parte del Estado durante 2022 resultará en un acumulado de mermas para la autoridad fiscal como consecuencia del régimen oneroso por el uso del espectro”.
Esta “política de espectro depredadora”, tal la calificación dada en el informe al conjunto de normas que afectan los derechos de asignación y uso del espectro en México es uno de los principales obstáculos que ostenta hoy la industria. Razón por la que The CIU propone que se abra una discusión tendiente a superar esta situación en virtud de que en el horizonte asoma la licitación 5G, tal como lo ha hecho saber el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que prevé encarar este proceso este año.
El reporte advierte sobre la falta de incentivos que existen en la industria para que se dinamicen las inversiones y se mejoren las perspectivas del sector, por lo que también propone que es necesario satisfacer el principio de costo-eficiencia y generar una política fiscal para el desarrollo de 5G que impulsen inversiones en infraestructura que, al final del camino, se traduzcan en mejores ingresos al fisco por la posibilidad de brindar servicios. Y agregó, asimismo, la necesidad de adjudicar frecuencias en las bandas altas, medias y bajas “para alcanzar una cobertura plena de los servicios de nueva generación”.
