El gobierno argentino busca la salida del decreto 690, el que estableció a las telecomunicaciones como servicio público y determinó la intervención del Estado en la fijación de los precios. Hubo una declaración de caminar en esa dirección a principios de año; hubo una segunda declaración para el día de Internet; ahora no hay declaración pero sí se trabaja con ese objetivo en mente. Pero la cosa no está nada fácil.
Aunque la coincidencia general entre los distintos organismos encargados de las telecomunicaciones, como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Subsecretaría de Conectividad y Telecomunicaciones, y la misma vicejefatura de Gabinete, la variedad de propuestas que circulan para lograr el objetivo todavía no confluyen en un punto en común.
Del lado de las operadoras de telecomunicaciones, en cambio, sí parece haber un abroquelamiento generalizado que demanda la marcha atrás del decreto 690, que en agosto pasado cumplió dos años de existencia.
¿Qué alternativas se barajan?
Por un lado, se trabaja sobre el concepto de servicio público, el aspecto que más molesta a la industria en su conjunto porque bajo esa definición, donde se incluye también el concepto de “esencial y en competencia”, quedan englobadas la telefonía móvil y la televisión paga.
En este primer escenario, una idea es sacar, justamente, a estos dos servicios -la telefonía móvil y la TV paga- del servicio público, y dejar el concepto para la telefonía fija y la banda ancha. Se buscaría, en simultáneo, promover un paquete mínimo social, similar a la Prestación Básica Universal (PBU) creada en medio de la pandemia y que fue un fracaso total: fueron muy pocos los usuarios que la solicitaron y había operadoras que ofrecían paquetes más baratos que el surgido en el marco de las ideas oficiales para estar conectados en este período.
La otra dificultad que se presentaría, en este marco, tiene que ver con los precios: las compañías seguirían obligadas a tener que pedir autorización al Enacom para realizar aumentos. Y si hay algo que no quieren las operadoras de la Argentina es que el Estado siga interviniendo en ese tema. Este es uno de los puntos de difícil resolución.
Otra idea que se baraja es volver a algunas definiciones establecidas en la ley 27.708 Argentina Digital, como aquellos que señalan el interés público de los servicios de telecomunicaciones, y la fijación de precios pero solo a nivel mayorista. Aquí también se contempla la chance de buscar una oferta móvil accesible, de 2 o 3 gigas, para la telefonía móvil puesto que el 90 por ciento de la población argentina se conecta a través del móvil, razón por la que se impone la idea de buscar facilidades para esta parte de los servicios.
Una tercera idea que circula en relación, justamente, al tema de los precios es el vinculado con aplicar subsidios a la demanda, una propuesta que siempre fue puesta sobre la mesa por parte de las pequeñas prestadoras de telecomunicaciones, es decir, pymes y cooperativas que han sido, sin dudas, las más perjudicadas por la puesta en marcha de este decreto.
Otras alternativas que rondan en las conversaciones entre los distintos actores tienen que ver con darle zero rating al acceso a los sitios gob.ar para que, cuando la ciudadanía deba conectarse a las webs oficiales para realizar trámites o por cuestiones educativas, no consuman datos de sus planes móviles, por caso.
El punto más difícil, tal como se expresó más arriba, se cierne en torno a la TV paga. Quienes están interesados en buscar una salida no han logrado encontrarle la vuelta. Al ser un servicio de telecomunicaciones al mismo nivel que la banda ancha, y la telefonía fija y móvil, aún cuando no se trata de una prestación esencial, necesaria para acceder a servicios básicos, su status solo lleva a un callejón al que todavía no lograron construirle una salida.
En síntesis, hay voluntad política para salir del 690 pero está difícil. A la cuestión de la intevención de precios se suma la condición de servicio público, el único punto en que están de acuerdo el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, y que resulta dañino ya no solo para la industria sino para la ciudadanía argentina consumidora de servicios de telecomunicaciones. La falta de inversiones afectará, con el tiempo, la calidad de las prestaciones.
Las operadoras de telecomunicaciones parecen estar rechazando cada una de estas ideas. Buscan que se vuelva al estado anterior al decreto 690, momento en que no existía la categorización de servicio público y, mucho menos, la intervención de precios.
Salir del DNU 690 resulta prioritario. Hoy no tiene ninguna función en la práctica: las cautelares lo tienen neutralizado pero su existencia vulnera la siempre demandada seguridad jurídica por parte de las empresas para garantizar inversiones. Es lo que necesita la Argentina para mejorar la calidad de sus servicios. Que ostente un 73 por ciento de penetración de Internet es un promedio que no refleja las enormes disparidades que existen en el territorio. Y es eso lo que deben mirar las autoridades para crear las condiciones que generen esos desembolsos. Y controlar, por supuesto, cuando no se cumple con las exigencias que surgen de los contratos.
Este es otro punto no menor. El Enacom parece estar pensando seriamente en una licitación 5G, además de poner a disposición de las operadoras los remanentes de 4G en poder del Estado. Pero está más que claro que, frente a una convocatoria en este contexto de existencia de DNU 690, las operadoras no se mostrarán interesadas en el proceso, especialmente, Telecom y Telefónica. Claro suele actuar en conjunto pero, a veces, se corta sola pues su posicionamiento frente a los consumidores es distinto frente al que ostentan sus dos rivales. En este contexto, imaginar que esa licitación permitiría recaudar 1.800 millones de dólares se presenta como una idea absolutamente descabellada. Solo hay que mirar cómo han encarado los procesos Chile y Brasil para advertir esa imposibilidad.
Si 5G presenta aún dificultades para justificar inversiones, ¿qué operadora podría pensar en acceder a espectro de esta tecnología cuando una intervención de precios le impediría realizar una ecuación monetaria que garantice un retorno de inversión en el mediano o largo plazo, más cuando 5G implicará inversiones en infraestructura mucho más grandes que en las generaciones anteriores? Creer que 5G puede ser una licitación recaudatoria es un error.
El tema es prioritario, está en agenda. Es así. Hay organismos más comprometidos que otros pero, en general, la gestión de las telecomunicaciones de este gobierno es de las más pobres que se ha visto en los últimos años. Hay organismos que tienen ideas pero no se conocen. Otros que, directamente, no han hecho nada, distribuir tablets no es suficiente. Salir del decreto 690 urge. Hacerlo del modo más conveniente para atraer inversión, también.
