En Colombia, las acusaciones cruzadas por la portabilidad escriben una telenovela que exige la acción de los organismos de control

La portabilidad numérica en Colombia tuvo en 2022 su pico de traspasos desde que el sistema se puso en marcha, allá por 2011. Comportamiento que tuvo su antesala en 2021 cuando los pedidos de traspasos fue, al menos, 50 por ciento superior a lo que venía sucediendo en los años anteriores. Aunque parte de esta situación puede explicarse por cambios en la regulación y por el ingreso de Wom al mercado, lo cierto es que los actores del sector de las telecomunicaciones vienen protagonizando una batalla judicial, digna de las mejores telenovelas que se producen en este país.

Entre 2015 y 2020 la portabilidad numérica registró entre 3,23 y 4,68 millones de traspasos por año, pico este último registrado en el año 2018, nivel que luego volvió a caer hasta los 3,97 millones de pedidos de cambio de operadora en 2020.  Y en 2021 se produjo la primera explosión: 6,92 millones de solicitudes de portabilidad numérica móvil, cantidad que tocó su récord en 2022 con 7,96 millones de pedidos de traspaso, de acuerdo a los datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que pueden verse aquí.

Tal como lo analizó TeleSemana.com hace casi un año, este comportamiento se explica, por un lado, porque desde 2020 la portabilidad ya se puede concretar en un día; por el otro, por el ingreso de Wom, en 2021. Lo que los números no muestran es el mar de fondo que hay debajo de este escenario: una guerra cruzada de acusaciones entre los distintos actores del mercado, iniciada en 2022 y que, por lo que se advierte, podría tener nuevos capítulos en 2023.

La portabilidad numérica está registrando episodios cruentos en distintos países. Se advierten estrategias comerciales tremendamente agresivas. El mercado está maduro en casi toda la región, por lo que al esfuerzo por mantener la base de clientes se suma el de tratar de ganar los de la competencia. Colombia ofrece una de las mejores fotos de esta situación.

Pese a que el año pasado se solicitaron casi ocho millones de traspasos, sólo la mitad de esos pedidos fue satisfecha. ¿Qué está pasando? Las operadoras están resistiendo con diversas maniobras ese derecho que tienen los usuarios de cambiarse de compañía sin perder su línea cuando así lo consideren, de acuerdo a lo manifestado por la industria. ¿Cómo lo hacen? A través de distintas acciones, que van desde pequeñas trampas, como escribir mal el nombre de quien solicita la portabilidad para que, luego, la misma no le sea otorgada, como también bonos de fidelización u acciones similares que llevan a los usuarios a desistir del pedido.

En 2022, la Superintendencia de Industria de Colombia, sancionó a Movistar con una multa de unos 400.000 dólares (2.076.000.000 millones de pesos colombianos) por violar el derecho a la portabilidad y las normas de protección de los usuarios. Pero, luego, en junio de 2022, ese tipo de sanciones se hizo extensivo a las cuatro compañías móviles, es decir, Claro, Tigo, Wom y Movistar por multas que, en conjunto, superaron el millón de dólares (6.495.000.000 de pesos colombianos).

No obstante, en octubre de 2022, la SIC volvió a llamarle la atención a Movistar por rechazar los pedidos de portabilidad, mientras un manto de sospecha similar se extendió sobre Claro –que en la Argentina, por caso, batalló contra Movistar por esta razón en 2022– aunque todavía no se le han aplicado ningún tipo sanciones.

Marcelo Cataldo, CEO de Tigo Colombia, dijo a El Tiempo, que su competencia estaba incurriendo en comportamientos irregulares para no completar las transacciones. “Estas prácticas son castigadas por la SIC; sin embargo, son cada vez más frecuentes en esta industria. Uno esperaría que los competidores fueran éticos y se comporten bien, pero no lo son”, aseguró el ejecutivo.

Pero las denuncias cruzadas alcanzan a todos los protagonistas de esta telenovela de portabilidad. Claro Colombia, líder del mercado, ha denunciado tanto a Tigo, como a Movistar, a Wom y a Flash Mobile en distintos organismos de control porque, en su consideración, también se han incumplido las normas de portabilidad, entre ellas, traspasar a clientes a otras compañías que no han solicitado tal cambio.

“Esto ha repercutido en que sólo en 2022, un poco más de un millón de colombianos no se hayan podido portar a Claro. Para Claro Colombia el cliente y el cumplimiento de la ley son la prioridad, por eso, actúa con transparencia y cumple con lo dispuesto en el Régimen de Portabilidad Numérica”, señalaron fuentes de la empresa a TeleSemana.com.

La telenovela de la portabilidad es una maraña de dardos y presentaciones judiciales cruzadas, con multas que, según algunas voces, de tan exiguas conviene pagarlas antes que someterse a los principios de la Ley -situación que también es equiparable a lo que sucede en otros países de la región-.

Sólo los organismos de control pueden poner orden para que la portabilidad favorezca a los usuarios quienes, más allá de las peleas entre las operadoras y de los artilugios a los que acuden para evitar las fugas, son quienes deben estar en el centro de las prioridades de las entidades pertinentes. Especialmente en tiempos de crisis donde las artimañas mandan.

Andrea Catalano es la Editora en Jefe de TeleSemana.com. Andrea es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Cuyo. Desde hace más de 20 años sigue al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su impacto en la economía y la sociedad. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en prensa escrita, on line, radio y televisión.

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