La inversión en infraestructura de telecomunicaciones está dando lugar a nuevos fenómenos en la industria: la necesidad de consolidar recursos por un lado dadas las inversiones continuas a las que están obligados los actores para responder a las demandas de sus clientes para que, así, haya más agilidad a la hora de prestar servicios. Esto explica que algunas operadoras se estén desprendiendo de activos como fibra óptica o data centers, tal como lo estamos viendo en América latina. Pero en otros países comienza a erigirse prácticamente un solo proveedor de infraestructura mayorista, generalmente estatal, y pareciera estar gestándose un nuevo fenómeno de concentración donde se limita la competencia. Esto, por supuesto, está llamando la atención de los reguladores y de la misma industria.
Las noticias de los últimos días sobre lo que encara Telecom Italia con Open Fiber —tema que se ha venido desarrollando en el último año desde que KKR presentó una oferta hostil sobre la operadora italiana— , y sobre lo que está sucediendo en Malasia con la red 5G muestran movimientos en este sentido: consolidación y compartición de infraestructura y recursos, con el riesgo de afectar un principio básico del sector: la competencia. Veamos lo que está sucediendo en Europa y en Asia.
Telecom Italia le otorgó a Cassa Depositti e Prestiti Spa (CDP), controladora del 60 por ciento de Open Fiber y del 10 por ciento de la mayor operadora italiana, una prórroga para que realice su oferta final el próximo 30 de noviembre. CDP, cuyo dueño es el gobierno italiano, ya no tiene la exclusividad de negociación que ostentaba hasta ahora, según trascendió el sábado pasado. Esto habilitaría eventuales nuevas instancias de negociación para encontrar a un socio que permita hacer frente a una situación financiera compleja y ganar, al mismo tiempo, músculo para mantenerse competitivo en el mercado.
Cuando esto aún no termina de cerrarse, las alarmas de los reguladores ya comenzaron a sonar puesto que, en caso de que esta operación finalice con la integración de ambas redes, surgiría un gigante nacional de infraestructura de corte estatal. Y la Unión Europea (UE) ya advirtió que, para aprobar semejante transacción y hacer cumplir la ley antimonopolio, seguramente tendrá que exigir la venta de algunos activos.
Así se lo hicieron saber las autoridades de la UE al organismo antimonopolio de Italia aún cuando, según cita la agencia Reuters, la demanda de conectividad es alta, y una operación de semejante magnitud tendría suficiente fundamento.
El objetivo de CDP es conformar un proveedor de banda ancha exclusivamente mayorista que combine los activos de red fija de TIM con los de Open Fiber. Esto implicaría que los prestadores de servicios que quieran brindar conectividad en zonas donde no haya otra alternativa lo hagan sobre esta infraestructura. Pero esta posibilidad, que hasta ahora se ve con buenos ojos, especialmente cuando se trata de alcanzar zonas poco rentables, podría dar lugar a una menor competencia en otras donde esta chance sea posible. Y si hay menor competencia, el que pierde es el usuario puesto que los precios de los servicios no se reducen ni su calidad mejora. Es lo que parece estar viendo la UE en relación al futuro que podría abrirse en Italia a partir de la conformación de esta futura red estatal mayorista. Ya expresó que quiere que se mantengan los actuales niveles de competencia en infraestructura en unas 10 a 20 ciudades grandes y medianas.
Por eso será clave ver lo que suceda durante este mes. Para el CEO de TIM, Pietro Labriola, alcanzar un acuerdo de este tipo le permitirá a TIM reducir deuda. Pero los accionistas de la operadora no se ponen de acuerdo con el candidato CDP sobre el valor que tiene la compañía. Los separan unos 10.000 millones de euros de diferencia, aunque en este tire y afloje no se contemplan los recursos que podrían obtenerse en caso de que la futura compañía tenga que desprenderse de ciertos activos para que la transacción sea avalada por las autoridades regulatorias. Detalles financieros que, sin dudas, estarán en la mesa final de negociación, más allá del resultado que se obtenga.
Un caso similar de concentración de infraestructura acaba de concretarse en Malasia, pero con la red móvil para 5G.
En el país asiático, cinco de las seis operadoras de telecomunicaciones que actúan allí acordaron utilizar la red estatal para brindar sus servicios de quinta generación. Se trata de un nuevo estilo de gestión que, tras largos meses de negociaciones, se vería operativo en breve.
Las compañías Celcom Axiata, Digi Malaysia, Telekom Malaysia, YTL Communications (Yes 5G) y U Mobile firmaron un acuerdo con la Digital Nasional Berhard (DNB), por 10 años para ofrecer servicios 5G. DNB es la empresa estatal de telecomunicaciones de ese país, creada en marzo de 2021 para impulsar el desarrollo de 5G.
La expectativa es que, a partir de ahora, las operadoras comiencen a comercializar sus servicios 5G, aunque YTL Communications fue la que picó en punto e inició este proceso a principios de este año de la mano de DNB. Por el contrario, la única prestadora que no firmó acuerdo con la estatal fue Maxis.
Este caso presenta otras aristas interesantes. El acuerdo firmado hace unos días entre la operadora estatal y las privadas —que se extenderá por un lapso de 10 años y que comenzó el pasado 7 de octubre— implicó la posibilidad de acceder a una participación en la empresa estatal, hecho que concretaron las cuatro primeras, con excepción de U Mobile. Se trata de una movida considerada en la misma gestación de DNB como red mayorista para 5G pues si bien el Estado asumió la inversión para construirla, luego serán las compañías las dueñas de esa infraestructura.
En este caso, el gobierno malayo se erige como el facilitador de la red 5G para que, rápidamente, la nueva generación móvil alcance a la ciudadanía. De hecho, hace apenas unas horas el ministro de Comunicaciones y Multimedia de ese país, Annuar Musa, dijo que gracias a este acuerdo unos 12 millones de usuarios de smartphones podrán acceder a servicios 5G a finales de 2022.
Pero esa inversión, o parte de ella, se recuperará a partir de los acuerdos sellados con el sector privado que se quedará con el 65 por ciento de esa infraestructura, mientras el Estado malayo mantendrá el 35 por ciento restante además de una acción de oro. Las operadoras, en tanto, ya cuentan con la red montada para embarcarse en la nueva ola móvil pero ¿cómo será esa competencia si todas van por la misma red? Porque, aunque Maxis hasta ahora no cerró su acuerdo, informó que “se compromete a desempeñar un papel activo para llevar 5G a la nación, en línea con las ambiciones digitales del gobierno, y a utilizar la red de Digital Nasional Bhd (DNB) para servicios 5G”, tal como lo expresó a través de un comunicado.
Este modelo de red mayorista única para 5G comenzó a discutirse por primera vez en marzo de 2021 en Malasia , cuando se tomó la determinación de avanzar con DNB. Como suele suceder en estos casos – y el de la Red Compartida en México es un buen ejemplo de ello— la propuesta sumó más rechazos que adhesiones aunque, en paralelo, se impulsaron negociaciones con las operadoras que terminaron en la adquisición conjunta del 65 por ciento de la infraestructura: Celcom Axiata y Digi Telecommunications tendrán el 12,5 por ciento cada una, mientras que YTL Communications y TM, que fueron los primeros que aceptaron la propuesta gubernamental, accederán al 20 por ciento de participación cada uno, según precisó The Edge,
La expectativa por la puesta en marcha de este modelo de construcción y operación de red 5G mayorista es muy alta en este país. Los distintos actores se muestran entusiasmados por el modelo porque dejan ver que les permitirá concentrarse en la provisión de servicios y en la búsqueda de casos de negocios puesto que la infraestructura ya está lista.
Lo que queda claro entre el caso italiano y el malayo es que se buscan nuevas soluciones para los despliegues de infraestructura de red, tanto fija como móvil, porque los números de la industria no son los mismos de antaño y se requieren ideas diferentes. El punto, por lo que dejan traslucir las autoridades europeas, es cómo garantizar la competencia y la calidad de servicios en este proceso de búsqueda de modelos de negocios más a tono con la época. Lo mismo podría decirse de Malasia.
Hoy por hoy hay más preguntas que certezas. Habrá que seguir los casos con atención para saber si son recetas genéricas que pueden exportarse a otros mercados o sólo evidencias anecdóticas.
