A una semana de que Telecom obtuviera una nueva cautelar para suspender los efectos surgidos del decreto 690/2020 que cambió el status del mercado de las telecomunicaciones y habilitó la intervención de precios por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Cámara Argentina de Internet (CABASE), también logró una medida idéntica de parte del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 en el mismo sentido y por un período de seis meses..
La medida solicitada por CABASE, que nuclea a más de 1.000 proveedoras de servicios de internet de todo el país, entre ellas cooperativas y pymes de telecomunicaciones, hizo lugar también a la suspensión de todas las resoluciones anexas al controvertido decreto 690, a saber: 1466/2020, 1467/2020, 27/2021, 28/2021, 204/2021, 862/2021, 2187/21 y 725/22. En todas ellas se establecen medidas que limitan el accionar de estas compañías que brindan servicios a distinas zonas y áreas geográficas de la Argentina, desde las áreas más densamente pobladas, como las remotas.
La medida se conoció este jueves y, de acuerdo a lo que se detalla en el expediente N° 14.230/2021, “la medida considera el carácter colectivo de representación de la demanda presentada por Cabase, y dictamina que podrá ser aplicada por todas las entidades que la conforman”, indicó la entidad a través de un comunicado.
Este alcance no es menor. Si la medida cautelar de la semana pasada le dio la luz verde para fijar sus precios con libertad a la mayor operadora de telecomunicaciones del país, esta medida habilita al grueso de la industria nucleada en esta cámara. Tras la cautelar que favoreció hace unos días a Telecom, desde el Enacom se pronunciaron en contra de la medida de la Justicia, a la que acusaron de tomar una decisión política por sobre los intereses de la ciudadanía.
La situación entre el gobierno nacional y el sector de las telecomunicaciones muestra dos caras: por un lado, se advierten canales de diálogo abiertos en los que es posible expresar las preocupaciones, necesidades y hasta reproches en relación a las regulaciones que se han tomado desde la pandemia en adelante, pero por el otro, este diálogo es inconducente pues no se logra ningún tipo de cambio.
De hecho, para esta fecha ya se preveía que el gobierno hubiera convocado a la licitación de 5G, proceso sobre el que se sabe que se pondrán a disposición del mercado 300 Mhz en la banda de 3.5 GHz, pero que ya no tiene fecha concreta. Sobre esa convocatoria pesa, por sobre todas las cosas, el DNU 690 y cada vez más las dificultades del sector para importar equipamiento de telecomunicaciones que permitan mantener y ampliar las redes actuales, situación que llevó a la Mesa de la Industria TIC a desde finales del año pasado a manifestarse de manera conjunta sobre la necesidad de resolver de manera urgente esta situación.
Si no es posible obtener la autorización oficial para obtener los dólares necesarios para importar y desplegar redes actuales, difícilmente se los pueda conseguir también para las grandes demandas de inversión que exigirá la 5G, aún cuando se trate de un proceso paulatino.
Estos factores no dejan de lado, además, las dificultades que atraviesa la Argentina que, esta semana, recibió la mala noticia de una inflación acumulada por encima del 102 por ciento en los últimos 12 meses, con el consiguiente impacto que eso representa para el bolsillo de la ciudadanía en general.
Ante la cautelar que, en esta oportunidad, benefició a CABASE, una de las agrupaciones cooperativas que forma parte de esta entidad, COLSECOR, se señaló que “la sanción del DNU 690 fue una medida necesaria en el contexto social y económico que causó la pandemia en nuestro país, pero la prolongada vigencia del mismo hasta la fecha ha traído graves consecuencias para los operadores TIC, en especial a los que operan en comunidades de menos de 100 mil habitantes, que no pueden hoy sostener sus inversiones y los costos operativos con las tarifas actuales”.
Y agregó que “se ha buscado el diálogo permanente” ante una situación que resulta insostenible, pero no ha habido respuesta a estas demandas de parte de las autoridades”.
El mercado de las telecomunicaciones en la Argentina está empantanado. A menos que se tomen decisiones diferentes para obtener resultados distintos, la situación cambiará. Tal como están hasta el momento del cierre de este artículo, las perspectivas son poco optimistas.
